El escenario del postconflicto trae muchos cambios para las sociedades, especialmente para aquellas que han estado sumidas por largas décadas en las consecuencias nefastas del conflicto. Por ello, todo lo que viene para un Estado que entra en la implementación de un Acuerdo de paz, es novedoso y necesario en diferentes asuntos de importancia nacional, pero sobretodo permite que subyazcan la esperanza y las oportunidades.
(Lea: Donald Trump recortaría en 21% la ayuda que le da a Colombia)
En este escenario revive la idea de pensar que todo puede cambiar y que el futuro es prometedor, que las cosas no son fáciles pero son posibles; y con ello a su vez, la necesidad de poner en marcha importantes ajustes institucionales que pasan por reformas legislativas, ajustes jurisprudenciales, esfuerzos públicos y privados para volver real algo que en principio es un discurso, como tiene que serlo, pero que tiene vocación de materialización.
(Lea: Más de 650 empresas del país ya emplean a excombatientes)
Y es justo allí donde empieza la construcción de una paz estable y duradera, donde todos los estamentos sociales y políticos se suman a la tarea conjunta de aportar a la transformación que se requiere para lograr la máxima de la paz. La labor de la empresa privada, la comunidad legal y las universidades no es menor ni en tamaño ni en valor, que la del Gobierno mismo, pues se trata de evidenciar el hecho de que la paz se construye con el día a día y que no es una labor de unos pocos que se ocupan del quehacer público, básicamente porque lo que está de por medio es el interés público. Ese bien preciado que es el orden supremo de las actuaciones del Estado y los particulares, premisa esencial del cuerpo constitucional y que por ende merece ser protegido, defendido y salvaguardado, lo cual se logra con una labor conjunta, colaborativa y colectiva.
En este punto quisiera destacar de manera especial el papel de las universidades en este proceso de edificación de la paz, como centro de pensamiento, de formación de líderes y de construcción de ciudadanía; recae en manos de las universidades la labor de educar, que es un bien público que tiene que perfeccionarse y protegerse, porque toda sociedad bien educada es una sociedad llamada a la prosperidad y el desarrollo.
Educar no es solo formar en las ciencias y las letras, es formar en lo humano, en la necesidad de forjar seres humanos consientes de las necesidades y realidades de su contexto político, social y económico y con ello del rol que tienen en la transformación de ese contexto y en la consolidación de soluciones reales y efectivas para la construcción de un mejor país. Se trata de educar personas respetuosas de la diversidad, que promueven diálogos en la diferencia, que trabajan por construir más democracia, que no aceptan la inequidad, que no se resignan frente a la pobreza y la marginalidad.
En este camino la ética se consolida como un pilar esencial en la formación de los profesionales del futuro; y no hago referencia a la ética que se agota tan solo en el conocimiento filosófico de sus bases o en una clase más, sino aquella que se consolida en acciones concretas donde el estudiante percibe, entiende y se da cuenta que la ética no es un discurso abstracto y retórico, sino que se
configura a partir de todo aquello que le permita ser empático y entender cómo el otro tiene unas necesidades o unas condiciones que le afectan y que desde su propia formación, puede aportar elementos para que esa persona tenga una calidad de vida digna, acceso a la justicia y a los derechos que edifican y sostienen a las sociedades democráticas.
El papel de las universidades es fundamental porque permite volver reales los contextos y demuestra cómo cada persona tiene algo por aportar para la construcción de un mejor país; como alguna vez escuché a un estudiante de Jurisprudencia señalar frente a su experiencia de trabajo ProBono con las comunidades: se trata de pasar de decir cuándo va a cambiar este país a formar parte del cambio que el país necesita.
El llamado es a que todos entendamos hoy, desde nuestros distintos roles, cómo podemos aportar para que ese anhelo de paz sea realmente un hecho estable y duradero y que podamos ser una sociedad desarrollada en términos sociales, económicos y políticos. Precisamente el foro Servicios Legales y construcción de paz en Colombia, que realizarán este 23 de mayo la Cámara de Comercio de Bogotá y el Centro de Arbitraje y Conciliación, con el apoyo de la Fundación ProBono Colombia y la Universidad del Rosario, será justamente uno de esos escenarios que promueve los valores, la reflexión y el debate de esos temas que hoy son cruciales para el país y su fortalecimiento en el postconflicto.
José Manuel Restrepo,
rector de la Universidad del Rosario.
Especial para Portafolio
