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Finanzas

Monopolio vs. acceso a los medicamentos

Recientemente, el ministro (e) de la Protección Social, Javier Gamboa, reveló que Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile trabajan en el diseño de una estrategia para la negociación de precios o compra conjunta de medicamentos de alto costo en la región.

POR:
marzo 08 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-03-08

La razón para esa acción de los seis andinos, según lo expresado por el Ministro (e) colombiano, es que “el problema de los abusos en los precios de los medicamentos de alto costo no es sólo un problema de Colombia, sino de toda la región”. Aparte de la corrupción, esos abusos son consecuencia de las prácticas monopólicas de los importadores y/o productores multinacionales de medicamentos, propiciadas por las patentes que les otorgan un monopolio legal y que impiden que las medicinas genéricas les compitan con bajos precios en el mercado local, y por obstáculos artificiales de orden técnico y seudo-científicos que logran establecer para bloquear el registro de medicamentos competidores en los organismos responsables de otorgar dichos registros. Esas consecuencias, reconocidas hoy por las autoridades sanitarias de los seis países, fueron advertidas hace varios años por centros de investigación, como Fedesarrollo y Asinfar. Además de las patentes, existe otra figura mal llamada ‘protección de datos de prueba’, mediante la cual también se impide que por un término de cinco años ingresen al mercado medicamentos genéricos competidores. Para lograr esa protección han utilizado toda clase de presiones y consiguieron la expedición, en el 2002, del Decreto 2085, que sustituyó ilegalmente el sistema dispuesto por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las normas de la Comunidad Andina, al punto que el Tribunal Andino de Justicia determinó que Colombia había incumplido el tratado de integración y ordenó la derogatoria del espurio decreto. Desde que fueron emitidas, el Gobierno colombiano y las empresas farmacéuticas nacionales han acatado rigurosamente las normas sobre competencia leal y propiedad intelectual de la OMC, como la protección de la información confidencial. Hay que insistir en que el Decreto 2085 no blinda esta información, sino que de manera artificiosa protege ilegalmente ‘datos de prueba’ que no tienen ese carácter. Los precios que resultan de esa protección en Colombia (patentes por 20 años y datos de prueba por 5), simplemente no se compadecen con la situación social y económica del país. Esos valores de monopolio, de acuerdo con estudios internacionales, sólo bajan cuando, por haber vencido la protección, ingresan al mercado los productos genéricos competidores. Esas y otras investigaciones demuestran que cuando vence la patente o la protección de datos, que es cuando pueden comercializarse las versiones genéricas, los precios del fármaco caen hasta un 80 por ciento, dependiendo del número de competidores que hagan presencia en el mercado, lo que facilita el acceso a estos bienes esenciales. Por eso, para proteger sus ganancias, las grandes farmacéuticas multinacionales buscan bloquear la presencia de los medicamentos genéricos. El punto es que, mientras llega ese momento, millones de personas en el mundo no tendrán acceso a esos medicamentos, bien porque ellas mismas no los pueden costear o porque sus sistemas de salud tampoco logran proveérselos. Su salud y hasta su vida están en grave riesgo. Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente mueren en el mundo en desarrollo alrededor de 28 millones de personas, la mitad por causa de enfermedades infecciosas tratables y la otra mitad por enfermedades no transmisibles para las cuales existen tratamientos, pero que por cualquier razón no llegan a la gente. América Latina no es excepción. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, de 563 millones de habitantes, 230 millones carecen de seguro de salud y 125 millones no tienen acceso a los servicios básicos de salud, lo que significa que una alta proporción de la población, en su mayoría en condiciones de pobreza y miseria, debe pagar los productos sanitarios de su bolsillo, y esto es imposible. Colombia tampoco es la excepción, ya que, a pesar de los esfuerzos por incrementar la cobertura del sistema de salud, una parte sustancial de la población carece de acceso suficiente a los medicamentos esenciales, porque no pertenece al sistema o porque este le niega los medicamentos que requiere o por los obstáculos a su atención. Para tener una idea del impacto que el Decreto 2085 ha tenido en el gasto en salud, basta recordar que el producto que más ha pesado en el gasto en medicamentos No POS –que tienen al sistema en la quiebra– en los tres últimos años, el Rituximab (mabthera® de Roche) es un producto protegido con exclusividad por 5 años, que ya expiraron, pero permitieron al fabricante conquistar el primer lugar en el mercado. Otros tres productos de los 20 primeros también han tenido protección de datos. Un estudio de la Federación Médica Colombiana indica que entre el 2007 y el 2009 el país perdió más de 70.000 millones de pesos por sobreprecios de sólo Rituximab. Adicionalmente calcula, con base en precios internacionales, que las ganancias de Roche con este producto por sobreprecios entre el 2008 y el 2010 superaron los 143.000 millones de pesos. El año pasado, según datos del Ministerio de la Protección, los recobros al Fosyga sumaron 2,35 billones de pesos, 600.000 millones más que en el 2009 y 1,4 billones más que en el 2008, aumentos que llevaron a la viceministra de Salud, Beatriz Londoño, a pedir investigaciones de la Contraloría y las Superintendencias de Industria y Comercio y Salud por inconsistencias en el renglón de medicamentos. Además, un documento del Ministerio de la Protección señala que la tendencia que traían los recobros al Fosyga los elevarían a tres billones de pesos este año y que llegarían a cuatro billones en el 2015. La mayoría de los productos relevantes en los recobros, como el Rituximab, son exclusivos y monopólicos debido, en algunos casos, a la protección de los equivocadamente denominados ‘datos de prueba’ y a las trabas de carácter administrativo y seudocientífico que ponen el Invima y su sala de medicamentos para que salgan al mercado productos genéricos. Esperamos que se subsanen con la nueva administración. Colombia, país en el que la influencia de ciertos intereses se ha hecho crecientemente mayor en el manejo de los negocios y de la salud, promulgó el Decreto 2085 en el marco de las negociaciones de las preferencias arancelarias y el ‘Plan Colombia’, bajo la amenaza de excluir al país de las primeras y reducir el segundo. También con el ánimo de ‘mostrar’ una actitud apropiada para conseguir un Tratado de Libre Comercio. Hoy no tenemos ni TLC ni preferencias arancelarias y las ayudas al Plan Colombia se han reducido significativamente. Algunas organizaciones de la sociedad civil han pedido al Gobierno que derogue tal Decreto, por razones de dignidad, pues las contraprestaciones negociadas con Estados Unidos a cambio de su expedición desaparecieron. Pero el hecho es que, aunque no hubieran desaparecido, el costo ha sido y continuará siendo indebidamente alto, tanto en dinero como, lo que es peor, en vidas y bienestar de los colombianos. helgon

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