Un total de 107.000 millones de pesos es la cuantía que el departamento del Valle dejó de percibir, tanto por rendimientos de la Industria de Licores del Valle como por impuestos no recaudados, por una supuesta ‘indebida’ gestión fiscal de esa entidad, la cual indica la Contraloría General la llevó a anunciar el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal contra los presuntos responsables.
La investigación realizada por este organismo de control, permitió establecer que la licorera suscribió un contrato para la distribución y comercialización de sus productos. Sin embargo, los resultados obtenidos impactan la situación fiscal del Valle, teniendo en cuenta que el incremento anual de las ventas viene en una tendencia decreciente, mientras que el Plan promocional adelantado -precisamente para aumentar las utilidades- ha crecido significativamente, lo que para la Contraloría va en detrimento del patrimonio público.
El bajo rendimiento de la licorera, según logró establecer el organismo de control, se evidencia en los resultados obtenidos a través del llamado plan promocional. En el 2008, por cada unidad vendida se regalaban dos para promoción; en el 2009 el incremento de las promociones fue visible, pues por cada unidad vendida, por encima de la meta proyectada, se empleaban siete para la campaña. En el 2010 el incremento de los regalos siguió, pues por cada botella que se pagó, se obsequiaron nueve. De acuerdo a la normatividad colombiana, el producto promocional no paga impuestos. Según la Contraloría, las ventas también decayeron. En el 2009, la baja fue de 9 por ciento y en el 2010 del 4 por ciento. Ante esta situación, la Contraloría inició un proceso de responsabilidad fiscal.
Exención de impuestos
El organismo de control encontró que en los planes de promoción de la Licorera del Valle pudo haber exenciones de impuestos que habrían afectado las finanzas del departamento por 59.828 millones de pesos.
Así mismo, la Contraloría General encontró que en un otrosí al contrato, con fecha del 23 de julio del año pasado, la empresa vallecaucana le otorgó un descuento adicional del ocho por ciento al distribuidor, lo que llevaría a un presunto detrimento de 47.403 millones de pesos del patrimonio público.
Para la Contraloría, gerentes y junta directiva actuaron de manera “negligente y sin el cuidado que les imponían sus funciones”.