Impuestos no ahuyentan la inversión: Fraser 56 | Finanzas | Economía | Portafolio
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Finanzas

Impuestos no ahuyentan la inversión: Fraser 56

Es curioso, por decir lo menos, que el ministro de Minas y Energía de Colombia, Carlos Rodado Noriega, haya anunciado en Canadá que el Gobierno está estudiando nuevos beneficios tributarios para las compañías, entre ellas las mineras, en el mismo momento en que el prestigioso Instituto Fraser divulgaba una encuesta según la cual los inversionistas y empresarios mineros no perciben que el régimen impositivo sea un obstáculo para sus actividades en el país.

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marzo 16 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-03-16

El comentario hecho por el ministro en la Feria Minera PDAC de Toronto, Canadá, el cual intentó ser corregido por él mismo a través de los medios locales, generó desconcierto entre su par de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, creó expectativas entre las compañías mineras reunidas en ese país y levantó una ola de inconformidad por la forma como se continúan feriando en el exterior nuestros Recursos Naturales No Renovables (RNNR). La organización Colombia Punto Medio había advertido sobre la inconveniencia de asistir y generar expectativas en este importante evento mundial, entre otras, por la enorme fragilidad de la institucionalidad minera, la politización del Ministerio de Minas y sus entidades adscritas, el nombramiento de recomendados en cargos técnicos y las denuncias por corrupción con títulos mineros en Ingeominas. ¿QUIÉN SE ESTÁ QUEJANDO? Es cierto que el año pasado algunos de los beneficios tributarios entregados por el ex presidente Álvaro Uribe a estas compañías, fueron eliminados por el actual Gobierno, cuya prioridad es reducir el déficit fiscal. Uno de los beneficios eliminados fue la exención del 30 por ciento en el impuesto de renta por la adquisición de activos fijos, que le significó al erario dejar de percibir unos dos billones de pesos. Según Rodado, las compañías mineras en Canadá rechazaron la cascada tributaria que castiga sus balances, a los cual él respondió que “lo que el Gobierno está pensando, analizando, es adoptar algunas medidas que puedan llegar a reducir las tarifas impositivas, especialmente para las corporaciones, tratando de igualarnos a las tarifas impositivas que se tienen en Chile, o en Perú”. Aunque recalcó que se trataba de una medida de carácter general, el anuncio hecho en un evento minero y ante representantes de compañías mineras, fue tomado como que el Gobierno viene analizando la adopción de nuevas medidas que alivien la carga tributaria que recae sobre este sector de la producción. Contradice la queja de los inversionistas mineros y los anuncios del Mnistro la encuesta entre compañías mineras 2010- 2011 (Survey of Mining Companies), publicada la semana anterior por el Fraser Institute de Canadá, según la cual ninguna compañía minera dejaría de invertir en Colombia por razones tributarias. Según la encuesta, el 12 por ciento de los inversionistas internacionales considera que el régimen tributario colombiano alienta la inversión; el 56 por ciento dice que no desestimula la misma, 27 por ciento dice que es medianamente disuasorio frente a la inversión; y ninguno cree que los impuestos ahuyenten a los capitales. Entonces para qué ofrecer una reducción de impuestos a unas compañías que no la están requiriendo y en un país que se fijó la meta de sanear sus finanzas públicas. Las averiguaciones indican que detrás de conseguir nuevos beneficios tributarios se encuentran algunas compañías con operaciones en Colombia, haciendo lobby a través de sus gremios de gran poder económico, y presionando para que la nueva reforma tributaria se acuerde de ellos. EL DEBATE ES AL CONTRARIO Resulta curioso también que compañías, que vienen obteniendo jugosas utilidades por los altos precios de los minerales en el mercado internacional, que operan en un país que ignora el costo y el valor estratégico de sus recursos, sostengan que un cambio en las reglas de juego puede llevarlas a revisar sus planes de inversión y a amenazar con que se van a países que ofrecen mejores condiciones. Las reglas del juego sí han cambiado. Pero