Economía

Ley de Páramos saca del negocio a más de 25.000 mineros legales

La nueva enmienda le clausura la actividad a por lo menos el 70% de las Unidades de Producción Minera que están registradas en el país.

Minería

Economía Por: Portafolio

La aprobación de la Ley de Páramos en las sesiones extras del Congreso, el miércoles pasado, y que confirma el destierro de la operación minera de estos ecosistemas, también le cerró la puerta de la actividad a poco más de 25.000 personas que se dedican a las tareas extractivas en el país.

La nueva norma, que va camino a sanción presidencial, no solo deja sin el negocio a este número de mineros cuya producción está totalmente legalizada, sino que de paso le echa llave a por lo menos el 70% de las Unidades de Producción Minera (UPM) que existen en Colombia.

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Este dato llama la atención, si se toma con base en reportes de la Agencia Nacional de Minería (ANM), al indicar que en el territorio nacional existen registradas más de 14.000 UPM.

“Esta situación deja por fuera y en vilo a cabeceras municipales que dependen completamente de la minería tradicional”, afirmó Ivonne González, vocera de la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán (Asomusanturban), que reúne a los seis municipios de la Provincia de Soto Norte, en Santander: Charta, Tona, Suratá, Vetas, California y Matanza.

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SIN POSIBILIDAD DE OTRAS ACTIVIDADES

“Se debe señalar que la aptitud de uso de los suelos en estas zonas no permite el desarrollo de otras actividades económicas, como agricultura o ganadería. Opciones distintas, como ecoturismo o pago por servicios ambientales son muy limitadas y su potencial de desarrollo difícilmente podrán sustituir parcial o totalmente a la minería como principal generador de empleo, ingresos y condiciones dignas de vida para sus habitantes”, aseguró González.

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Por su parte, Alfonso Saade, vocero de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), reiteró que la minería ubicada en las zonas de páramo, y que lleva más de dos siglos de operación, es formalizada y contribuye en el crecimiento de la producción extractiva del país.

“Esta minería de carbón produce 25.000 empleos directos y 125.000 indirectos. En 45 municipios del país derivan su fuente de ingreso de allí. La actividad se concentra principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Norte Santander, Santander, Antioquia y norte de Valle del Cauca”, indicó.

Uno de los municipios que se verá más afectado con la nueva ley es Vetas (Santander). Su alcalde Orlando Rodríguez, afirmó que “aunque para muchos suene paradójico, la alta calidad ambiental del ecosistema de páramo en la cabecera es el resultado de la presencia y desarrollo de la actividad minera, la cual se ha concentrado en áreas muy pequeñas y ha impedido el avance de las actividades económicas, incluida la minería misma, sobre el ecosistema de páramo localizado en la parte alta”.

ARTICULADO CON EFECTO COLATERAL

Pero no solo el sector minero se ha visto afectado con la recién aprobada Ley de Páramos. Para el de generación de energía eléctrica, aunque en menor medida, también se convirtió en una piedra en el zapato.

En pleno debate, gracias al lobby de gremios como la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), lograron desmontar el incremento del 1% a las Transferencias del Sector Eléctrico (TSE), es decir que para los operadores hidroeléctricos la tasa pasaría del 6% al 7% , y para los térmicos, del 4% al 5%.

Sin embargo, en el último minuto no solo se eliminó el citado aumento en las TSE, sino que se acordó que el 6% (hidroléctrico) y el 4% (térmico) que hacen parte de estos giros de recursos se destinen al Fondo para la Preservación de Páramos (FPP), creado para reunir los dineros necesarios como remanente económico para el desarrollo de la enmienda.

“Si se hubiera aprobado el aumento del 1% en las transferencias, el impacto económico para las generadoras se calculaba en una alta proporción, ya que el incremento terminaría siendo del 18%, y este iría directamente a las tarifas”, señaló Ángela Montoya, presidenta de Acolgen.

Otros sectores que verán afectada su actividad con la norma son el de agricultura y ganadería, de la cual numerosas familias soportan sus ingresos y cuyas tareas han sido heredadas desde hace dos siglos.

PROPÓSITOS DE LA NORMA

La norma aprobada tiene por objeto darles a los páramos el carácter de ecosistemas estratégicos y por ende fijar directrices que busquen su integralidad, preservación, restauración y uso sostenible.

“Pretende establecer los programas de sustitución y reconversión de las actividades prohibidas para que los habitantes tradicionales que viven en los páramos y ejercen este tipo de actividades tengan oportunidades de mantener ingresos que les permitan disfrutar de una vida digna”, señaló su autor, el congresista Carlos Guevara.

La ley tiene un capítulo destinado a la planificación, generando planes de manejo ambiental de las zonas de páramo, sin dejar de lado a las poblaciones que habitan dentro de la región, quienes deberán ser parte activa de los mismos.

En dichos planes ha de establecerse una delimitación geográfica del área, para así minimizar las prácticas no permitidas que atentan contra los ecosistemas.

Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio