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Economía

Arroz: duro pulso entre Gobierno y molineros por el precio mínimo

Los industriales rechazan la propuesta del Minagricultura y dicen que va en contra del consumidor. La medida regiría desde agosto.

Arroz paddy

El problema radica en la fórmula para la fijación del precio base del arroz ‘paddy’ verde (con cáscara), que deberán pagarles los molineros a los agricultores del país.

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Portafolio
julio 10 de 2018 - 09:44 p.m.
2018-07-10

La publicación del proyecto de resolución de lo que sería la fórmula para establecer el precio base de garantía que los industriales deberán pagarles a los cultivadores de arroz, en la cosecha que está en proceso de recolección, agudizó el debate entre los molineros y el Gobierno.

Silverio Gómez, director de la Cámara de Induarroz de la Andi, dijo que “la resolución que pretende expedir el Ministerio no consulta la realidad del mercado, tiene un claro objetivo político y debe ser objeto de evaluación por parte del nuevo gobierno”.

(Lea: ‘Hay que fortalecer las políticas de comercio para el sector arrocero’)

Para los industriales, el proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura, “por la cual se fija la metodologìa para establecer el precio base de pago del arroz paddy verde”, tiene serias deficiencias económicas, técnicas y operativas para su implementación en el corto plazo, más si se tiene cuenta que no ha sido concertada en el Consejo Nacional del Arroz, ente consultor, en el que tienen asiento la producción organizada, el sector industrial que absorbe la casi totalidad de la cosecha nacional y los ministerios de Hacienda y Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación.

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Tanto agricultores organizados como la industria asociada en Induarroz-Andi han manifestado serios reparos. Los molineros dicen que “resulta totalmente inconveniente establecer mecanismos que distorsionen el mercado de oferta y demanda y afecten a los consumidores, en particular los de menores ingresos quienes mayormente consumen arroz dentro de su dieta alimenticia, lo cual resulta injusto e inequitativo socialmente”.

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Agregan que un aumento en el precio de compra al productor del 17% para el segundo semestre de este año, que incluye el proyecto de resolución, resulta inconveniente para la política de estabilización de precios y posterga los esfuerzos para ganar competitividad a la producción de arroz en Colombia. “Ese aumento sería trasladado injustamente al consumidor”.

Señalan además “que la política económica es general, no puede ser segmentada en función de unos intereses particulares que premien la baja competitividad e ineficiencia, intereses que utilizan herramientas de presión social y las vías de hecho para obtener privilegios mediáticos que no consideran el bienestar general. La experiencia de los últimos años en el país resulta aleccionadora en este sentido”.

De acuerdo con los industriales, por la coyuntura política del país, esta decisión debe ser conocida y estudiada por las autoridades que tengan a su cargo la eventual ejecución desde el próximo 7 de agosto y no por el Gobierno actual.

“La industria nacional del arroz apoya medidas de protección en favor de la producción primaria, en particular de los pequeños agricultores, pero considera que el costo de esa protección o estímulos no puede asumirlo los consumidores colombianos, pues sería un pacto implícito contra la competencia abierta y leal que debe regir el mercado. Tampoco apoya medidas que restrinjan la calidad de un producto esencial en la canasta familiar de los colombianos y en esos términos mantendrá las exigencias técnicas al adquirir la producción nacional o realizar importaciones autorizadas. En el proyecto de resolución, el Gobierno dice que “en los últimos 12 meses (a junio de 2018), el precio del arroz ha caído 11,70%. Hoy, la inflación se ajusta al rango-meta establecido por el Banco de la República y el objetivo es mantener esa ruta de estabilidad”.

Gómez Carmona sostiene que en caso de aplicarse esta resolución, el alza del producto se daría así: zona Centro, 16,8%; zona Llano, 22,7%; Bajo Cauca, 6,8%; Costa Norte 20,1% y Santanderes, 23,2%, esto es, un promedio de 17,92%.

“El precio de los productos agrícolas se establece por la oferta y la demanda, y no es posible que en plena cosecha se encarezcan”.

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