La aprobación a ‘pupitrazo’ del primer debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019 dejó pendiente el estudio de 23 artículos para el segundo round en el Congreso y, desde ya, se prevé que su trámite será intenso.
Aplazar algunas vigencias futuras, darles más responsabilidades fiscales a las universidades públicas y Colpensiones, recortar los giros para consultas populares en los municipios e incluso privatizar las centrales de abasto del país hacen parte del grupo de iniciativas que serán discutidas a partir del próximo lunes, en las plenarias de Senado y Cámara.
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Y es que con el fin de que el proyecto se aprobara antes de ayer –por ley, su fecha límite para hacerlo–, el coordinador ponente, Juan Felipe Lemos, le pidió a las comisiones económicas conjuntas que le dieran vía libre al articulado, tal y como se radicó para ponencia de primer debate, y se comprometió a que durante el segundo se tratarían estas discusiones y las nuevas que se presenten.
Por ahora, la discusión estará centrada en más de 80 proposiciones (propuestas de cambios) hechas a los 23 artículos previamente mencionados, algunos de los cuales ya comenzaron a ‘levantar ampolla’.
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Por ejemplo, uno plantea que las universidades estatales tendrían que “pagar las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación, con los recursos asignados por parte de esta”.
Asimismo, se encuentra el 61, que busca que el Ministerio de Salud y la Administrador de Recursos del Sistema General de Seguridad Social (Adres) giren directamente los dineros que mes a mes se les dan a las EPS e IPS, para la atención de pacientes, sin que acá intermedien los entes territoriales.
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Por el lado de la educación también hay un artículo que promete generar debate, si se tiene en cuenta que “de forma excepcional y con una reglamentación” que tendría que expedir el Mineducación, esta entidad “podrá ejecutar directamente los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, lo que, según senadores y representante de varias bancadas, significa que se le permitiría hacerlo por contratación directa, es decir, ‘a dedo’.
En cuanto a temas laborales, y calificado como un exabrupto en los pasillos del Congreso, está el artículo 75, que dice que Colpensiones tendría que asumir los gastos de funcionamiento del programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps), con cargo a sus excedentes financieros.
¿CHEQUE EN BLANCO?
Otro de los puntos al que se le presentaron varias proposiciones y constancias está relacionado con el hecho de que los municipios tengan que financiar sus consultas populares, sin que la Nación les gire recursos, algo que, de hecho, ya se venía discutiendo desde el Gobierno anterior, cuando se cancelaron las convocatorias hechas en Sogamoso (Boyacá) y Granada (Meta), a finales del año pasado.
El cúmulo de posibles cambios también podría incluir la posibilidad de que las entidades que pertenecen al Presupuesto Generalde la Nación puedan “reprogramar los compromisos realizados con cargo a vigencias futuras, autorizadas por el Confis, para la vigencia 2019”, cuyos ajustes no tendrían que pasar nuevamente por el Consejo Superior de Política Fiscal, sino que se harían mediante decreto.
De otro lado, el PGN aprobado en primer debate abre la puerta para el que Estado privatice las centrales de abasto del país, con el fin de “coadyuvar en la financiación de los diferentes proyectos de inversión, incluidos en el Presupuesto General de la Nación”, según se lee en el articulado aprobado en primer debate.
Por último, la lista de los Decentes aseguró que el artículo 120 le daría un ‘cheque en blanco’ al Gobierno para hacer un revolcón institucional (reestructuración de entidades y agencias), que iría en contravía de la Constitución, ya que, según se lee, podría redefinir funciones. En el concepto de la oposición, “esto permitiría crear más ministerios y burocracia”.