El carbón sigue siendo un actor de primer orden en la economía del país –por su operación para la producción de grandes volúmenes– y es pieza clave en la generación de energía, como materia prima de la misma.
A pesar de haber registrado una reducción en la extracción del 8% en los primeros cinco meses del presente año, esta actividad mantendrá su papel protagónico en las próximas dos décadas como parte fundamental de la producción minera de Colombia.
(Lea: Cae la producción de carbón en los primeros meses del año)
Solo basta con mirar las cifras de exportación de minerales para establecer que en el inicio del 2018 se trazó una tendencia atípica, ya que las ventas externas crecieron en 20% y estuvieron jalonadas por el crecimiento del carbón térmico (40%) y coque (44%).
(Lea: Drummond ofrecerá hasta un 20% de su negocio de carbón)
“Las mayores ventas externas de carbón no encuentran relación alguna con la explotación del mineral y su explicación únicamente puede estar asociada a la actualización de registros administrativos de exportaciones de años anteriores, toda vez que no se han afectado inventarios de manera significativa”, resalta el último boletín económico y financiero de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
(Lea: Carbón gana terreno en la generación térmica)
Por su parte, para la Agencia Nacional de Minería (ANM), el principal cambio que está experimentando la operación carbonífera es la manera de hacer las cosas, ya que después de muchos años en que esta industria tuvo un perfil bajo, la institucionalidad con rigor y disciplina ha supervisado la aplicación de exigencias para las compañías que explotan este recurso.
En medio de los debates que diferentes sectores han dado por la huella social y ambiental del carbón, la autoridad minera señala que el sector minero, medido a través del PIB, ha crecido en promedio 6,4% cada año desde el 2000.
Así mismo, si se continúa con la dinámica en reformas, agilización de trámites, fiscalización e implementación de buenas prácticas, se logrará que la riqueza generada por el sector se traduzca en mayores recursos fiscales, más empleo y aumento del bienestar de las comunidades.
Para ello, el nuevo escenario a corto, mediano y largo plazo estará ligado a la implementación de las exigencias recientes de minería responsable y en la estructuración del proceso de adjudicación de áreas estratégicas de minería, más para la carbonífera.
“Estamos decididos en continuar por la ruta de la formalización y así seguir llevando a nuestros mineros hacía las buenas prácticas que deben distinguir a la minería bien hecha”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata.
Tanto la cartera minero-energética, como la Agencia Nacional de Minería, tienen proyectado para los próximos años continuar con el crecimiento sostenido en el nivel de inversión y, de paso, promover la minería responsable.
Datos de esa entidad indican que en el primer trimestre del 2018 se evidenció una recuperación de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector minero, toda vez que por cuarto trimestre consecutivo creció a una tasa cercana a su potencial actual de US$1.500 millones.
“La recuperación de la inversión minera viene dada principalmente por el sostenimiento de los precios internacionales de los commodities mineros, y también por el desarrollo de algunas minas que se encuentran en etapa de construcción y montaje”, indicó Santiago Ángel Urdinola, presidente de la ACM.
Al cierre del 2017, la producción de carbón registró una extracción de 89,4 millones de toneladas, un 1% menos que la de 2016, que reportó 90,5 millones de toneladas.
“Nuestra meta para carbón era de un mínimo base de 89 millones de toneladas, la cual cumplimos –en buena parte– por el trabajo articulado de la institucionalidad”, aseguró el jefe de la cartera minero-energética.
MINERÍA BIEN HECHA, RESULTADO POSITIVO PARA LAS REGIONES
En varios escenarios y ante diversos públicos, el viceministro de Minas, Carlos Cante Puentes, ha reiterado que se deben dejar consolidadas las bases que permitan el desarrollo de una minería bien hecha, fórmula para generar el progreso en los territorios locales y regionales.
El funcionario insiste en que la minería formal es una gran jalonadora del progreso social, cultural y ambiental para municipios y departamentos, ya que “concibe contraprestaciones como regalías e impuestos locales y nacionales, es dinamizadora de la economía local por las compras de insumos y servicios que se requieren en la actividad, y es generadora de empleos directos”.
Señaló, además, que los alcaldes y gobernadores deben incorporar la industria minera en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
Tanto el Ministerio de Minas y Energía como la Agencia Nacional de Minería (ANM) hacen énfasis en que existe gran diferencia de la minería formal con la explotación ilícita.
“La minería bien hecha está totalmente regulada, tiene muchos ojos vigilándola y fiscalizándola, como la autoridad minera, autoridades ambientales, el Ministerio de Trabajo, la Dian, la Contraloría, la Procuraduría, las autoridades territoriales, la ciudadanía y los medios de comunicación”, precisó Silvana Habib, presidenta de la ANM.
Para las entidades, los proyectos mineros formales minimizan el riesgo de explotaciones ilegales, que conllevan a la aparición de otros fenómenos como el uso de sustancias prohibidas como el mercurio, el deterioro de los recursos naturales, el trabajo infantil y/o el desplazamiento.
“Los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad deben materializarse en una ley, la cual permita establecer con mayor claridad las competencias de las partes involucradas; esto sin perder de vista el bienestar y desarrollo del municipio”, manifestó Germán Arce Zapata, ministro de Minas y Energía.
En Colombia existen 8.866 títulos mineros vigentes que representan solo el 3,8% del territorio nacional; de estos, 1.127 se encuentran en etapa de exploración, actividad en la cual de cada 1.000 prospectos, 100 se convierten en proyectos y solo uno llega a producción. El 90% de esta titulación se encuentra en manos de los colombianos y tan solo el 10% está bajo operación de compañías de capital extranjero.
