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Finanzas

Rebelión en Estados Unidos contra regulación de gases invernadero

Grupos del sector privado buscan bloquear la gestión del Gobierno estadounidense, que pone límites a

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marzo 03 de 2011 - 11:53 p.m.
2011-03-03

Numerosos grupos del sector privado, con el apoyo de algunos legisladores, han desplegado una amplia campaña para evitar que el Gobierno del presidente Barack Obama regule la contaminación del aire, buena parte de la cual es responsable del creciente calentamiento global.

Los opositores a las nuevas normas que se propone establecer la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para colocar límites a las emisiones de gases invernadero, como el CO2, han echado mano a todo tipo de argumentos y maniobras, señalando que, de aplicarse la regulación, ocasionará resultados “devastadores” para la economía del país.

Una de las maniobras más osadas tiene que ver con las acciones de tipo legal llevadas hasta la instancia de la Corte Suprema, sustentando que dicha entidad del Estado no tiene autoridad para regular los llamados gases invernadero. Hasta se ha llegado a afirmar, en algunos casos, que dichas emisiones no son contaminantes y, por el contrario, hacen parte natural del ecosistema. Sin embargo, el alto tribunal desatendió tales planteamientos y dio a la EPA luz verde para regular la materia.

La EPA procedió, entonces, a actualizar la Ley del Aire Limpio, vigente desde los años 80, con el fin de establecer límites para la emisión de contaminantes a la industria manufacturera, las plantas térmicas de generación eléctrica, el sector petroquímico y el agro, pero de inmediato los opositores se lanzaron a obstaculizar el proceso, formulando observaciones con puntos de vista extremos, como aquel de que si en China e India contaminan, aquí hay que seguir contaminando, pues de lo contrario las empresas estadounidenses perderán competitividad a nivel mundial.

En el mismo sentido se ha llegado a sostener que dicha ley jamás se hizo para controlar los gases contaminantes, sino solamente para regular el “smog y la lluvia ácida” en la atmósfera y no los gases que afecten la capa de ozono.

Ante dicha posición, liderada entre otros dentro del poder legislativo, por el representante republicano de Michigan, Fred Upton, la Directora de la Agencia Ambiental, Lisa Jackson, quien es máster en Ingeniería Química de la Universidad de Princeton y quien trabajó durante 20 años en el Departamento del Medio Ambiente en el Estado de New Jersey, sostuvo que asumir ese tipo de actitudes es desconocer la evidencia científica sobre los daños que causa dicha contaminación no sólo sobre el ambiente, sino sobre la salud humana.

Indicó que las regulaciones que se buscan imponer son benéficas para toda la sociedad y el costo económico en que tienen que incurrir los sectores que no han entrado a la era de las tecnologías limpias, es bastante menor frente a los enormes beneficios que se obtendrán en términos de salud pública y recuperación del medio ambiente.

En resumen, la nueva norma establece que, a partir del 2016, toda empresa que emita más de 50.000 toneladas anuales de gases de efecto invernadero (GHG) -el equivalente de 100.000 barriles de petróleo-, debe cumplir ciertos requisitos y ser objeto de monitoreo por parte de la autoridad ambiental.

En ese sentido, el decano de Salud Pública de la Universidad de Washington y miembro de la Asociación Americana de Salud Pública, Lynn Goldman, sostiene que si Estados Unidos ha sido líder en contaminación, también tiene que ser líder en ayudar a resolver el problema. Reveló que gracias a las nuevas regulaciones de la EPA para los carros, el país logrará reducir las emisiones contaminantes en un 35 por ciento.

De otro lado, el fiscal del Estado de Texas, Greg Abbot, afirmó que la EPA es arbitraria y sobrepasa su autoridad, al tiempo que no puede demostrar en que niveles la contaminación pone en peligro la salud pública. Abogó por que sean legisladores elegidos por el pueblo quienes diseñen una política especial para los gases invernadero.

El empresario petrolero Steve Counsins, de Lion Oil de Arkansas, dijo que los controles anunciados han paralizado la ampliación de su refinería y advirtió que es necesario competir en igualdad de condiciones con otros países que procesan petróleo.

A su vez, el directivo de la Corporación Americana del Acero, Fred Harnak, señaló que los gases invernadero no caben en una Ley de Aire Limpio y, además, su regulación es contraproducente para la generación de empleo, que tanto requiere este país.

El representante de los agricultores de Illinois, Philip Nelson, reveló que los controles anticontaminantes tendrán un costo de 175 dólares por cada vaca lechera; la contaminación se reducirá muy poco, pero en cambio se perderán muchos empleos, anotó.

Entre tanto, con las pocas herramientas con que cuenta la administración ambiental y de justicia, durante el último año y medio, el Gobierno ha impuesto las más altas sanciones de la historia. La más sustanciosa recayó el año pasado, sobre la refinadora de cobre Asarco, por 1.700 millones de dólares. La más reciente fue impuesta al complejo de refinación de petróleo de Hovensa, en Islas Vírgenes, propiedad de las compañías Hess y Pdvsa, por un valor de 700 millones de dólares.

175 dólares por cada vaca lechera, será el costo por los nuevos controles anticontaminantes. Los granjeros se quejan.

35 por ciento se reducirán las emisiones contaminantes en Estados Unidos, gracias a las nuevas regulaciones de la EPA.

 

 

GERMÁN DUQUE

Especial para PORTAFOLIO

Miami.

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