Muchos se escandalizan al oír el término porque trae a la memoria el modelo de sustitución de importaciones aplicado en los 60 y 70, considerado agotado como modelo de desarrollo. Otros lo malinterpretan al asociarlo con una política que privilegia al sector industrial sobre los otros ramos. Lo cierto es que si uno excava detrás de los milagros económicos de los últimos 50 años, encontrará algún tipo de política industrial. Por tanto, el país no puede prescindir de una política industrial de nueva generación como uno de los componentes de su agenda de competitividad. Ahora bien, ¿qué debemos entender como política industrial de nueva generación? Se trata de una política en la que se definen agendas público-privadas enfocadas en resolver cuellos de botella que pueden estar limitando la productividad de sectores a los que el país haya decidido apostarle. Todo con el fin de buscar un cambio estructural en la fisonomía del aparato productivo que redunde en más niveles de crecimiento de largo plazo. El profesor Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard, acaba de escribir un artículo en el que provee argumentos adicionales para que un país como Colombia se embarque en una agenda de política industrial. De acuerdo a Rodrik, existen dos tipos de cambio estructural: uno bueno y uno malo. El bueno es aquel en el que el país logra recomponer su estructura productiva hacia sectores más productivos, y el malo es aquel en el que ocurre lo contrario. El autor encuentra que los países que tienen ventajas comparativas en la producción de productos primarios, aquellos que sufren procesos de sobrevaloración de sus monedas, y los que tienen mercados laborales inflexibles, tienden a irse por el mal camino. Precisamente, dice que en el caso de Colombia ha habido una reducción de 0,34% en la productividad entre 1990 y 2005, debido a la recomposición de la economía hacia sectores menos productivos, usualmente sectores informales. El país se encuentra ad portas de un potencial boom minero-energético y acabamos de recibir el tan anhelado grado de inversión con las presiones revaluacionistas que esto último puede acarrear. De no adoptar una profunda política industrial que apunte a la diversificación del aparato productivo hacia sectores de mayor productividad, podríamos terminar aumentando la concentración de nuestra economía en la producción de bienes primarios, con los efectos negativos que esto tendría sobre el crecimiento de largo plazo. La política de competitividad del país está compuesta de un componente horizontal y de uno vertical (o política industrial). Hasta hoy, se ha concentrado en la implementación de la agenda horizontal, que incluye elementos como la agenda en materia de informalidad, transporte y logística, y en materia financiera y de justicia. Llegó el momento de profundizar el componente vertical. Existen algunos gérmenes a partir de los cuales ya se está trabajando. Por un lado está el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, que apunta a convertir 12 ramos en sectores de talla mundial, y por otro, las locomotoras del presidente Santos. Existe además una amplia oferta del Gobierno en materia de agencias, programas y espacios interinstitucionales que deben ser articulados bajo una política industrial. También tenemos unas Comisiones Regionales de Competitividad prestas a desarrollar el trabajo que deberá hacerse a nivel local. En fin, el debate ya no es si debemos o no adentrarnos en la implementación de una política industrial. El trabajo ahora está concentrado en definir su alcance, la institucionalidad requerida, la forma en que la llevaremos a las regiones, y los proyectos de inversión pública y privada que necesitarán las apuestas del país. mllinas@compite.com.co helgon
