Economía

Reiteran jurisprudencia sobre mora en el pago de las cesantías

Al resolver un recurso de apelación, el Consejo de Estado recordó los criterios que hacen válidas las reclamaciones cuando existe incumplimiento.

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Economía Por: Portafolio

El pasado primero de marzo, el Consejo de Estado (Subsección A de la Sección Segunda) resolvió un recurso de apelación interpuesto por Clara Fontalvo, ex trabajadora de la Contraloría General del Atlántico, y de paso reiteró la posición de esa Corporación respecto al reconocimiento de sanciones moratorias por el pago incompleto de cesantías, en este caso, de empleados públicos del orden territorial.

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Según Fontalvo, quien se desempeñó como asesora y posteriormente como subcontralora departamental entre 2008 y 2012, la Contraloría dejó de ajustar y/o aplicar el porcentaje de aumento legal a la asignación salarial correspondiente a su planta de personal durante los años 2001, 2003 y 2004, pues no se tramitó el correspondiente proyecto de ordenanza para fijar las asignaciones civiles en cada una de esas vigencias ante la Asamblea Departamental. Por tanto, el salario devengado por la funcionaria venía “desajustado” respecto a lo que realmente debía recibir.

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No obstante, al elevar las reclamaciones por vía gubernativa, la Contraloría negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el supuesto pago incompleto de sus cesantías.

A través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, Fontalvo pidió que le fuera concedida la sanción moratoria a que hace referencia el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 por cada día de mora en el pago total del auxilio de cesantías en los años laborados, incluyendo los días que tomó la cancelación de lo adeudado por ese mismo concepto.

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El Tribunal Administrativo del Atlántico, que conoció en primera instancia del caso, también negó las pretensiones de la demanda, lo mismo que el Consejo de Estado.

Para el tribunal, fue claro que la demandante se vinculó con posterioridad al 31 de diciembre de 1996 y por tanto, “el régimen de cesantías que le es aplicable es el de liquidación definitiva anual de cesantías, creado por la Ley 50 de 1990, el cual incluye el pago de intereses al trabajador por parte del empleador. De esta manera, le es aplicable el régimen de la Ley 344 de 1996 que se reglamenta por el Decreto 1285 de 1998”.

A la luz de las resoluciones expedidas por la Contraloría, el tribunal concluyó que las cesantías “fueron reconocidas y consignadas de manera oportuna al fondo privado administrador de cesantías respectivas”, y por tanto, “la accionante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria solicitada”.

LA APELACIÓN

El Consejo de Estado, que confirmó la decisión del tribunal, reiteró que esa Corporación ya se había pronunciado sobre la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 en un caso similar, y mediante sentencia del 30 de marzo de 2017, en la que señaló que el régimen de liquidación anualizado del auxilio de cesantías previsto en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, extendido únicamente a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 y afiliados a los fondos privados, “contempló una sanción por mora a razón de un día de salario por cada día de retardo en el evento en el que el empleador incumpla la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año, el valor correspondiente a la liquidación del auxilio anual (31 de diciembre) definitiva de cesantía por la anualidad o fracción correspondiente”.

Asimismo, recordó que la misma Sección Segunda, mediante sentencia del 25 de agosto de 2016, ya había unificado los diversos criterios jurisprudenciales existentes en relación con la sanción que contempla el régimen anualizado, “en aras de proteger al empleado cesante afectado con el incumplimiento de la entidad pública morosa”.

En efecto, esa providencia estableció que la sanción moratoria se causa a partir del incumplimiento del empleador, que además tiene la obligación de entregar al trabajador un certificado sobre la cuantía de la liquidación realizada, mientras que los fondos administradores a su vez deben informar al afiliado los saldos de su cuenta individual.

Para el caso concreto, el Consejo de Estado señaló que una vez causada la obligación -en este caso la sanción moratoria- es cuando se hace exigible, pero si dicha reclamación ocurre transcurridos más de tres años desde que se produce el incumplimiento, se configura entonces el fenómeno de la prescripción, así sea de forma parcial.

Según Claudia Liévano, socia de la firma ALL Abogados, “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido pacífica y reiterada en señalar que el término prescriptivo de la sanción contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por no consignar las cesantías en el correspondiente fondo, opera desde el momento en el que se hace exigible la obligación, es decir, cuando estas no son depositadas antes del 15 de febrero, situación que encuentra su sustento en el conocimiento que tiene el trabajador del incumplimiento.

Esto significa que el colaborador puede corroborar si su empleador realizó la consignación y exigir su pago.

Ahora bien, el término prescriptivo de las cesantías inicia a contabilizarse a la terminación del contrato de trabajo, momento en el cual se hacen exigibles, por ende, el efecto de su no pago será la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, hipótesis que también ha sido adoptada por la jurisdicción ordinaria laboral”.

Juan Martín Fierro
Especial para Portafolio
@jmartinfierro