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Ricardo Villaveces P.
columnista 

Avianca

Los cientos de miles de afectados seguirán perjudicados, y cualquier inversionista mirará con otros ojos la posibilidad de inversión cuando la seguridad jurídica es tan endeble.

Ricardo Villaveces P.
POR:
Ricardo Villaveces P.
octubre 29 de 2017
2017-10-29 02:44 p.m.
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Un alto funcionario del Banco Mundial planteaba en estos días la necesidad de elevar, de manera sustancial, el ritmo de crecimiento, y, sin duda, es uno de los grandes retos nacionales. Lo que se espera para el próximo futuro son tasas mediocres, y si no hay crecimiento bien sabemos que los problemas se extenderán por doquier. No tenemos por delante ningún sector que vaya a impulsar la economía y, entretanto, las necesidades de recursos fiscales son monumentales. Se debería hacer todo lo posible por atraer la inversión o, por lo menos, no desestimularla.

Desafortunadamente, no parece que nos movamos en esa dirección y mucho de esto tiene que ver con la situación de la justicia. No me refiero a los temas de corrupción –que son algo desastroso para un país que quiere crecer–, sino a un problema de carácter más estructural, de una parte, pero también de un sentido cortaplacista y no tener en cuenta las consecuencias de más largo plazo que supone la dimensión política en temas jurídicos.

Me refiero, por un lado, al carácter marcadamente garantista de nuestra Constitución, que por privilegiar este enfoque lleva a las cortes a adoptar decisiones con graves consecuencias económicas que agravan el problema fiscal y contribuyen a ahuyentar la inversión. Es el caso de muchas decisiones en el campo de la salud, o las que respaldan la forma en que realizan las consultas populares que, manejadas irresponsablemente, pueden llevar al fracaso importantes proyectos de infraestructura o de producción.

En lo inmediato, estamos viviendo algo impensable en otras latitudes, y es que un servicio público esencial como el transporte aéreo, en un país que no cuenta con alternativas y con el peso que tiene Avianca en la oferta de sillas, cumpla más de un mes con cese de actividades, generando infinidad de trastornos a miles y miles de ciudadanos. Sin entrar a opinar sobre quién tiene la razón, lo cierto es que la empresa acudió a lo que, en últimas, debería ser el fundamento para un inversionista, y es contar con que las reglas de juego se respetan y esto quiere decir con que la ley se cumpla.

Pues bien, al dejar la empresa el caso en manos de la ley y las autoridades judiciales, el asunto debería haberse resuelto hace varios días y los colombianos deberíamos tener ya con un transporte aéreo normalizado. Lo que estamos viendo, sin embargo, es que a punta de tutelas (las enseñanzas de Petro) las decisiones se dilatan y se termina debilitando la posibilidad de que se restablezca el servicio, como ocurrió con el tema de la contratación de pilotos extranjeros.

Y lo que es más preocupante, ver la actitud vacilante de la Ministra que, en lugar de apoyar firmemente la opción legal del tribunal de arbitramento, cede a las presiones de los políticos y vuelve a enredar las cosas promoviendo reuniones extemporáneas. Mientras tanto, los cientos de miles de afectados seguirán perjudicados, y cualquier inversionista mirará con otros ojos la posibilidad de inversión cuando la seguridad jurídica es tan endeble.

Ricardo Villaveces P.
Consultor privado
rvillavecesp@gmail.com

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