Economía

Consultas de agua tibia

Como las preguntas incluidas en el proceso no son eficaces a la hora de producir resultados concretos, al final podría haber mayor frustración.

Consultas

Economía Por: Portafolio

Dado que en pocos días invertiremos 300 mil millones de pesos en una consulta anticorrupción -con propuestas que no van mucho más allá de lo que ya existe en países como México y que no han dado mayores resultados- se trata de una buena oportunidad para llevar a cabo un debate nacional sobre qué medidas han resultado efectivas a nivel mundial.

El problema con este tipo de consultas es que se genera una expectativa enorme, al canalizar la justificada indignación ciudadana por la corrupción.

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Pero como las medidas propuestas no son herramientas eficaces para producir resultados, al final hay mayor frustración y un enorme costo político -que no asumirán los promotores de la consulta, parapetados en la oposición- sino el nuevo gobierno.

Por eso quizás sea el momento de que el equipo de empalme del gobierno Duque elabore un paquete de propuestas que podría incluso presentar desde el 7 de agosto al nuevo Congreso, con el fin de efectivamente reducir los índices de corrupción en el país.
Desde mi experiencia como consultor en estos temas, algunas propuestas podrían ser:

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1.Debida diligencia reputacional de proponentes y contratistas del Estado. Se trata de una base de datos con tecnología blockchain administrada por jueces y entes de fiscalización del Estado, que permita descalificar a empresas e individuos vinculados con: actos de corrupción en Colombia o en cualquier otro país del mundo; sanciones o investigaciones en firme por corrupción en cualquiera de los entes de control; o antecedentes que puedan afectar la correcta ejecución del contrato o proyecto.

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Es algo similar a las herramientas que usan los bancos para apertura de cuentas y aprobación de créditos, una “lista de no deseables” para la contratación pública.

Salir de dicha base de datos requiere la colaboración efectiva con las autoridades y el resarcimiento de daños fiscales que hayan motivado su inclusión en la lista.

2.Búsqueda efectiva de activos en el Exterior.
Los corruptos con frecuencia mueven dinero o activos al exterior, haciendo uso de herramientas digitales y bancarias cada vez más sofisticadas.

Se requiere darle a los entes fiscalizadores del Estado herramientas jurídicas reales para levantar el velo corporativo, con el fin de acceder a información financiera, corporativa y accionaria de sociedades en el exterior -especialmente en paraísos fiscales- sin la necesidad de recurrir a los canales oficiales o diplomáticos de rigor.

3.Crear la figura de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Si bien hoy las personas jurídicas pueden ser sancionadas con multas por parte de las diferentes Superintendencias que existen en el país, se trataría de darle la posibilidad de sancionarlas desde la jurisdicción penal.

Operaría con penas a manera de multas equivalentes -ya sea al valor de la utilidad en los contratos, o del tamaño del daño causado al erario público- sin perjuicio de otras acciones legales.

Esto permite: 1) fortalecer el sistema de multas desde la jurisdicción penal, como ocurre hoy en Estados Unidos.

Lo anterior se convierte en una herramienta de negociación del Estado con las empresas sancionadas, sin necesidad de intervenir los contratos en curso o liquidar las empresas en mitad de un proceso ejecutorio.

Esto facilitará la continuidad de los proyectos, garantizando al mismo tiempo generar los recursos para pagar las multas a que haya lugar.


Se sanciona así al corrupto, no a la ciudadanía que se queda con las demoras o sin las obras. 2) Fortalecer las normas a nivel de gobierno corporativo, obligando a miembros de las Juntas Directivas a atender con mayor rigor sus responsabilidades con respecto a las determinaciones que aprueban.

4.Tutelaje de Fraude y Corrupción. Se trata de una auditoría o interventoría independiente ordenada por un juez, un fiscal, investigador o auditor de un ente de control, en aquellos casos donde existan indicios muy claros de corrupción.

El costo de dicha auditoría corre por cuenta del contratista del Estado, y obliga la supervisión contable, financiera y operativa de la obra, garantizando que la empresa contratista continúe con la ejecución del proyecto y así mismo pueda costear multas o daños al erario público por cuenta de un mal uso de los recursos públicos.

5.Mesa de Trabajo Permanente entre el sector financiero, la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, el Ejecutivo y el Foro Global de la OCDE (Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales). El propósito de este nuevo mecanismo sería el de compartir información sobre comportamientos, tendencias y modus operandi de empresas y consorcios involucrados en conductas de corrupción, para mantenerse un paso adelante en las estructuras legales, de auditoría fiscal, policial y penal.

El desafío que enfrentamos -no solamente en Colombia, sino a nivel global, por la ausencia de transparencia en los recursos públicos- es enorme.

En Brasil el candidato presidencial más opcionado está en la cárcel y en Perú todos los expresidentes vivos están presos o con orden de captura internacional.

En Corea del Sur, Rumania, Guatemala, Arabia Saudita, Pakistán y muchos otros países, la corrupción ha impactado la política como nunca antes.

Si en realidad queremos dar resultados, las herramientas existen.

Si lo que queremos es montar un show en redes sociales y parafraseando a la mafia italiana “cambiarlo todo para que no cambie nada”, entonces sigamos inventando el agua tibia.

Los contratistas de tarjetones, esferos y cubículos estarán muy felices.

Andrés Otero
Socio de la firma Custom Information.