Infraestructura

Reversarán propiedad por licencias de construcción falsas

En un primer barrido, la Supernotariado, encontró más de 70 trámites viciados, cuyo registro será anulado, según anunció Jairo Mesa.

Cartagena Edificio

Infraestructura Por: Portafolio

En solo dos semanas y apenas con una revisión somera de documentos que reposan en las páginas web de algunas oficinas públicas, un grupo élite de la Superintendencia de Notariado y Registro ha hallado más de 70 licencias de construcción falsas.

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Jairo Mesa, jefe de esa entidad, que asumió la supervisión de las curadurías desde el 14 de julio, informó que a partir de ayer la pesquisa se amplió a todo el país y ya no se limitará a internet, sino que abogados especializados harán un barrido minucioso con visitas a las 72 oficinas de este tipo que existen en el territorio nacional. La meta es entregar un diagnóstico en tres meses sobre este tema, pero además sobre otros aspectos relacionados con el funcionamiento, como tiempos de recepción y solución de trámites.

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De acuerdo con el funcionario, la consecuencia de que una edificación se haya hecho con base en documentos fraudulentos es la posible orden de derrumbarlo y hasta la extinción de dominio.

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La operación mediante la cual han sido ubicados consistió en el rastreo de los trámites en las curadurías, notarías y oficinas de registro de instrumentos públicos.

Mesa explicó que lo normal cuando alguien se embarca en un proyecto inmobiliario (edificio, casa, bodega, etc.) es que solicite la licencia de construcción en una curaduría y luego lleve a la notaría el reglamento de propiedad horizontal para legalizarlo. De ahí, pasa a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Sin embargo, los peritos encontraron que muchos trámites concluyeron en esa última instancia sin el cumplimiento de todos los requisitos.

“Cuando la licencia es falsa, quiere decir que el reglamento de propiedad horizontal en el cual se basó esa escritura carece de toda legalidad y por consiguiente el documento también tiene vicios”, añadió Mesa, quien sentenció que “a la Superintendencia le toca actuar y revocarle la propiedad a la gente que ahora figura como propietaria de esos bienes”.

Los primeros con los cuales se buscará ese desenlace serán por lo menos 180 personas que figuran como dueños en los casos detectados. Ellos corresponden sobre todo a Cartagena y Santa Marta, pero existen algunos también en Cali. No se descarta que haya muchísimos en capitales más importantes.

Los expertos han desenmascarado dos modalidades. Una en la cual la licencia se tramitaba, por ejemplo, para una casa de una planta y en su lugar aparece un edificio, es decir que es apócrifa. La otra es una especie de ‘gemeleo’, de manera que tramitan una licencia con toda la papelería en regla, pero una vez es obtenida, ponen el mismo número en varias, lo cual sería la manera de evadir el pago de impuestos y retención en la fuente.

Resulta evidente que detrás del ilícito tiene que haber funcionarios cómplices, por acción o por omisión. De ahí que seguirán el hilo de las posibles cadenas de responsabilidad.
Otra línea de investigación es la sospecha de que bandas criminales están fomentando edificaciones sin las especificaciones de ley y las venden como si cumplieran con las normas de seguridad.

La Súper anunció que instaurará denuncias penales contra los constructores y funcionarios involucrados bajo posibles cargos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato, estafa o concierto para delinquir, entre otros.

En la esfera de la Procuraduría, Mesa designó a cuatro abogados para que promuevan procesos disciplinarios contra funcionarios que no han cumplido a cabalidad con su trabajo.