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Martes 21 de Octubre 2014

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10:03 pm

Impacto económico de la destitución de Petro

En cuestión de días debería producirse su salida y el nombramiento de un encargado de la Alcaldía.

El alcalde deberá dejar el cargo cuando el presidente Santos firme el decreto de su destitución e inhabilidad.

Foto: Archivo Portafolio.co

La destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no solamente tendrá efectos políticos sino económicos y sociales, con repercusiones positivas y negativas.

Los expertos aseguran que el impacto de la salida del mandatario distrital dependerá de quién lo reemplace, tras las elecciones a las que deberá convocar el presidente Juan Manuel Santos.

En efecto, las implicaciones económicas y sociales sobre la ciudad tienen que ver con el programa de vivienda gratis del Gobierno, el cual podría destrabarse, ya que, de un cupo de 9.000 unidades, Petro solo aportó los terrenos para unas 4.000.

Jorge Enrique Gómez, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, sostiene que otro de los aspectos que está por definirse es la suerte del Plan de Ordenamiento Territorial, que tiene frenados muchos proyectos de infraestructura, especialmente de vivienda.

Así mismo, quedaría en entredicho el modelo público de recolección de basuras, precisamente el que generó los problemas que ocasionaron la destitución del mandatario distrital.

Algunos consideran que la capital del país podría enderezar la situación generada por el Plan de Ordenamiento Territorial, la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que incluyen la construcción del metrocable y los estudios del metro. A ello se suma la expectativa por programas sociales como el suministro gratuito de agua para estratos 1 y 2, y los Centros de Atención Médica para Drogodependientes (Camad).

RATIFICACIÓN DEL FALLO

La Procuraduría confirmó ayer el fallo de destitución e inhabilitación por 15 años contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

La Sala Disciplinaria de la Procuraduría anunció esta decisión que confirma el fallo del pasado 9 de diciembre de 2013.

La entidad “encontró disciplinariamente responsable al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en su condición de alcalde mayor de Bogotá, por la realización de tres faltas gravísimas en la implementación del nuevo modelo de aseo en la ciudad de Bogotá” en diciembre de 2012.

El alcalde había interpuesto el pasado 31 de diciembre un recurso de reposición de esa decisión, que ha considerado un “golpe de Estado” del procurador general, Alejandro Ordóñez, por motivos ideológicos y políticos.

Petro también había recusado a Ordóñez y a dos viceprocuradores de la Sala Disciplinaria para apartarlos del caso, al opinar que habían tomado esa decisión de forma parcial, afirmación rechazada por los tres involucrados.

El Procurador tendrá ahora que comunicar esta decisión al presidente Juan Manuel Santos, quien es el funcionario competente para la ejecución de la sanción según el Código Disciplinario Único y a cuyo cargo está mantener o no la destitución e inhabilidad.

LO QUE SIGUE PARA PETRO

Lo que más espera el Alcalde destituido es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pida medidas cautelares a su favor, tal como las solicitó durante un viaje a Washington (EE. UU.) en diciembre pasado.

Aunque existen pocos antecedentes de medidas cautelares para proteger derechos políticos (se otorgan para proteger el derecho a la vida ante amenazas a la integridad física), los asesores del destituido Alcalde han argumentado un daño irreparable al mandatario con la decisión de la Procuraduría.

Las medidas cautelares se votan en el seno de la CIDH y, por ahora, lo único que se ha conocido por parte de ese organismo del Sistema Interamericano es una solicitud de más información al Estado colombiano sobre el proceso y el derecho a la defensa. La Cancillería envió la información a Washington.

Ordóñez advirtió que las normas de la CIDH no son vinculantes: “Ellos no pueden ordenar a ningún Estado. Pueden solicitar. El sistema interamericano de justicia es complementario no alternativo”.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

Si la CIDH niega las medidas, la estrategia de Petro, que ya puso en marcha, es que su caso sea revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí, los procesos pueden tardar entre 4 y 7 años.

La tesis central es que el fallo de la Procuraduría viola el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que los derechos políticos (inhabilidad para ejercer cargos públicos) solo pueden ser restringidos por sentencia judicial.

Otro camino está en una acción de nulidad del fallo de la Procuraduría ante el Consejo de Estado, con una solicitud para que se suspendan temporalmente los efectos de la decisión de la Procuraduría.

A NOMBRAR ENCARGADO

Notificado del fallo de segunda instancia de la Procuraduría, el presidente de la República Juan Manuel Santos, como lo ha señalado, acatará la decisión, contrario a lo que sostienen Petro y algunos de sus asesores.

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, ha dejado en claro que el Gobierno no interferirá y hará efectiva la medida tomada por la Procuraduría.

De manera inmediata, y para no generar un vacío de poder, Santos deberá entrar a evaluar el nombre de la persona que estará encargada de la Administración Distrital, mientras se organizan y convocan elecciones atípicas en un periodo de dos meses, una tarea que recaerá en manos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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