El pasado viernes, Gobierno y transportadores de carga pusieron fin a un largo y costoso paro camionero, que duró 46 días y el cual habría dejado pérdidas cercanas a los 2,6 billones de pesos.
El acuerdo de 26 puntos se tardó en ver la luz tras semanas fallidas de negociación por dos temas complejos: los fletes y la chatarrización.
En el primer caso, se decidió que no se volvería a la tabla de fletes. En el segundo, se continuará con el esquema del 1 a 1.
¿Pero en qué consiste ese llamado 1 a 1?, ¿por qué la puja entre Gobierno y transportadores?, ¿quiénes pueden acceder a él? y ¿qué viene ahora que se logró el acuerdo?
Lo primero que hay que decir es que actualmente la desintegración vehicular (el nombre técnico que se le da a la chatarrización) está montado sobre un esquema en el cual por cada vehículo nuevo que entre en circulación debe salir uno antiguo, con el fin de evitar la sobreoferta.
Los vehículos que pueden acceder a la chatarrización son todos aquellos que hayan cumplido 25 años de uso y tengan una capacidad de carga igual o superior a las 10,5 toneladas.
Los camiones que cumplan con estas características entran al proceso de desintegración, en el que al final el dueño del vehículo podría recibir hasta 90 millones de pesos, dinero que se da como reposición del carro.
Esa plata, con la cual se le paga al propietario del camión chatarrizado, sale de una cuenta del tesoro público.
Esa cuenta tiene hoy unos 830.000 millones de pesos, dinero con el que se podrían chatarrizar unos 14 mil vehículos.
Para que el dinero sea pagado al propietario del camión, el vehículo debe ser desintegrado y debe cancelarse la licencia de tránsito.
Además debe ser derogado su registro nacional de carga.
Hasta ese punto, todo parece claro. No obstante, el Gobierno ha denunciado oscuros movimientos que rodean este proceso.
De acuerdo con el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, se han descubierto mafias alrededor de la chatarrización.
Para el ministro Rojas, el proceso está "plagado de artimañas" con las no sólo desangran la cuenta que está destinada a la desintegración vehicular sino que además se aprovechan de los pequeños transportadores, a quienes debería llegar este dinero.
“Hemos descubierto que hay intermediarios que llegan primero a las personas que están pensando en chatarrizar el vehículo y les ofrecen una pequeña parte para que les vendan el camión, aduciendo que la desintegración vehicular ya no existe o que va a perder más tiempo y dinero en el trámite de lo que le van a pagar. Una vez les venden, estos intermediarios hacen todo el proceso y resultan quedándose con una buena parte”, le dijo a Portafolio.co el ministro Rojas.
Otros de los trucos es falsificar documentación para hacer pasar el vehículo en pérdida total por supuestos siniestros o hacer fraudes en las matrículas con el fin de no sacar los carros de circulación.
Por estas denuncias ya hay varias personas capturadas, entre ellas un exfuncionario del ministerio de Transporte y un hermano de Pedro Aguilar, líder de los camioneros.
Durante las negociaciones se acordó hacer un control más detallado en las matrículas y cambiar el esquema actual para hacer más trasparente el proceso.
Camioneros se oponían a un cambio de esquema, mientras el Ministerio de Transporte proponía con urgencia una modificación.
Por ahora, el Gobierno insistió en que seguirá trabajando en identificar la corrupción que existe en la chatarrización y en un modelo que logre mejorar la competitividad y el bienestar de los pequeños transportadores.
