Economía

Megapensiones: más de $43 billones costaría revivirlas

Un eventual fallo contra el Estado en la CIDH, podría eliminar el tope de 25 salarios en las mesadas, advirtió la Agencia de Defensa Jurídica.

Reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

Economía Por: Portafolio

Si las reclamaciones de los beneficiarios de las llamadas megapensiones llegaran a prosperar dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), al país esto le significaría un sobrecosto cercano a los 50 billones de pesos en las próximas dos décadas.

Así lo indicó ayer el director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, al hacer un balance de los litigios que cursan actualmente a nivel internacional contra el Estado colombiano.

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De hecho, los datos en poder de la oficina de Vélez, procedentes de análisis del Ministerio de Hacienda, indican que el impacto fiscal por este concepto oscilaría entre los 43 y los 57,2 billones de pesos durante el periodo señalado.

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El SIDH, que depende de la OEA, está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justamente a la primera de estas instancias han llegado cuatro peticiones: a nombre del exmagistrado de la Corte Suprema Fernando Vásquez Botero “y otros”; de los extitulares del Consejo de Estado Ana Margarita Olaya Foerro y Jesús María Lemos Bustamante; de la exmagistrada del Consejo de Estado Bertha Lucía Ramírez Páez y la de la también exmagistada de la Corte Suprema María del Rosario González Muñoz, de acuerdo con listados que reposan en la Agencia de Defensa del Estado. Vale recordar que estas acciones fueron instauradas entre los años 2013 y 2015, luego de que la Corte Constitucional fijó a través de la sentencia C-258 del 2013 el tope máximo de 25 salarios mínimos mensuales (poco más de 19 millones de pesos de hoy) para las mesadas que pueden recibir los jubilados en Colombia.

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No obstante, según Vélez, de llegarse a producir una decisión en contra de los argumentos del Estado, alegando el derecho a la igualdad, “muchos excongresistas y exmagistrados podrían pedir que les volvieran a calcular sus pensiones para lograr mesadas más altas”.

En la actualidad en el país hay solo 1.032 jubilados y pensionados que cuentan con esa gabela, de los cuales unos 600 pertenecen al Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonpecon) y el resto corresponde, sobre todo, a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) así como a Colpensiones. Es decir que en buena parte son congresistas, magistrados y altos funcionarios del Gobierno.

Algunos incluso han logrado la pensión valiéndose del régimen especial que les da el derecho a pensionarse con un cortos periodos de pasantía por estos cargos, sin importar que hayan cotizado un mínimo de semanas.

PETICIÓN ABSURDA

“Es una petición bastante indignante, un tema absolutamente evidente de inequidad, y sin embargo, algunas de estas personas beneficiarias de las megapensiones han llevado su caso a la Comisión”, dijo Vélez al reiterar el impacto fiscal que tendría una sentencia a favor de los accionantes. “Sería un traslado de recursos de los colombianos más pobres a un grupito de personas”, añadió el funcionario al citar cifras según las cuales, de 1 millón 793.323 pensionados en Colombia, el 42%, es decir casi 700.000 personas, ganan apenas un salario mínimo y otros 424.000 reciben entre uno y dos salarios mínimos.

El Director de la Agencia se quejó de la gran laxitud que hay para llegar a organismos internacionales, como la CIDH, y recordó que estas son instancias subsidiarias a la justicia nacional. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los cuatro casos en mención solo están en la primera fase dentro de la Comisión, de manera que este organismo aún no ha decidido si da curso a un proceso para luego emitir un fallo de fondo.

Además, la falta de celeridad que reina en el SIDH correría en favor de los intereses del Estado colombiano, pues existen estimativos de que los casos en la Comisión demoran en promedio 20 años y los que logran pasar a la Corte Interamericana, 2 años.

EL ESTADO HA AHORRADO UNOS US$17 MILLONES EN PROCESOS

Cerca de 17 millones de dólares se habría ahorrado el Estado en varios pleitos que ha llevado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a juzgar por las pretensiones de los accionantes en dichos procesos, según la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado.

Por ejemplo, en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia habrían sido US$16 millones, pues la Corte Interamericana reconoció las indemnizaciones entregadas a nivel interno a las víctimas, y en dos casos determinó que no había pruebas suficientes para declarar la desaparición forzada de dos víctimas.

También, en el proceso de Ángel Alberto Duque, quien demandó porque no le reconocieron la pensión de su pareja homosexual, quien murió, hubo un ahorro aproximado de US$400.000 al establecer que el sistema de salud colombiano garantizó el acceso a los servicios requeridos.

Igualmente, en el proceso de la muerte de Ana Teresa Yarce y otras personas en la Operación Orión, en Medellín, concluyó que no estaba acreditada la participación de agentes del Estado, avaló la investigación del Estado y aceptó el aporte de la Ley de Víctimas, por lo cual el ahorro fue de unos US$109.000, según Vélez.

Así mismo en el caso Santo Domingo, relacionado con un presunto bombardeo del Ejército contra población civil, declaró que los montos por perjuicios materiales y morales reconocido en el país se ajustaban a los estándares interamericanos. De lo contrario el reconocimiento habría sido por US$31.000 más.

Al SIDH han entrado 912 casos contra el Estado colombiano. De ellos solo 378 han pasado el primer filtro de admisión, a su vez 164 han pasado cursado hacia estudio para un fallo de fondo y solo 6 han llegado en la Comisión de Derechos Humanos hasta la etapa en que esta le hace recomendaciones al Estado. A ese último peldaño llegó por ejemplo el proceso por la destitución de la Procuraduría contra el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.

Por otra parte, a la Corte Interamericana han pasado 6 procesos que están pendientes de fallo, uno de ellos es el del magnicidio de la Unión Patriótica.