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Finanzas

Así será la apuesta del Gobierno en la Orinoquia; se restituirán 77 mil hectáreas

Invertirá $ 1,4 billones en la vía Puerto Gaitán-Puerto Carreño, electrificará la región y revisará

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marzo 10 de 2011 - 02:01 a.m.
2011-03-10

Forest First, una de las empresas reforestadoras más grandes de EE.UU., le notificó al Gobierno Santos su interés en desarrollar un proyecto de más de 10 mil hectáreas entre Arauca y Vichada. El gran obstáculo que la multinacional ve es el mismo que por décadas ha afectado a los campesinos de la zona y a los inversionistas locales: la falta de vías, electrificación y normatividad en una región catalogada como la última frontera agrícola que le queda al país. La respuesta del Gobierno a estas inquietudes se conocerán hoy cuando el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, revele las bases de la estrategia de desarrollo para la Orinoquia, que ya echó a andar la administración Santos. Uno de los anuncios de Restrepo es que se busca que quede aprobado en el Plan de Desarrollo –que hace trámite en el Congreso– la construcción de la vía que unirá al Meta con el Vichada y que facilitará la importación y la exportación de carga por Venezuela. El costo de esta obra asciende a 1,4 billones de pesos e irá de la mano con un proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Meta, que atraviesa los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada y que en el 2000 fue tasado en 40 mil millones de pesos. También se estudia la electrificación total de la región que hoy tiene una baja densidad de población combinada con altos niveles de pobreza. El escenario que Restrepo eligió para hacer estos anuncios –la polémica hacienda Carimagua (Meta)– también es parte fundamental de la estrategia gubernamental. ‘La tierra sí sirve’ En el 2008, EL TIEMPO denunció que aunque ese predio había sido destinado a desplazados, iba a ser adjudicado a un grupo de empresarios por 50 años (Ver: ‘Se salvó la hacienda Carimagua’). El argumento de funcionarios del Gobierno Uribe para ese abrupto cambio fue la acidez del suelo, no apto para cultivos campesinos. No obstante, se acaba de firmar un convenio entre Corpoíca y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) para que se destinen 4.500 hectáreas de Carimagua a la investigación de cultivos de forestales (como pino y eucalipto) y de caña de azúcar, soya, sorgo y pancoger. “En Brasil ya hay experiencias exitosas en la recuperación de este tipo de suelos, a través de la cal, que reconstruye la capa vegetal en cuatro años”, explica Restrepo y agrega que la finca La Fazenda (Meta) ya tiene resultados positivos en este campo. También se anunciará la restitución de 77 mil hectáreas de baldíos de la Nación, en el municipio de La Primavera (Vichada) –el doble del área urbana de Bogotá– que el Incoder adjudicó ilegalmente. Restitución masiva Además de las parcelas entregadas al círculo de empleados y amigos del ex senador Habib Merheg y del paramilitar alias ‘Macaco’, esa restitución incluye 15 mil hectáreas del predio Guaracú, en Mapiripán, Meta. Este terreno, del que se había apropiado el narcoparamilitar Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’, fue entregado irregularmente con la ayuda de funcionarios de la oficina de registro de San Martín (Meta), que ya están denunciados penalmente. De hecho, el Gobierno planea revisar todas las adjudicaciones y compras realizadas en la región para descartar ilícitos de este tipo. “Si hay abuso de acaparamiento u otras conductas ilícitas se reversarán y judicializarán”, anunció Restrepo (Ver: ¿Quiénes son los dueños...?’). Sin embargo, el Ministro también anunciará que el Gobierno está dispuesto a flexibilizar la norma que establece límites en la adjudicación de tierra –en el Vichada son 1.294 hectáreas– si los proyectos productivos tienen como socios a campesinos, acreditan nueva tecnología, exportaciones futuras y responsabilidad ambiental. “Esta es la gran apuesta del Gobierno en la altillanura”, puntualiza Restrepo.

Se salvó la hacienda Carimagua
En febrero del 2008, EL TIEMPO denunció que las 17 mil hectáreas del predio Carimagua (Meta) que el Gobierno Uribe les había prometido a 80 familias de desplazados por la violencia, iban a quedar en manos de privados hasta el año 2058.
Efectivamente, un acuerdo firmado por Incoder le cambió la destinación al predio, argumentando que los campesinos no lo podían explotar por sus suelos ácidos, porque estaba lejos de cualquier casco urbano y no había infraestructura para desarrollar proyectos productivos.
Tres años después de la polémica –que incluso desencadenó en una propuesta de moción de censura contra el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias– el Gobierno Santos les entregará esas 17 mil hectáreas a 600 familias de desplazados, asociadas en una empresa agroindustrial para desarrollar palma y ganadería.
Según el proyecto, se contará con el apoyo de Fedegán y de Indupalma para hacerle acompañamiento a este grupo de familias y garantizar la productividad de las actividades que se emprenderán.
La elección de las familias está a cargo del Incoder que ya había seleccionado 80.
“La idea es convertir a Carimagua en una especie de laboratorio de este tipo de proyectos y replicar este positivo ‘modelo Carimagua’ en toda la Orinoquia”, explicó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
Una parte del predio –que cuenta con pista de aterrizaje– continuará en manos del Ejército Nacional para garantizar la seguridad de la región. Y el resto estará en manos de Corpoíca para el desarrollo de investigaciones.

 ¿Quiénes son los dueños del Llano?
El Gobierno Nacional se dispone a hacer un barrido a las compras de tierra que se han registrado en la Orinoquia en los últimos años. El propósito es descartar adquisiciones ilegales –por encima de las hectáreas permitidas– o acaparamientos abusivos, que llevarían a una reversión inmediata de las transacciones. Según cálculos oficiales, hay cerca de 7 millones de hectáreas disponibles, de las cuales 4,5 millones pueden ser usadas para la producción de alimentos. El resto corresponde a zonas protegidas, que serán recuperadas. La urgencia del censo radica en la necesidad de brindar seguridad a inversionistas que le están apostando a la región. Al respecto, el presidente de Fedepalma, Jens Mesa, advirtió en el 2008 la presencia de dinero del narcotráfico en la zona: “La corrupción necesita ser lavada, las tierras han servido como instrumento y la Orinoquia no se escapa”. En la zona ya hacen presencia el empresario Alejandro Santo Domingo, quien tiene un proyecto de siembra de soya y maíz. También incursionó el Grupo Empresarial Aliar (de Jaime Liévano y la firma Contegral), con inversiones cercanas a los 200 mil millones de pesos.
Corficolombiana, de Luis Carlos Sarmiento, ha invertido especialmente en caucho y palma.
Por otro lado, seis multinacionales de alimentos –como Mónica Colombia, que ya cuenta con cerca de 13.000 hectáreas de soya y maíz–, tienen planes para invertir en la zona y desde hace más de dos décadas está afincada en la región la firma Manuelita, con más de 20.000 hectáreas de palma.
 

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