Economía

‘Lobby’ y ‘puerta giratoria’, los puntos más débiles para la transparencia de megafirmas

Otro aspecto en el que se raja el 27% de las evaluadas, según el ‘zar anticorrupción’, es en no tener lineamientos claros sobre contribución a campañas políticas, lo cual es un tema muy sensible en el actual momento preelectoral para Congreso y Presidencia.

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Economía Por: Redacción Portafolio

El 80,8% de las grandes firmas del país que fueron evaluadas en el último año por el programa Empresas Activas Anticorrupción (EAA) no cuentan con una política que regule la llamada ‘puerta giratoria’, práctica que consiste en la contratación de personas que han fungido como funcionarios públicos y que, eventualmente, pudieron tomar decisiones sobre ellas o contar con información privilegiada por su cargo.

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Adicionalmente, siete de cada diez firmas tampoco poseen una regulación clara sobre el lobby o cabildeo, otra función que resulta crítica y a través de la cual, con frecuencia se incurre en conductas fraudulentas.

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A juicio de Gabriel Cifuentes, secretario de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, esos dos fueron los factores que más llamaron la atención en el último reporte de EAA, correspondiente al 2017, y cuyos resultados serán presentados hoy en Bogotá, en un acto que se realizará en el Jockey Club, a las 2 de la tarde.

La evaluación es completamente gratis y voluntaria. Comprende 108 preguntas en diez áreas y el puntaje máximo son 150 puntos, de manera que solo se consideran aprobadas las que pasan de los 100 puntos, cuyos nombres serán revelados en el acto, mientras que las que se ‘rajaron’ no serán mencionadas y simplemente tendrán la posibilidad de presentarse de nuevo, bajo la asesoría de personal especializado de la Oficina de Transparencia, con el fin de reforzar los aspectos en que están flojas.

En las tres ediciones de este examen han sido aceptadas 47 compañías. En la del 2015 fueron 13 y solo pasó 1; en el 2016, 8 y ganaron 5, y en el 2017 hubo 33 participantes y pasaron casi la mitad. El aumento del número de compañías interesadas en someterse al escrutinio, entre locales y multinacionales, significa, según palabras de Cifuentes, que “el sector privado ha entendido su rol en la lucha contra la corrupción y avanza en la implementación de programas con altos estándares que previenen los riesgos”.

Además, el funcionario agrega que “algo muy interesante es que muchas de esta empresas habían participado en la segunda edición y no habían pasado, es decir que se promovieron modificaciones y ajustes necesarios dentro de sus políticas de cumplimiento para luego volverse a someter a la medición”.

Las inscripciones para el 2018 comienzan esta misma semana y se pueden hacer en el transcurso del primer semestre, a través de la plataforma del ‘zar’ anticorrupción, en la cual se debe poner la documentación, que es privada y ‘vacunada’ contra filtraciones.

La idea de la medición es ver si están dadas las condiciones o los insumos necesarios para asegurar la transparencia dentro de las empresas. “No estamos diciendo que si usted pasa esta evaluación está blindado frente a hechos de corrupción. Ni con esta medición, ni con ningún otro instrumento se puede garantizar que no haya actos desviados en el interior de las empresas”, acepta Cifuentes.

Otro dato que resalta el ‘zar anticorrupción’ es que, en la versión del 2017, el 27% de los evaluados no cuenta con lineamientos claros sobre contribuciones a campañas políticas, lo cual es un tema muy sensible por el actuales momento preelectoral para elegir Congreso y Presidencia.

“No podemos decir que no haya una financiación, pero sí que debe haber claridad en los protocolos”, dice Cifuentes, quien hace hincapié en que si bien hay un 73% que sí posee estos lineamientos, debería ser un requisito cumplido por la totalidad.

Adicionalmente, el 40% de las empresas no prohíbe los “pagos de facilitación”, una expresión que suena a eufemismo para las coimas o pequeños sobornos. Cifuentes aclara que esta conducta no está prohibida por ejemplo en Estados Unidos, si se trata de pagos pequeños. “Si la multinacional incurrió en un pago para que le aceleren el punto de conexión de luz, allá eso no se constituye en una violación a las reglas de soborno transnacional, pero en Colombia sí”, recalca.

De hecho, ese es el único ítem en el cual las multinacionales se quedan atrás, con respecto a las nacionales.

Adicionalmente, el 44% no cuenta con una política corporativa sobre donaciones caritativas, algo que igualmente resulta revelador, pues muchas veces los aportes de ese tipo encubren lavado de activos, evasión de impuestos o pago de sobornos, a través de fundaciones.

LOS ÍTEMS EVALUADOS

Las categorías consideradas fueron: herramientas de que dispone la empresa para evaluar el riesgo de corrupción, organización y responsabilidades, lo cual muestra el compromiso corporativo, desde la alta dirección; la existencia de políticas detallada para riesgos particulares (contribuciones políticas y caritativas, así como donaciones y regalos o pago por facilitación, lobby, etc); aplicación del programa anticorrupción en las relaciones de negocio, y control interno y registros contables.

También, comunicación y capacitación de los programas al respecto; aplicación de políticas de transparencia en la vinculación del talento humano; mecanismos para el reporte y consulta sobre conductas irregulares; revisión y monitoreo del programa, y, como décimo punto, están las acciones colectivas para promover la anticorrupción.

La Oficina de Transparencia hace otra medición para pymes, en la que observa los mismos aspectos, pero es menos estricta en las exigencias. Aún así, de las 19 pequeñas empresas evaluadas en la primera ocasión solo pasó una. En la actualidad, en una segunda edición, el equipo de expertos está evaluando la información sobre los 17 participantes.

De cualquier manera, lo que se observa es que en ese segmento menos firmas cuentan con un plan anticorrupción, debido a que no es una exigencia legal en el país, a menos que realicen transacciones en el extranjero.

Adicionalmente, cada vez más las grandes compañías, que las emplean como proveedoras o aliadas, les exigen que adopten códigos de transparencia.