Economía

La CIDH ya tiene en sus manos el caso Cerro Matoso

Comunidades piden medidas cautelares para que no sea aceptada solicitud de nulidad de la minera.

cerro matoso

Economía Por: Portafolio

El conflicto entre la administración de Cerro Matoso y las comunidades que habitan en los alrededores del complejo minero trascendió en las últimas horas la frontera, pues el tema ya está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A través de un comunicado, los representantes de las ocho comunidades informaron que solicitaron a la CIDH medidas cautelares ante el Estado de Colombia “para prevenir daños irreparables a la vida, integridad personal y propiedad privada”.

(Lea: Revisión del fallo, la vía para mina Cerro Matoso). 

Para los voceros, la solicitud la hacen “considerando los diversos rumores sobre la capacidad de lobby de directivos, abogados o vocero de la multinacional” ante la Corte Constitucional, que en estos momentos estudia una solicitud de nulidad parcial interpuesta por Cerro Matoso.

Cabe recordar que el alto tribunal, mediante sentencia T-733 de 2017, ordenó a la administración del complejo minero una serie de medidas para atender a estas comunidades, quienes alegan problemas de salud como consecuencia de las operaciones que adelanta la multinacional en la zona.

Los representantes piden mantener la decisión total del fallo T-733 de 2017 proferido por la Corte Constitucional “y que no se anule ninguno de los puntos contenidos en la parte resolutiva, como lo pretende la solicitud de nulidad presentada por parte de la empresa Cerro Matoso S.A.”

Ante el hecho, Portafolio se contactó con los voceros del complejo minero para que comentaran sobre la solicitud de las comunidades ante la CIDH.

Ante eso, destacaron que la medida cautelar es ante el Estado Colombiano, y que se remiten al pronunciamiento que emitieron el pasado 31 de julio.

“La empresa está y seguirá cumpliendo todas y cada una de las órdenes emanadas de la sentencia (T-733 de 2017) y su última intención es garantizar que las comunidades del área de influencia de la operación, junto con el Estado Colombiano, sean unas comunidades autónomas y sostenibles”
, señala la nota de Cerro Matoso.

Y recalcan que “el incidente de nulidad a la sentencia T-733 de 2017 es un recurso válido cuando se considera que no ha habido las garantías que ofrece la ley y que en ningún caso se pretende evadir las responsabilidades. Cerro Matoso en 35 años ha sido una empresa responsable en el cumplimiento de todas las exigencias del Estado”.

La próxima semana, la sala plena de la Corte Constitucional podría entrar a terminar el estudio de la solicitud de nulidad que interpuso la administración del complejo minero.