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Economía

Exfuncionarios de Banco Agrario piden a entes de control el retiro de cargos por el caso Navelena

Aseguran que el pago de la deuda por $120.000 millones y los respectivos intereses corrientes y de mora, confirma que el préstamo estaba blindado, que no se configura el delito de administración desleal, del cual se les acusa y hoy son investigados.

Banco Agrario

Fiduoccidente cumplió el contrato y le giró al Banco Agrario el crédito y los intereses.

Édmer Tovar

POR:
Portafolio
noviembre 10 de 2017 - 01:17 a.m.
2017-11-10

Seis exfuncionarios del Banco Agrario de Colombia, retirados de sus cargos tras el sonado escándalo de un crédito por $120.000 millones otorgado a la firma Navelena, cuyo mayor accionista es la cuestionada multinacional brasileña Odebrecht, están a la espera de que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría reconozcan públicamente que la operación estaba blindada, que no hubo detrimento patrimonial y que tampoco se incurrió en el delito de ‘administración desleal’, del que se les acusa. Incluso, les recuerdan a estos tres organismos, que en su momento, el propio presidente del Banco, Luis Enrique Dussán, aseguró que se cumplieron todos los requisitos. El caso involucra además, a una exvicepresidenta que ya se había retirado de la institución financiera.

(Lea: Banco Agrario recuperó recursos prestados a Navelena, gracias a liquidación del contrato)

Sostienen que la prueba reina de que su actuación fue correcta, es que el pasado 13 de octubre el Banco no solo recuperó los $120.000 millones, sino $37.000 millones más, correspondientes a intereses corrientes y de mora, como quedó establecido al momento de hacer el desembolso de los recursos a la compañía constructora, que avanzaba en la etapa de preconstrucción y cierre financiero de las obras para la navegabilidad del río Magdalena.

(Lea: Concesionarios del río Magdalena, en cintura)

Los exfuncionarios piden no solo que se les retiren los cargos y se archive la investigación, sino que los organismos de control desmientan públicamente y, ante los medios de comunicación, las acusaciones de las que fueron objeto.

Su drama comenzó en diciembre de 2015 cuando, después de realizar un riguroso proceso que, según ellos, cumplió con los trámites de aprobación por parte de todas las instancias de autorización establecidas en el manual de políticas de crédito del Banco, incluyendo la junta directiva, la entidad procedió a desembolsar $120.000 millones al Consorcio Navelena. En efecto, las actas de los comités confirman que el monto estudiado, recomendado, aprobado y desembolsado correspondió siempre a $120.000 millones, y no a $100.000 millones como lo señalaron algunos medios.

La posición de los ex funcionarios es contundente: la operación se otorgó de manera correcta y no es cierto que se haya afectado la situación patrimonial del Banco. Sostienen que, desde el inicio, el crédito se encontraba debidamente garantizado mediante un contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y garantía. Además, aclaran que los extractos mensuales expedidos oportunamente por la fiduciaria, comprueban que previo al desembolso de los $120.000 millones en diciembre de 2015 y hasta octubre 13 de 2017, el valor de la garantía, fue siempre superior al monto del crédito otorgado.

Agregan que el servicio de la deuda provino exclusivamente de la autorización que diera Cormagdalena a Fiduoccidente de trasladar directamente al Banco Agrario de Colombia el valor del capital y los intereses adeudados al 13 de octubre 2017, con cargo al saldo disponible en las subcuentas de esquemas de financiación del fideicomiso, tal como lo contemplan tanto el contrato de fiducia como la APP, y no de recursos propios de Cormagdalena.

Sin embargo, tras los hechos de corrupción conocidos en Colombia a finales del mes de diciembre de 2016, no se pudo concretar el cierre financiero del proyecto, a pesar de contar con una carta de intención en firme, expedida por el Sumitomo Mitsui Banking Corporation, lo que finalmente llevó a la terminación anticipada del contrato a través de su caducidad por parte de Cormagdalena, en abril de 2017.

En concepto de los exfuncionarios vinculados a este escándalo, no es posible que se presente detrimento patrimonial, porque los recursos utilizados para los créditos, son depósitos captados de ahorradores y no del presupuesto general de la Nación.

Además, a cambio de haberse registrado pérdida de recursos, el banco aplicó durante seis meses la tasa de mora, lo que constituye un aporte a las utilidades de la entidad, que anualmente se trasladan al Ministerio de Hacienda, como principal accionista.

Agregan que, el mismo Banco Agrario fue afectado en su reputación, pues se dijo que la entidad había actuado de manera irregular, cuando en realidad, los hechos muestran todo lo contrario. Explican que en este caso, la operación le representó a la entidad un margen neto de más de $20.000 millones. Los perjuicios para el banco van desde el desestímulo a la demanda de crédito por parte de clientes y usuarios, hasta la dificultad en la vinculación de profesionales idóneos y con experiencia en el sector financiero, por temor a arriesgar su buen nombre.

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