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Economía

Contratación directa aumentó 143% en días previos a la vigencia de la ley de garantías

Según la Auditoría General, es necesario revisar las normas que no dan prioridad a los mecanismos de contratación más transparentes.

Polémica por contratación directa en regiones
POR:
Portafolio
marzo 25 de 2018 - 10:55 a.m.
2018-03-25

La contratación a dedo se disparó en todo el país durante los días previos a la entrada en vigor de la ley de garantías, situación que prendió las alarmas.

Un informe de la Auditoría General de la República reveló que en los 20 días anteriores al 27 de enero –cuando empezó a regir dicha norma– se celebraron 127.643 contratos por 3,31 billones de pesos, lo que es 143 por ciento más frente al mismo periodo del año pasado, cuando fueron 1,64 billones.

(Lea: Compra de buses de Transmilenio y su mantenimiento y operación se licitarán por separado)

Carlos Hernán Rodríguez, auditor general, afirmó que “la alerta es evidente, y por eso la propuesta es que se revise la norma y se evalúe el grado de efectividad y conveniencia de esta, para evitarle desgastes innecesarios a la administración pública y cumplir adecuadamente con la planeación presupuestal apropiada para la vigencia”.

(Lea: Ley de contratación pública: ¿el Congreso se quedó corto?)

Y agregó que dicha ley está facilitando que en un periodo muerto se contraten directamente más de 3 billones de pesos, lo que, de paso, “no les da prioridad a otras formas transparentes, como licitaciones públicas o selecciones abreviadas, ya que 9 de cada 10 contratos se adjudicaron de forma directa, y eso va contravía del espíritu de la ley de contratación”.

De este universo, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla lideraron las estadísticas, pero el informe va más allá e indica que más del 40 por ciento de todos los contratos estudiados se celebraron en los cuatro días previos a la ley de garantías, lo que –según el auditor– abre la puerta para ajustar la norma.

“Esta se tendría que eliminar, pues le hace un flaco favor a la planeación. El Congreso debería revisar si el contexto amerita para expedir otra ley, pero, en mi concepto, es vital que los organismos de control cumplan con su deber”, añadió el funcionario, quien ya le remitió copias de los hallazgos a la Procuraduría.

MÁS BILLONES DE PESOS

Si bien el estudio tiene cifras billonarias, estas podrían ser mayores. Según el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop I), a los 3,3 billones de pesos encontrados por la Auditoría se habrían sumado otros 2,2 billones, lo cual llevaría a que la cifra total superara los 5,5 billones.

Juan David Duque, director de Colombia Compra Eficiente (CCE), explicó que eso se debió a que las entidades hicieron bien su proceso de planeación y entre un año y otro las cifras se movieran más o menos en el mismo rango, ya que por esa época se acumulan.

En contraste con lo anterior, Rodríguez afirmó que “la ley no se adecúa a las necesidades actuales, dado que el afán de contratación hace inocuo el principio de planeación, ya que obliga a comprometer gran cantidad de recursos en los primeros días de enero, cuando apenas se ha logrado hacer el cierre de presupuesto de la vigencia anterior”.

Y añadió que esta genera riesgos innecesarios a los gobernantes territoriales, dado que, con la premura del tiempo, pueden cometer errores en la estructuración de pliegos.

VIOLARON LA LEY

Sin embargo, este panorama no es lo más preocupante. Como si fuera poco, la Auditoría también halló que, a pesar de estar prohibido, cinco días después de entrar en vigor la ley de garantías se habían contratado a dedo más de 3.000 millones de pesos, cifra que hoy podría superar el medio billón de pesos si se añaden los datos del Secop.

Solo entre el 27 y el 31 de enero, 22 entidades hicieron 86 contratos; entre ellas están la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso y las alcaldías de San Agustín, Playa de Belén y Tibacuy, por mencionar algunas (ver gráfico), pero en CCE aparecen más de 5.000 pliegos adjudicados de forma directa, por 620.000 millones de pesos.

Si bien no todos infringieron la ley de garantías, “gran parte sí lo hizo”. Así lo confirmó Duque, quien explicó que hay varios casos que podrían estar exentos, tales como regímenes especiales (urgencias manifiestas o convenios para salud y seguridad), “pero hay que decirlo: la gran mayoría sí habrían incumplido la ley de garantías”.

Para el auditor, esto es muy delicado, a tal punto que dijo que “la cifra sí sería mayor que los 3.000 millones de pesos, pues nosotros solo revisamos cuatro días, pero haremos lo propio con los meses de febrero y marzo, y se lo comunicaremos a la Procuraduría”.

Por último, confirmó que revisarán los controles hechos por las contralorías regionales en cada caso, y donde encuentren irregularidades denunciarán a los funcionarios, pues –concluyó– “no es posible que en sus muestreos no incluyeran las vigencias de mayores cifras”.

CONTRATOS ANTES Y DESPUÉS DE LA LEY DE GARANTÍAS

El informe hecho por la Auditoría General de la República señala que el Eje Cafetero y la región central lideraron en número de contratos que se celebraron en la víspera de la ley de garantías, a través de la forma directa o a dedo.

En el primero fueron más de 30.500 pliegos (es decir, más del 30 por ciento del total), cuyo monto ascendió a poco más de 1 billón de pesos, mientras que en el segundo, la cifra de contratos superó los 33.000 y su costo total fue de 710.000 millones de pesos.

Por su parte, según datos del Secop, después de entrar en vigencia la ley, existen registros de casi 5.500 contratos celebrados por la modalidad directa, por 620.000 millones de pesos; si bien no todos habrían violado la ley, la gran mayoría sí se habría adjudicado de forma irregular.

SEBASTIÁN LONDOÑO VÉLEZ
Redacción Economía y Negocios
seblon@eltiempo.com
En Twitter: @SLondonoV

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