Suponiendo que al final ese proyecto será aprobado por el Congreso de la República, me ha sorprendido observar el escepticismo con que se espera su real aplicación por parte de la mayoría de los actores. Sus limitaciones en lo real son múltiples y no sabe uno cómo se solucionarán. Veamos: todavía no se ha aprobado la ley y ya se han asesinado muchos de los líderes que dirigen los movimientos de recuperación de tierras. Más aún, algunos campesinos a los que se les han devuelto terrenos por parte del Ministerio de Agricultura y el Incoder, también han corrido la misma suerte. Aún no se inicia en forma el proceso y ya se multiplican los sepulcros. Son evidentes los nexos entre los políticos regionales y los narcotraficantes, con los paras o sus nuevas organizaciones en muchas zonas del país. ¿Qué pasará si en las nuevas elecciones regionales nuevamente triunfan sus candidatos, no sólo en las gobernaciones y alcaldías, sino en concejos y asambleas? ¿Será una nueva dicotomía entre los gobiernos regionales y el Gobierno Central? Como Director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, tuve la oportunidad de ser parte del análisis de los resultados sobre las encuestas a los desplazados para medir los alcances de cumplimiento del Gobierno a las sentencias de la Corte Constitucional. Dos respuestas fueron evidentes: La primera, que la gran mayoría de las familias de los desplazados no quieren volver a sus tierras, ya sea por temor o desarraigo. Los líderes de las familias en la mayoría de los casos fueron asesinados; los viejos por nostalgia quisieran volver y los niños y los jóvenes, hoy adolescentes o adultos, se integraron tanto a la pobreza de las ciudades, a su subcultura y al asistencialismo que en sus objetivos de vida no se encuentra el del regreso. La segunda, que el desplazamiento se ha convertido en una forma de vida. Es literal en aquellos que viven en permanente desplazamiento como resultado del papel que cumplen cuerpos de seguridad infiltrados u organizaciones delincuenciales paras que continúan amenazando y asesinando a los desplazados; o simplemente porque la sicología del desplazamiento y los subsidios hacen de esta condición una norma de subsistencia. Además, el galimatías jurídico y legal con el que las instituciones legitimaron el despojo, implicará la creación de un bloque de búsqueda e investigación que tendría profundas limitaciones en sus hallazgos y decisiones. Entre otras cosas por ausencia de testigos que se presenten en las regiones, ya muertos, o los demás sometidos al terror. Finalmente, ¿cómo se resolverán las contradicciones entre un esquema agrícola que prioriza la agricultura capitalista y unos recursos inmensos que serán necesarios para hacer sostenible el regreso? El reto es inconmensurable y las soluciones, hasta ahora, profundamente limitadas. Sin embargo, a pesar de todo, la ley es el inicio de un proceso que ojalá conduzca a reales y profundas modificaciones en la sociedad, la política y las instituciones. Parecería necesario para su implementación el acompañamiento de comisiones internacionales, con autoridad moral y legal. dgumañam@unal.edu.co HELGON
Finanzas
10 mar 2011 - 5:00 a. m.
La ley es un principio, falta lo demás
El proyecto de ley de restitución de tierras a los expoliados por los grupos paramilitares, la parapolítica y la guerrilla, busca en lo jurídico dotar de herramientas al Gobierno para restituir su patrimonio a todos aquellos que fueron víctimas de ese fenómeno.
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