Como parte de sus labores de control la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) detectó una situación que calificó como preocupante, pues cerca de 10.095 trabajadores del sector público y otros 3.302 contratistas o proveedores del Estado, son deudores morosos u omisos en materia tributaria.
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La mayoría de estos funcionarios deudores trabajan en los entes territoriales, como alcaldías, gobernaciones, institutos descentralizados y corporaciones autónomas, entre otras. Allí se concentra el 42% de los morosos. En las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas de servicios públicos, las universidades, empresas mixtas y empresas sociales del Estado también se concentra parte importante de los morosos y omisos. En total, la deuda de los servidores públicos supera los 62.000 millones de pesos.
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Solo en lo referente a la declaración de renta, la Dian encontró que más de 36.000 funcionarios que deberían haberla presentado no lo han hecho.
Al igual que se hace con cualquier ciudadano o empresario del sector privado, la autoridad tributaria iniciará los procesos pertinentes para la recuperación de estas deudas, con acciones de cobro que podrán llegar hasta el embargo de salarios, bienes y demás acciones propias de la jurisdicción coactiva.
En este sentido las direcciones seccionales de la Dian en todo el país ya están contactando a cada una de las entidades donde se encuentran ubicados estos funcionarios y proveedores, con el fin de generar cultura de la tributación y del cumplimiento de las obligaciones fiscales, asegura la entidad.
Al ser servidores públicos, los morosos pueden ser reportados ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de sus entidades o ante la Procuraduría General de la Nación, para que se inicien las acciones disciplinarias a que haya lugar. Por su parte, los funcionarios omisos podrían estar incurriendo en falta gravísima de conformidad con lo establecido en la misma Ley.
A esto se suman los altos intereses a los que están expuestos los morosos (29.02% para el mes de marzo) y las posibles medidas cautelares que en casos extremos pueden llegar hasta el remate de bienes.
