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Los contratos de vías 4G serían ajustados para cumplir plazos

Gobierno y empresarios están organizando mesas de trabajo en las que buscan definir soluciones a los problemas que han presentado las concesiones.

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Infraestructura Por: Portafolio

El Gobierno Nacional, los empresarios y entes de control están actualmente en una cruzada para que los 30 contratos del programa más ambicioso de infraestructura que ha tenido el país, el de las autopistas de cuarta generación (4G), salgan adelante.

De acuerdo con Manuel Gutiérrez, viceministro de infraestructura, los contratos de las vías 4G presentan graves retrasos que, en muchos casos, no tienen que ver con el concesionario sino con situaciones externas, a las cuales no se le ha dado una solución oportuna.

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“Estamos teniendo un problema de tiempos porque todos están a punto de vencerse y los proyectos están, en su gran mayoría, con retrasos graves. Eso se debe a múltiples factores y, en ese orden de ideas, necesitamos crear plazos que se puedan cumplir, dada las situaciones que se ha presentado”, manifestó.

Un ejemplo que cita Gutiérrez es lo que ha ocurrido en el Bajo Cauca con la concesión Conexión Norte, la cual ha sufrido la quema de decenas de sus equipos de construcción por parte de grupos armados ilegales. “Si se tiene un problema de seguridad de ese tamaño, no se le puede exigir al concesionario que cumpla los plazos, porque es imposible. Eso es un evento eximente de responsabilidad”, subrayó el Viceministro de infraestructura.

Para Gutiérrez, situaciones como la que sufre la Conexión Norte se repiten en más concesiones. Y en otros casos se han presentado dificultades para obtener licencias ambientales, comprar predios y llegar a acuerdos con las comunidades. “Eso tenemos que entrar a resolverlo. Para ello, continuamos un ejercicio que consiste en sentar a los concesionarios y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para sincerarse sobre los problemas que se tienen y, así, buscar salidas”, dijo.

Por otro lado, el funcionario también llamó la atención sobre la falta de toma de decisiones en la ANI. “Después de lo que ocurrió con Luis Fernando Andrade, la ANI no tomó las decisiones que eran necesarias para viabilizar los proyectos, incluso por miedo. Y en ese orden de ideas, presentamos problemas”, reiteró Gutiérrez.

Y aunque, a la fecha, no hay ningún contrato que esté en proceso de caducidad, la intención del Gobierno y el sector de infraestructura es, precisamente, buscar las salidas para que el programa salga exitoso.

(‘Las licencias ambientales no son la causa de atraso en obras’). 

“Es de destacar que hay unas obras que han avanzado bastante bien, pero hay otras que no lo están haciendo tan bien y nosotros tenemos que adoptar medidas. Porque si no, lo que viene es que el programa de 4G puede terminar en muchísimas caducidades y eso no le conviene al país”, apuntó Gutiérrez.

LAS MESAS DE TRABAJO 

A su turno, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) explicó que el ejercicio que se está haciendo es positivo, pues busca crear mecanismos para dar más seguridad jurídica a los concesionarios, generar más confianza a los inversionistas y evitar ambientes litigiosos.

Según reiteró Caicedo, quien también hace parte de esas conversaciones en representación del gremio, la principal finalidad de estas medidas es que se logren ejecutar las obras. “El sentido de estas mesas entre la ANI y gremios de la infraestructura es tratar de resolver la cotidianidad de cosas que generan atrasos, aumentan el número tribunales de arbitramento, y crean preocupación en los bancos”, resaltó el dirigente gremial.

Precisamente, los pleitos jurídicos por temas contractuales son uno de los principales dolores de cabeza. De acuerdo con el viceministro de infraestructura, actualmente hay 31 tribunales de arbitramento en marcha, de los cuales la mayoría tiene que ver con las 4G. “Y en el empalme nos aseguraron que se esperaban unos 12 adicionales. Hay que adoptar medidas para que eso no siga ocurriendo”, resaltó.

Esos pleitos son de tal magnitud que, según los cálculos de Gutiérrez, el valor de esos tribunales es casi similar a lo que vale el funcionamiento de la ANI. “Cada tribunal de arbitramento le cuesta a la ANI cerca de $2.000 millones. El funcionamiento de la entidad son $100.000 millones y en tribunales estamos casi en $90.000 millones, de acuerdo a las proyecciones”, detalló.

Por eso, Caicedo cree que el trabajo conjunto que se está haciendo, que incluye el apoyo de la Procuraduría para garantizar la transparencia del proceso, es clave porque será la hoja de ruta para que todas las dificultades de los contratos se atiendan de la mejor manera. “Luego de las mesas, vamos a crear un manual para establecer la forma de actuar frente a problemas que sean transversales. Con eso, esperamos poner a andar el programa de las 4G”, afirmó el Viceministro.

Si en ese proceso se encuentra la necesidad de ampliar los tiempos de los contratos, Gutiérrez explicó que están revisando la posibilidad de que, en ese caso, el concesionario pague al Estado por ese el plazo adicional. Mientras, la CCI estima que esa hoja de ruta estaría lista en octubre.

LAS METAS CON LOS CIERRES FINANCIEROS 

Aunque la ANI resalta que la mitad de los proyectos de las vías 4G ya tienen cierre financiero, el viceministro de infraestructura manifestó que el número es un poco inferior. “Solamente 12 proyectos tienen créditos de largo plazo, que son los cierres financieros reales. El resto son créditos puente, que son mucho más pequeños y que no duran toda la etapa constructiva”, explicó el funcionario.

De acuerdo con Gutiérrez, la meta del Gobierno es que estos cierres financieros se dinamicen mucho más en lo que queda de año para que, de esa manera, se pueda cumplir la meta fijada por la administración pasada, de 20 proyectos con créditos de largo plazo. “Estamos haciendo lo posible para que así sea”, puntualizó.

María Camila González Olarte
marola@eltiempo.com