Economía

Contrabando de cigarrillos le pasa factura a los departamentos

Humberto Mora, director de asuntos corporativos de Philip Morris en el país, dijo que se han perdido $340.000 millones por ese flagelo en 2018.

CIgarrillos

Economía Por: Portafolio

En la cruzada por reducir los efectos nocivos del cigarrillo, la industria tabacalera ha empezado a cambiar su modelo de negocio. Sin embargo, el contrabando sigue siendo un flagelo que no solo afecta a las organizaciones, sino a las finanzas de los departamentos en Colombia.

Humberto Mora, director de asuntos corporativos de Philip Morris en el país, habló con este diario sobre los retos de la industria.

¿Cómo les ha ido con los nuevos cigarrillos?

IQOS se lanzó en Colombia en marzo del 2017 y ha tenido una amplia aceptación por parte de los consumidores de cigarrillos. Es un producto que permite consumir nicotina sin combustión y por tanto, los componentes tóxicos que están en el humo del cigarrillo se reducen entre 90% y 95%.

¿Cómo se están regulando esos nuevos dispositivos?

Esperamos que se regulen de forma diferente a los cigarrillos convencionales. En particular, en lo que tiene que ver con las advertencias de salud, pues en su mayoría tienen que ver con fumar y estos nuevos productos no generan combustión.

El debate también se abrió en el Concordia Summit...

Hubo miembros del nuevo Gobierno que también participaron en algunos de los páneles. Yo creo que eso abre las posibilidades a que se discuta con el rigor científico que merece este debate y que, a partir de ahí, se generen elementos para la regulación diferencial de esos cigarrillos.

¿Y desde el punto de vista fiscal?

Como el impuesto al consumo es un tributo que castiga el consumo de cigarrillos, por ser nocivo para la salud, también deberían considerarse las características y el potencial que tiene IQOS de reducir el daño. Desde ese punto de vista, también deberían contemplarse tarifas diferenciales.

¿Quedó algún plan de trabajo pendiente concreto para más adelante?

No todavía. No hay ningún plan, porque los funcionarios del nuevo Gobierno no se han posesionado, pero confiamos que con base en esos debates se pueda tener espacio para discutir, en términos objetivos, nuevos elementos de regulación y fiscales.

Ustedes anunciaron que en el 2030 no habría más cigarrillos tradicionales, ¿eso también aplica para Colombia?

La visión que ha anunciado Philip Morris de un mundo libre de humo aplica para todos los mercados en donde la compañía vende sus productos. Eso quiere decir que se vislumbra un futuro en donde los fumadores ya no consuman cigarrillos, sino productos como IQOS o cigarrillos electrónicos que tienen el potencial de reducir el daño. En el caso de Coltabaco, como todas las afiliadas de Philip Morris, los recursos van reorientándose en la medida en que los fumadores se cambien a estos productos.

¿Entonces en el 2030 dejarán de vender cigarrillos tradicionales?

Más que una fecha definitiva, lo que se espera es que por lo menos un porcentaje significativo de los fumadores haya sustituido los cigarrillos convencionales por estos productos. Lo mismo esperamos en Colombia.

Volviendo al tema fiscal, ¿ustedes tienen alguna propuesta concreta en cuanto a la regulación de estos dispositivos?

Nosotros propusimos, en la pasada reforma fiscal, la definición de una tarifa de impuesto al consumo para estos productos y para los cigarrillos electrónicos. En ese momento no fue tomado en cuenta por el Gobierno, pero confiamos que a futuro se pueda avanzar en esa dirección.

Como gremio, ¿se han reunido para revisar qué se debe hacer con estos dispositivos?

Sí, es un proceso en el que vamos a estar en conversaciones, a través de un tercero, para ver si tenemos un acuerdo de propuestas de gobierno, tanto en materia de regulación como fiscal.

¿Qué radiografía hace Philip Morris de Colombia, frente los otros países de la región?

Colombia tiene un gran problema desde el aumento al impuesto al consumo del 2016, y es que se incrementó un 100% el componente específico del impuesto para el 2017 y otro 50% en el 2018. Eso generó un aumento dramático del contrabando, que hace que el producto legal sea sustituido por el ilegal, con lo cual una parte de los departamentos dejaron de recibir el año pasado alrededor de $240.000 millones y en el 2018, cerca de $340.000 millones.

Por otro lado, el objetivo de salud pública que había anunciado el Gobierno, que se quería lograr con el aumento de impuestos, no se cumple por ese incremento del contrabando.

¿En cuánto se ha incrementado el contrabando?

Estaba en 13% el contrabando a nivel nacional y pasó a un 18%. En los departamentos de la costa, por ejemplo en el Cesar, alcanza el 83%. En La Guajira y Magdalena, un 73%. O sea, es un aumento dramático del contrabando, que le quita recursos a los departamentos y evita los logros de los objetivos de la salud pública, que es disminuir el consumo.

¿Ese incremento está relacionado con el aumento del impuesto?

Está directamente relacionado.

¿De dónde viene la mayor parte del contrabando?

En su mayoría proviene de China, Paraguay y Uruguay.

¿Qué está haciendo el Gobierno para atacar ese flagelo?

Hemos tenido diálogos con el Gobierno, en particular con la Dian y el Ministerio de Industria y Comercio para que fortalezcan la lucha anticontrabando.

Sobre todo para que se aplique el artículo 19 de la Ley Anticontrabando, que fue aprobada por el Congreso en el 2015, y que establece que todos los productos que entren a zonas aduaneras especiales, paguen el impuesto al consumo.

La mayor parte de este contrabando entra por La Guajira, entonces si las autoridades fortalecen los controles, haciendo cumplir la ley, se puede detener el impacto de este flagelo.

María Camila González