las cambió el mercado internacional y el nuevo entorno amerita una discusión clara, abierta y transparente sobre estos temas. El alza de los precios internacionales de los minerales, el incremento de la producción de carbón, níquel y oro, las adquisiciones, los anuncios de ampliaciones y nuevas inversiones, el boom de títulos y de solicitudes para explorar y producir minerales en Colombia, han puesto nuevamente en discusión el bajo monto de las regalías, el régimen tributario aplicable a la minería y la participación del Estado por la explotación de nuestros Recursos Naturales No Renovables. Los países mineros en América Latina consolidaron su posición atrayendo en las décadas de los años sesenta y setenta a inversionistas internacionales con bajas regalías, condiciones tributarias competitivas y estabilidad jurídica. Hoy en día, las más importantes compañías mineras del mundo adelantan operaciones en la mayoría de los países de la región. Aunque en Colombia, algunas de estas compañías empezaron hace años actividad en el territorio nacional, como Cerrejón y Cerro Matoso; pero los problemas de orden público mantuvieron alejados a los inversionistas. Sólo ahora, después de que centenares de compatriotas han muerto para garantizar mejores niveles de seguridad y que los gobiernos han gastado millonarios recursos para enfrentar el conflicto interno, las compañías llegan en forma masiva para explorar y producir en la última frontera minera del continente. Así, con un entorno más seguro, pero con unas condiciones económicas obsoletas y rezagadas, se hace necesario debatir sobre el monto de la participación del Estado (Government Take), por la explotación de sus recursos. ¿QUÉ NOS QUEDA POR NUESTROS RNNR? Una de las primeras dificultades es que el Gobierno Nacional no tiene su propio estudio sobre el Government Take, para saber si está obteniendo una razonable compensación por sus recursos o si por el contrario continúa feriando el patrimonio natural de la generación de hoy y del futuro. Uno de los principales componentes de la participación del Estado es la regalía, es decir, la compensación por la explotación de unos recursos, cuyas reservas son limitadas y cuyo valor estratégico estamos lejos de entender. Los niveles son hoy bajos y su valoración corresponde a la de la década de los noventa: 10% para la gran minería del carbón y 4% para oro, para no hablar de las irrisorias regalías que pagan los titulares de los Reconocimiento de Propiedad Privada en el país y cuyo Decreto 1631 de 2006, el Consejo de Estado acaba de anular. De todas formas, si las regalías son bajas en otros países, allá ellos. - Impuestos y compensaciones El Government Take incluye también los impuestos que cobran las autoridades municipales, departamen- tales y nacionales. Sobra decir que el Gobierno colombiano es facilitador y no empresario a partir de la Ley 685 de 2001, y que por tanto no tiene partici- pación en las utilidades de ningún proyecto minero del país. Los impuestos que pagan las compañías mineras son significativos y presumimos su buena fe en el cumplimiento de esta obligación. Pero insisto en que el Estado no tiene las herramientas para valorar los recursos del subsuelo y por tanto genera a ciegas las condiciones económicas para que los privados los exploten, sin que la sociedad pueda sacar el mejor provecho de ellos y pierda al mismo tiempo toda gobernabilidad sobre el subsuelo y sus recursos. El otro problema es que las únicas cifras de Government Take son las que ventilan públicamente las empresas privadas y nadie sabe cómo están conformadas. Cerrejón señaló el año pasado que la participación del Estado por la explotación de carbón en La Guajira supera el 52%, mientras Greystar dijo hace dos semanas que, si llegará a explotar oro en el páramo de Santurbán, esta sería del 32%. ¿Por qué esa diferen- cia? Valdría la pena una aclaración pública. Como quiera que sea, lo que le queda hoy al país de ninguna manera se corres- ponde con los precios internacionales y las utilidades de las compañías mineras que, si bien son legítimas, no compensan la reducción del patrimonio natural, los impactos sociales y ambientales, y la afectación sobre la salud y la expectativa de vida de los colombianos. HELGON

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