La vía al puerto de Buenaventura, uno de los principales corredores de la economía del país, está hoy en veremos, por culpa de 17 kilómetros.
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La cuestión involucra a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y dos concesionarios: la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca (UTD), y Vía Pacífico S.A.S., cada uno de los cuales tiene tramos de vías en el Valle del Cauca.
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Puntualmente, el meollo del asunto tiene que ver con el tramo entre las localidades de Mediacanoa y Loboguerrero, cuya distancia es de casi 50 kilómetros, de los cuales 17 tienen inconvenientes que ningún privado desea asumir.
En principio, este tramo hacía parte del contrato de la Malla Vial, adjudicado como un adicional en el 2006, y que le abría la puerta para que el consorcio integrado por el fallecido Luis Héctor Solarte, Carlos Alberto Solarte y Pavimentos Colombia realizara dichos trabajos. Inicialmente, la idea era que estas firmas realizaran la construcción y en junio del año pasado le entregaran la operación a Vía Pacífico.
Sin embargo, los trámites ambientales y de consultas previas retrasaron el inicio de las obras, para lo cual el concesionario y la ANI acordaron dividir el tramo en varios sectores y subsectores. “Esto con el fin de facilitar la evaluación de estudios, diseños y estudios ambientales”, señala un informe del consorcio Intercol SP, interventor del contrato de concesión.
ENREDOS DE TRÁMITES
Por su parte, Patricia Cortés, gerente de la UTD, le explicó a Portafolio que “los trabajos se iniciaron en el 2009, cuando se tenía las licencias ambientales de los sectores 2 y 3, pero el 1 tomó más tiempo, por lo cual hubo que subdividirlo en tres subsectores: Loboguerrero, Zabaletas y La Guaira, siendo este último el de más avances”.
Es más, solo hasta los años 2014 y 2015 lograron los avales ambientales necesarios, es decir que mientras entregaban ya listos los otros tramos, apenas comenzarían con este último. En ese entonces, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras ayudó para flexibilizar la burocracia y que los trabajos se aceleraran.
“Empezamos a ajustarnos en todo sentido, y al final logramos a hacer las obras en un año y medio, cerrando la vía todo el día y tomando sacrificios económicos”, agregó Cortés. A ella se sumaron en ese momento distintos gremios económicos, que señalaron que las pérdidas por estos cierres llegaban hasta los 150.000 millones de pesos.
De cualquier forma, para ese entonces, el Gobierno comenzó varias investigaciones contra el concesionario, por presuntos ajustes irregulares en la curva de inversión (se hablaba de un presunto detrimento de unos 7 billones de pesos), que finalmente salió a favor de la ANI en un tribunal de arbitramento. Dicha instancia resolvió “declarar de oficio la nulidad del contrato de adicional número 13 (...) y de los otrosíes 1, 2, 3 y 4” del mismo.
De hecho, la situación con este concesionario llegó hasta las instancias del presidente Juan Manuel Santos, quien dijo en su momento: “Yo no tengo el conocimiento de concesiones de 50 años. Yo no sabía que había concesiones tan largas, pero esto me sorprendió. Estamos tratando de apretarle las clavijas a estos concesionarios”, dijo el primer mandatario, al referirse a varias adiciones que se le hicieron.
Y aunque la ANI ya adjudicó la estructuración de una nueva asociación público - privada (APP) para continuar los trabajos en la malla vial del Valle del Cauca y el Cauca, aún es incierto el futuro de los 17 kilómetros entre Mediacanoa y Loboguerrero.
Sobre todo, porque fuentes cercanas a los concesionarios de la región señalaron que Vía Pacífico tampoco estaría dispuesto a retomar las obras en dicho punto, debido a que sus cálculos financieros los hicieron con base en la operación del corredor, mas no en su construcción.
Y es que más allá de la ejecución, el encargado deberá surtir decenas de consultas previas y adquisición de predios; solo lo primero le podría costar hasta 200.000 millones de pesos, si se acepta la llegada de casi 40 comunidades al área de influencia.
En este sentido, Vía Pacífico está evaluando continuar con el proceso de terminación anticipada, argumentando un cambio en las reglas de juego.
Sebastián Londoño Vélez
seblon@eltiempo.com