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Empleo

El papel del empleo en las elecciones presidenciales de 2018

Resulta necesario plantear en el debate electoral medidas concretas que contribuyan al diseño de una política pública para la corrección de las deficiencias del sistema laboral.

Elecciones

La corrección de los problemas de precariedad laboral, es decir, de inestabilidad en el trabajo, debe merecer especial atención en los programas de gobierno.

Archivo portafolio.co

POR:
Portafolio
enero 15 de 2018 - 08:33 p.m.
2018-01-15

La evaluación de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales presentados recientemente contienen en materia de empleo lugares comunes de creación de puestos de trabajo, reforma al sistema pensional y formalización laboral, como aforismos llenos de obviedades que no permiten identificar patrones de orientación de la política laboral de los candidatos.

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Resulta necesario plantear en el debate electoral medidas concretas que contribuyan al diseño de una política pública de intervención para la corrección de las deficiencias del sistema laboral en Colombia.

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Conviene empezar por incluir en los programas de gobierno (más allá del clásico objetivo electoral que apuesta por el aumento del número de ocupados), la estrategia de corrección de los elevados porcentajes de informalidad laboral (para octubre de 2017 alcazó el 47,7% según datos oficiales del DANE), incrementando la presencia estatal en materia de vigilancia, inspección y control laboral e invirtiendo el esquema de incentivos a la informalidad por estímulos a la formalidad, centrando la gestión del futuro gobierno en la medición y creación de trabajo decente de acuerdo con los estándares de la OIT.

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Es importante advertir que deben descartarse las propuestas de formalización espuria que consisten en la reducción de derechos para el aumento de los porcentajes de formalidad que conducen a supuestos de desprotección en la formalidad de muy difícil corrección, sin perjuicio de la regresión en derechos que viola el postulado constitucional de progresividad de las garantías sociales.

La corrección de los problemas de precariedad laboral, es decir, de inestabilidad en el trabajo, debe merecer especial atención en los programas de gobierno que, resulta deseable incluyan fórmulas de incentivos tributarios a la contratación laboral indefinida, que promuevan la estabilidad en el empleo, y privilegien la continuidad de los vínculos laborales para asegurar el acceso a los medios de subsistencia de los trabajadores.

Se echa de menos en las propuestas de las candidaturas la atención del problema estructural del sistema laboral en el mundo del denominado desempleo juvenil, que en Colombia alcanzó el 15,5% en el trimestre agosto – octubre de 2017, lo que demanda la corrección de los enlaces del sistema educativo y el mundo laboral, beneficios tributarios significativos por la contratación de menores de 28 años y profundización de los esquemas activos de colocación de jóvenes al sistema de relaciones laborales formales estables.

Las propuestas de los candidatos presidenciales coinciden en la necesidad de una reforma pensional que debe descartar las alternativas de eliminación progresiva del régimen público de prima media administrado por Colpensiones que, determinaría una bomba social, en función de la reducción del monto de la pensión en el régimen de ahorro individual, sin perjuicio de la eliminación de los pilares sobre los que se funda la idea de seguridad social y equilibrios financieros y actuariales corregibles por la vía de la formalización laboral, es decir, el aumento del número de cotizantes (actualmente sólo el 35% de la población ocupada cotiza al sistema de pensiones).

Es conveniente reenfocar el debate hacia una reforma al régimen de protección a la vejez tomando como referencia los pisos de protección social estructurados en la recomendación 202 de la OIT para aumentar progresivamente la cobertura del sistema de seguridad social en pensiones.

En general, los debates y propuestas sobre reforma pensional se centran en la pensión de vejez, eludiendo los necesarios ajustes al esquema de regulación de la pensión de invalidez que debe vincularse al sistema de inclusión laboral de personas con discapacidad, ajustes a la calificación del estado de invalidez y evaluación del sistema de revisión que desestimula la rehabilitación profesional.

La ausencia general de estrategias de fortalecimiento de la libertad sindical resulta preocupante, conviene considerarlas a través de políticas de desestigmatización y respeto del derecho de asociación sindical, rediseño de la negociación colectiva sectorial, y la regulación de servicios mínimos como limitante del ejercicio del derecho de huelga.

La identificación de los aspectos que más le preocupan a los colombianos en las diversas encuestas a propósito del debate electoral para el año 2018 evidencian en un tercer lugar con un 38% la situación de empleo que debe leerse globalmente más allá de encontrar un empleo que debe alinearse con los derechos en el trabajo, la garantía de estabilidad, protección social y respeto de derechos sindicales que demandan una agenda para la realización de asignaturas pendientes en materia de realización del trabajo en condiciones dignas y justas prometido en la Constitución Política.

Iván Daniel Jaramillo Jassir,
Investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario
Especial para Portafolio

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