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Economía

Demandas del sector salud al gobierno de Iván Duque

Para tres gremios relacionados con el sector, la solución del déficit es lo principal.

sistema de salud

Las deudas de la salud oscilan entre los 8 y los 14 billones de pesos. Habría que depurar las cuentas.

123rf

POR:
Portafolio
julio 31 de 2018 - 10:24 p.m.
2018-07-31

La promesa de sanear las finanzas de la salud, que tienen un saldo de varios billones de pesos en rojo, es tal vez lo que más suscita la expectativa de las empresas del sector sobre el nuevo gobierno que encabezará Iván Duque Márquez a partir del 7 de agosto.

La cifra no es tan exacta. Algunos agentes del sector hablan de 8 billones de pesos de deuda regada por todo el sistema y otros hasta de 14 billones, lo cual sugiere que se necesita, además, de depurar la información al respecto.

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En su campaña, Duque planteó la posibilidad de una “ley de punto final que diga quién le debe a quién y cuánto y después de esta… cualquier acumulación de deudas de más de 90 días debe tener una efectiva sanción patrimonial”.

Sin embargo, Acemi, el gremio de las principales EPS del régimen contributivo, aspira a que “por lo menos se trate de garantizar el pago de los gastos corrientes de cada año”, según su presidente, Jaime Arias.

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El segundo punto, en concepto de Arias, es que se elimine el llamado popularmente ‘No POS’, que de acuerdo con el dirigente, es una de las causas principales del hueco económico, ya que es pagado por el Estado con un fondo especial que, por ejemplo, este año tiene un déficit de entre 1,5 y 2 billones de pesos, y se trata de una situación que se ha venido repitiendo año tras año, abultando más el monto.

Arias indicó que lo tercero que espera de Duque y su ministro de Salud (este nominó ya a Juan Pablo Uribe) es que continúe con algunos puntos de la administración Santos, como el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), con el cual se ha mejorado la resolutividad en el nivel primario de atención mediante prevención y promoción.

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Esta última petición es compartida por la Asociación de Hospitales y Clínicas (ACHC), que en diversas intervenciones ha hecho hincapié en la necesidad de que en el país se refuerce la atención primaria en salud, con el fin de mantener a la población sana el mayor tiempo posible.

La ACHC pide, igualmente, la repotenciación de la red pública hospitalaria y que se cree un subsidio de “oferta inteligente”, especialmente para los centros de baja complejidad; desarrollar un plan maestro de infraestructura y crear institutos nacionales que atiendan los casos más críticos.

De manera complementaria, reclama que haya una mejor integración de la red pública con la red privada, erradicando la fragmentación que actualmente se da, esto con el fin de que pueda ser mejor atendida la población en todos los rincones de la geografía nacional.

Si bien para la ACHC debe mantenerse el esquema de aseguramiento, aduce que hay que revisar el rol de las EPS. Este punto está en consonancia con lo expresado por Duque en campaña, quien habló de una depuración en la que solo sobrevivan las más sólidas y que presten mejor servicio. También coincide con el pensamiento de Pacientes Colombia, entidad que critica cómo “hoy día las EPS tienen el aseguramiento, gestión de riesgos, manejo de recursos, composición de la red y hacen auditoría. Entonces, no sabemos cuál es la función real”, advierte el vocero de esta organización, Denis Silva.

Silva critica que en la administración Santos –con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria a la cabeza–“se indujo demasiado la selección adversa” y cita casos como los de Medimás y Coomeva EPS, en los que las autoridades promovieron que los afiliados se pasaran a otras empresas, de manera que resultaban castigadas las de mejores resultados.

SALVAMENTO DE FINANZAS

Para Pacientes Colombia, es indispensable que el Gobierno reglamente la Ley Estatutaria y que defina hasta dónde va el derecho a la salud, partiendo del principio de que este no puede estar condicionado por la situación fiscal del país.

El director de la ACHC, Juan Carlos Giraldo, ha insistido en un plan de salvamento financiero destinando al pago de deudas antiguas 1,5 puntos del IVA durante dos años, y que se cree el Fondo de Alto Costo Asegurable y el Fondo Rotatorio de Liquidez.

Acemi y la ACHC han afirmado que es necesario fortalecer el liderazgo del Minsalud, como órgano rector del sistema y darle más dientes a la Superintendencia de Salud.

Pacientes Colombia, por su parte, está de acuerdo en que esa superintendencia vigile lo relativo al servicio, mientras que la Superfinanciera se ocupe del auditar el buen manejo de los recursos.

Esa última asociación pone sobre la mesa un asunto polémico: la necesidad de definir hasta dónde los migrantes, en especial los llegados de Venezuela, van a tener derecho a la salud. “Sino, el sistema se nos va a desfinanciar más atendiendo a cerca de un millón de personas adicionales”, afirma Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Por su parte, Afidro, el gremio de los principales laboratorios farmacéuticos extranjeros, comulga con los anteriores en el llamado a lograr mayor sostenibilidad de la salud. Sin embargo, tiene sus demandas particulares que surgen de críticas a la manera como manejó el gobierno Santos (y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria) la relación con este subsector.

“Espero que llegue un ministro que le dé un giro a la política farmacéutica actual, de manera que Colombia, que es un país de ingresos medios-altos, pueda beneficiarse de las mejores tecnologías en salud de una manera inteligente y que contribuya a la sostenibilidad del sistema”, anota el vocero de las farmacéuticas extranjeras, Gustavo Morales.

NO A LA VÍA RÁPIDA 

Gustavo Morales reveló que la misma semana del 7 de agosto Afidro le pedirá a Duque que derogue el decreto 1782 del 2014, que permite el ingreso de biosimilares por la ‘vía rápida’, es decir, sin necesidad de arrancar de cero los estudios en humanos. “Eso le ha hecho mucho daño a la posición de Colombia en la industria farmacéutica global y volveríamos a una regulación biotecnológica muy rigurosa, que promueva la competencia, pero que no permita esto”, apuntó.

Afidro tampoco está de acuerdo con la regulación de precios, pero lo ve como algo insalvable debido a que es mandato legal, pero solicitará que se ajuste su aplicación, para que sea más predecible y “que la institucionalidad que respalde el control sea más confiable”. “La regulación actual dice que el control de precios debe publicarse en octubre para entrar a regir en enero. En las últimas dos tandas se ha hecho por fuera de esos tiempos y es imposible saber a qué atenerse”, se quejó Afidro.

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