Los transportadores están ad portas de dos subidas que no reportaban, al menos, desde hace un año: alza en el combustible y en los peajes.
Sobre el primero, los gremios de los transportadores se han reunido con el Gobierno Nacional en varias mesas de trabajo para buscar una solución, que, en su criterio, no afecte sus finanzas y no deje el precio del ACPM a la par del internacional.
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Para ello, han pedido cambiar la fórmula de la cual se compone el precio actual, sobre todo, de las ganancias de Ecopetrol. Con este reajuste, mencionan, se podrá tapar el hueco en el Fondo de Estabilización de Precios al Combustible (Fepc) por este combustible y adicional, el precio final no superará los $10.200.
Sin embargo, ante los ojos de los expertos, esta propuesta no sería buena a la economía, pues cobrar el diésel a precio ‘nacional’ elimina un costo de oportunidad para los productores.
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“En economía, vender un bien transable como lo son los combustibles, o cualquier otro similar, el café, el azúcar, los aceites, el maíz, el trigo, los textiles, el carbón, el níquel y el mismo petróleo, por debajo de sus costos de oportunidad y basado en su costo de producción se considera un subsidio”, –algo que se busca dejar de hacer–, menciona Julio Cesar Vera, presidente de Fundación XUA Energy.
Además, el experto aclara que el crudo que se utiliza principalmente para cargar las refinerías para producir los combustibles es principalmente el de las regalías y sería decirle a las regiones, y a los mismos inversionistas del sector, “que se les pagaría las regalías y su crudo a un menor precio, sobre la base del costo de producción y no sobre el precio internacional, lo cual no sería aceptable y en el caso de los inversionistas una señal en contra de la inversión”.
Aclara que hoy el país importa el 40% del precio de la gasolina y un 10% en promedio del diésel que debemos pagarlo a precio de paridad importación, que tiene como base el precio internacional y venderlo por debajo “no solo es un ingreso dejado de recibir, sino se requiere sacar la caja para pagar el producto al señalado precio”.
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Menciona que por tal motivo, la mejor decisión desde el punto de vista económico y fiscal es realizar los combustibles sobre los costos de oportunidad, “todo lo demás es simplemente una política económica artificial”.
Y si bien los países a través de sus políticas públicas deciden cómo aplicarla, y si quieren venderlos más caros o más baratos, “al productor o importador se le debe reconocer el costo de oportunidad y los Estados cubrir los diferenciales que se den”.
Diésel
iStock
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Ratifica que es bien escaso, que se extingue en el tiempo y que desarrollar políticas equivocadas “puede generar un consumo ineficiente, fenómenos de ilicitud y que terminen muchos ciudadanos de mejores condiciones económicas beneficiados por dichas políticas equivocadas, como está sucediendo hoy por ejemplo con los ciudadanos de estratos altos de la población y sus camionetas de alto cilíndraje a diésel”.
Sobre los impuestos, Vera explica que estos significan aproximadamente el 15% del precio final en el caso del ACPM y acorde o por debajo de los niveles internacionales de impuestos de países con políticas económicas similares a las de Colombia.
“Es decir, eliminar los impuestos a los combustibles significaría un ahorro en el precio final de $1.396 pesos por galón”, puntualiza.
Con la mira hacia lo que busca el Gobierno considera desde el punto de vista ambiental, “sería un error eliminar los impuestos a los combustibles”. Además, los impuestos, tienen como base fundamental la financiación de los sistemas de transporte masivo y el desarrollo de corredores viales, por lo cual “sería un error”.
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Vera explica que con precio internacional del diésel de US$2,68 dólares por galón, equivalente a US$112,8 dólares por barril y con una tasa de cambio de $3.999,91, el diferencial del precio del diésel frente al precio interno es de $6.269 pesos por galón, incluido el IVA, que con el consumo de diésel actual alrededor de 6,2 millones de galones por día, implicaría un subsidio para diciembre de $1,11 billones.
“Los aumentos, que se realicen a partir de febrero, permitirían reducir dicho diferencial y ahorrar cerca de $74.000 millones por mes, si los ajustes fueran de $400 pesos por mes. En dicho sentido, en 15 meses se equipararía el precio interno con el internacional”.
PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista Portafolio
