Comunidades de 21 veredas de los municipios de Morelia, Milán y Valparaíso (Caquetá), ubicadas en el área de influencia del proyecto petrolero Nogal, participaron en la reunión informativa, previa a la audiencia pública, que se realizará el 15 de marzo próximo sobre la solicitud de licencia ambiental hecho a la ANLA por Emerald PLC Sucursal Colombia.
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Aunque se esperaban entre 200 y 250 personas, llegaron al coliseo municipal de Morelia alrededor de 600, en su mayoría campesinos, que tenían inquietudes sobre el impacto ambiental del proyecto, el uso del agua, los programas de compensación, la inversión social, la política de empleo local y el uso y mantenimiento de la malla vial terciaria, entre otros aspectos.
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“Hubo una masiva participación, la mayoría de las inquietudes se refirieron al aspecto central –el ambiental-, y toda la jornada se desarrolló en términos cordiales”, afirmó la abogada de la ANLA, Sara Natalia Orozco, quien presidió la reunión que duró alrededor de siete horas y que contó con la presencia de la alcaldesa de Milán, Dolly Aguirre; José Vicente García; alcalde de Valparaíso; y el secretario de la alcaldía de Morelia, Ignacio Vera Correa.
También asistieron el director de Corpoamazonía seccional Caquetá, Mario Barón; el delegado de la Defensoría del Pueblo del departamento, Pedro Yepes; y la Procuradora Ambiental y Agraria del Caquetá, Diana Ortegón, quienes estuvieron atentos al encuentro durante toda la jornada.
La solicitud de licencia fue hecha por la multinacional Emerald Energy PLC Sucursal Colombia en abril de 2017 y tras petición de un grupo de la comunidad de más de 100 personas, la ANLA convocó a una audiencia pública, cuya primera fase se cumplió este jueves.
Las inquietudes de los asistentes versaron sobre diversos temas: el uso del agua, tanto superficial como subterránea; el posible desplazamiento de fauna; los programas de compensación ambiental; la inversión social por parte de la compañía; la utilización de las vías de acceso a las plataformas; los vertimientos de aguas residuales; la vinculación de la mano de obra local, tanto la calificada como la no calificada; la compra de servicios a empresas y establecimientos de la región; el inventario biológico; la promoción de proyectos productivos; y los efectos en los ecosistemas en el mediano y largo plazo.