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Finanzas

Pese a 3.795 entes de control, la corrupción sigue su marcha

Los organismos de control en Colombia abundan, pero la corrupción no da tregua.

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marzo 07 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-03-07

Mientras el país no para de hablar del robo de los dineros públicos, existen cerca de 4 mil oficinas de control para vigilar los recursos del Estado. Así mismo, hay 3.795 divisiones de control interno, creadas como retén contra los corruptos. A ellas se les agregan las instituciones de control fiscal de carácter nacional y departamental, que le cuestan anualmente al país unos 4,5 billones de pesos. No se trata de entes de poca monta. La Contraloría general es el principal organismo en ese sentido y cuenta con 32 gerencias departamentales. Además, existe una Auditoría General y 62 contralorías territoriales, entre departamentales, distritales y municipales. Pero no es todo. La lista de los organismos que vigilan, sancionan y defienden el patrimonio del Estado se vuelve interminable: Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, cada una con filiales y regionales. A ello hay que sumarle los organismos de la Rama Judicial que en materia de control e investigación deben poner su cuota. Para completar, hay 1.102 personerías -una por municipio- que también tienen la misión de estar con el ojo abierto ante cualquier irregularidad que intente lesionar los intereses del Estado. COSTO VS. RESULTADOS El costo de estos organismos para Colombia, según la Ley de Presupuesto del 2011, será superior a 4,5 billones de pesos. En contraste, los resultados, aunque distintos, no dejan de sorprender. Según datos suministrados por Elizabeth Úngar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, el desvío anual de recursos del Estado a bolsillos de los corruptos es de cerca 3,2 billones de pesos. El zar anticorrupción, Óscar Ortiz, subió la cifra a 4 billones de pesos, mientras que el auditor General, Iván Darío Gómez Ruiz, habla de 9,2 billones de pesos. El grado de recuperación de los recursos en riesgo de detrimento patrimonial es apenas de 0,8 por ciento (es decir, 8 pesos por cada 1.000 que han sido mal usados). Todo, debido a la falta de efectividad de los procesos de responsabilidad que, a la vigencia 2009, sumaban 10.296, por un monto cercano a los 3 billones de pesos, de acuerdo con estadísticas de la Auditoría. La situación ha hecho proponer el desmonte de las contralorías departamentales, pero el presidente del Consejo Nacional de Contralores, Iván Palacio García, opina que “el control fiscal territorial es necesario mantenerlo. Un Estado sin control es el camino más rápido para llegar a una tiranía. En Colombia tenemos 1.102 municipios y hay cobertura en el 95 por ciento de ellos. El control está operando de manera preventiva, si no existiera, el desangre sería mayor”. Con respecto a los escándalos por corrupción en los que se han visto envueltos los contralores, el representante del gremio aseguró: “Es cierto que hay varios casos lamentables, pero están en las personas. Lo que nosotros defendemos es la institucionalidad. Porque la Fiscalía haya llamado a versión libre a unos ministros, no hay que acabar con los ministerios. Si acaban de denunciar unos carruseles de nombramientos de magistrados auxiliares en el Consejo de la Judicatura, no hay que acabar el Consejo”. Palacio García señala que no es adecuado medir a las contralorías a través de un balance entre los recursos que tienen que recuperar y el gasto de funcionamiento de estos organismos. “Hay que sopesar también lo que se evita que se pierda por el mal manejo de recursos”. Para la Contraloría General también es clave tener en cuenta los beneficios del proceso auditor, el cual, según estadísticas de este organismo, tuvo un mejoramiento visible con la llegada de la contralora Sandra Morelli. “En el año 2010, respecto al presupuesto ejecutado de la Contraloría, por 299.856 millones de pesos, se recuperaron 0,19 pesos. En lo corrido del 2011, de 36.125 millones de pesos del presupuesto ejecutado hasta la fecha, se ha recuperado 1,94 pesos. Sólo en dos meses el aumento de las recuperaciones equivale a 1,75 pesos, lo cual se deriva del ejercicio auditor en el sector de Infraestructura”, señala una fuente del ente fiscalizador. - El sector privado también tiene responsabilidad Para la directora de Trans- parencia por Colombia, en este tema no hay que dejar por fuera al sector privado. “Aquí aplica el dicho de que es tan corrompido el que corrompe como el que se deja corromper”. La última encuesta sobre soborno que realizó esta corporación muestra que el 80 por ciento de los empresarios considera que en los negocios en los que se mueven es común la práctica del soborno, y para prevenirlo sólo el 25 por ciento dice haber hecho algo. La firma de investigaciones Kroll también se ocupó del tema y encontró que, entre el 2009 y el 2010, el 94 por ciento de las compañías colombianas había sido afectadas por algún tipo de fraude. Por su parte, el auditor General, Iván Darío Gómez afirma: “la corrup- ción crece, como una bola de fuego y cada vez de manera más sofisticada, mientras los organismos de control le piden al Congreso que apruebe una reforma que tenga verdaderos dientes. En definitiva, nosotros como organismos de vigilancia andamos en carros de piedra y los corruptos en autos fantásticos”.HELGON

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