La actual política pública para la expansión del sistema eléctrico nacional requiere de tres ajustes urgentes, según análisis de la Contraloría sobre el esquema de las convocatorias que hace la Unidad de Planeación Minera Energética (UPME).
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De acuerdo con el organismo de control, en primer lugar se debe revisar la norma que obliga a ISA a presentar ofertas en todos los proyectos, pues se impone una carga excesiva frente a sus competidores, que tienen la opción de decidir a cuáles convocatorias se presentan.
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“La regulación que le impone esta obligación va en contravía de la meta de tener un mercado en libre competencia, por lo que es necesario que la CREG revise esta exigencia, ideada en un momento en el cual ISA era una empresa estatal”, señaló la Contraloría.
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En segundo lugar la entidad señaló que las convocatorias de la UPME requieren que se realice la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles en esta clase de proyectos. “Esto no se hace actualmente y se asume que el inversionista debe hacerse cargo de los mismos en su integridad (tanto los previsibles como los previsibles.
“Algunos inversionistas han presentado demandas contra la Nación y la UPME, pretendiendo cuantiosas indemnizaciones por circunstancias que se presentaron durante la ejecución de los proyectos y que, según los agentes del mercado, eran imprevisibles (no podían ser identificadas antes de la adjudicación). Estas situaciones implican un riesgo patrimonial para el Estado”, explicó.
Finalmente, la Contraloría recomendó evitar proponer proyectos sin que las entidades estatales, que tienen la respectiva competencia, hayan realizado los estudios y análisis previos que garanticen que los inversionistas pueden lograr la viabilidad técnica, ambiental y económica requerida.
“Al analizar el estado de las convocatorias de la UPME desde 2005, la Contraloría encontró que entre el año 2010 y diciembre de 2017 se han propuesto 25 proyectos de transmisión con una longitud de 1.469 kilómetros que debieron entrar en operación entre esas fechas. Sin embargo, de esos 25 proyectos propuestos, 16 (con una longitud de 1.465 kilómetros) han tenido retrasos”, precisó el organismo de control.