Con esta, van 20 columnas en las que trato de ejemplificar por qué el agro y la ruralidad colombiana necesitan un énfasis en productividad. He mostrado las brechas que vulneran nuestro agro y lo ponen en desventaja para alimentar a la población colombiana y aprovechar las oportunidades frente a mercados internacionales y he dado ejemplos de cadenas de valor que tienen el potencial para generar prosperidad económica y social en el campo.
He planteado que los cambios en productividad requieren cambios en políticas y programas que promuevan su desarrollo y que la ciencia, tecnología e innovación son condiciones necesarias dadas las particularidades agropecuarias en el territorio.
En 1993 se decidió crear a Corpoica escindiendo el brazo investigador del ICA y dejando a este instituto con funciones exclusivas de autoridad sanitaria y fitosanitaria. Una Corpoica con un mandato de proveer bienes y servicios públicos, donde el sector productivo y académico participara en su orientación y que pudiese operar en el derecho privado.
Pero como pasa con frecuencia, la idea fue buena y su desarrollo desastroso. Corpoica se encontró con dos problemas: que la investigación en el agro se relegó al último renglón en importancia en las políticas y asignaciones presupuestales; Minagricultura y los gremios (exceptuando caña y palma) privilegiaron los subsidios a los bienes públicos y llevaron a Colombia a ser un colero en inversión en CyT frente casi todos los países en desarrollo; una de las razones de nuestra baja productividad hoy es el resultado de esos ‘arreglos’ institucionales que, por fortuna, se van superando.
El segundo problema fue que la creación de Corpoica quedó a medias y sucesivas interpretaciones jurídicas llevaron a que, a pesar de ser una entidad del Estado, la Corporación tuviera que vivir de contratos inciertos y costos de transacción altísimos que no se compadecían con su mandato. El resultado: pérdida de investigadores y competitividad, incertidumbre permanente y un rendimiento muy por debajo de lo que Colombia requiere.
A partir del 2011, las cosas comenzaron a mejorar en términos financieros y se empezó a buscar darle claridad legal a Corpoica y resolver su financiación. En octubre del 2013 se presentó un proyecto de ley de reactivación del sector agropecuario y fortalecimiento de Corpoica, que se aprobó en plenarias en junio y el presidente Santos sancionó el 31 de agosto como la Ley 1731 del 2014.
La ‘Ley Corpoica’, como se le conoce, dados los largos debates que suscitó, reconoce su naturaleza como entidad del Estado y ordena al Congreso la asignación anual de recursos del Presupuesto General para cumplir su misión en función de metas y resultados que se irán concertando con Minagricultura.
En el 2015, Colombia estrena una Corpoica Versión 2.0. Una institución con un mandato de ciencia y tecnología en función del cambio técnico en el agro, que prioriza la atención de los problemas de los pequeños productores, que reconoce las capacidades de otros actores nacionales e internacionales y se apoya en ellas. Una institución en la cual confiar y a la cual estar exigiéndole y protegiéndola. Como lo dijo el presidente Santos la semana pasada en la presentación de la Ley: “Sin Corpoica no podremos convertir el campo en una locomotora”. Lo que sigue ahora es fortalecerse y estar a la altura del nuevo reto.
Juan Lucas Restrepo
Director de Corpoica
@jlucasrestrepo