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Los viejos desafíos de la nueva cartera laboral

La implementación de los acuerdos de paz, constituye el principal reto que en lo laboral se centra en el compromiso de formalización laboral rural.

Griselda Janeth Restrepo Gallego, Ministra de Trabajo

Griselda Janeth Restrepo Gallego, Ministra de Trabajo, con el presidente Juan Manuel Santos.

Cortesía Mintrabajo

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Portafolio
mayo 11 de 2017 - 03:49 p.m.
2017-05-11

Como era previsible Clara López Obregón renunció al Ministerio del Trabajo para dedicarse de lleno a la carrera presidencial abriendo paso a la designación de Griselda Janeth Restrepo Gallego como nueva titular de la cartera laboral.

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Los desafíos de la recién nombrada ministra están ligados a los proyectos que vienen desarrollándose en materia laboral bajo el liderazgo del ejecutivo de cara a la terminación del mandato del presidente Juan Manuel Santos en agosto de 2018.

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La implementación de los acuerdos de paz, constituye el principal reto que en lo laboral se centra en el compromiso de formalización laboral rural que debe articularse bajo la estructura de los pisos de protección social, que derivan de la Recomendación 202 de la Organización Internacional del Trabajo que extiendan a lo agrario las garantías de: acceso al servicio de salud esencial, protección a la niñez, seguridad en el ingreso de la población activa rural en casos de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez, y seguridad básica en el ingreso para las personas de edad.

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De la misma manera, el Ministerio del Trabajo debe reforzar la formulación de lineamientos para el diseño normativo de la promoción de la participación ciudadana y las garantías para el ejercicio del derecho a la movilización política y protesta social, que emanan de los compromisos en materia de participación política.

En este contexto, resulta necesario impulsar la regulación de los servicios mínimos en que está prohibido el ejercicio del derecho de huelga habilitando el cese colectivo parcial en entidades de servicios públicos esenciales, garantizando servicios mínimos en consonancia con las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical.

Como complemento, debe darse continuidad a la ruta de concertación del paquete de iniciativas de regulación en materia de respeto de los derechos de libertad sindical, que deben seguir la ruta de la concertación que incorpora el proyecto de ley relativo a la prohibición de suscripción de pactos colectivos en empresas con trabajadores afiliados a una organización sindical, el proyecto de decreto que regula la negociación colectiva por rama de actividad, el proyecto de ley sobre la política pública de trabajo decente y el proyecto de decreto sobre representatividad sindical.

De la misma manera, en cumplimiento de lo ordenado el pasado 17 de marzo por el Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente las principales medidas contenidas en el decreto 583 de 2016 sobre tercerización laboral, el Ministerio deberá profundizar las actividades de inspección, vigilancia y control de las restricciones a la externalización empresarial para garantizar el ejercicio de derechos individuales y colectivos tendencialmente lesionados en los esquemas de tercerización que habilitaba la norma suspendida.

En el mismo sentido, corresponderá a la cartera laboral el diseño de la estrategia de cumplimiento de las directrices dadas por la sección segunda del Consejo de Estado, en lo concerniente al respeto de los límites legales y constitucionales en los escenarios de fijación unilateral del salario mínimo desconocidos en el año 2016, que determinó la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que deberá ser corregida en el procedimiento de determinación del salario mínimo para el año 2018.

Dada la coyuntura política, resulta poco factible la presentación de la reforma al sistema pensional que resulta previsible sea tarea del siguiente gobierno, no obstante el Ministerio del Trabajo deberá participar del debate al interior de la Comisión de Gasto Público, en la que se ventilarán las iniciativas de corrección financiera del régimen pensional, dado el compromiso pensional que comporta 38 billones del presupuesto nacional.

De cualquier forma, resulta necesario mantener el liderazgo en la consolidación y extensión de cobertura de los programas asistenciales no pensionales de Beneficios Económicos Periódicos y Colombia Mayor cuidando los incentivos a la formalización laboral.

De cara al último año del gobierno, el trámite de las iniciativas que derivan de las promesas de campaña de reelección en que se asumió el compromiso de recomponer la jornada nocturna desde las 6:00 p.m., el restablecimiento del recargo por trabajo en dominical y festivos, y la reducción del 12% al 4% de los aportes a salud de las mesadas pensionales.

Resulta determinante en la gestión de las iniciativas de intervención legislativa y las actividades de inspección, vigilancia y control mantener el respeto y promoción del diálogo social como factor de inclusión de los sujetos de representación laboral en cabeza de los gremios empresariales y las organizaciones sindicales.

Más allá de las dificultades del período pre-electoral y la finalización del período gubernamental, los desafíos de la cartera laboral son mayúsculos centrados en el cumplimiento de los acuerdos de paz y los compromisos de campaña que serán valorados al momento de evaluar la gestión del gobierno Santos al finalizar su mandato.

Iván Daniel Jaramillo Jassir,
investigador del Observatorio Laboral
de la Universidad del Rosario