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Economía

Seguridad vial sostenible: una visión práctica para Colombia

Se debe acceder a un país donde no muera en la vía un compatriota cada 75 minutos.

Seguridad vial

El aumento sostenido en la proporción de motocicletas dentro del total de vehículos que ruedan por las vías genera un efecto nocivo para la ecuación de sostenibilidad.

Archivo Portafolio

POR:
Portafolio
diciembre 14 de 2017 - 10:25 p.m.
2017-12-14

Para el primer semestre del 2017, el Runt reportó que el parque automotor supera los 13 millones de vehículos, en donde las motos tienen una participación del 40% de los matriculados a nivel nacional, con la proyección según Fasecolda, de alcanzar el 50% del total que rodará por las vías colombianas antes de tres años. Solo en Bogotá hay casi medio millón de motos.

(Lea: Más de 9 millones de vehículos transitarán por las carreteras del país en esta Semana Santa

El aumento sostenido en la proporción de motocicletas dentro del total de vehículos que ruedan por las vías, genera un efecto nocivo para la ecuación de sostenibilidad, propia al instrumento más importante con que cuenta la financiación de la Seguridad Vial: El Soat.
El Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito se soporta sobre un esquema tarifario que responde a un principio de solidaridad entre vehículos. Las motos y los carros de transporte público obtienen un subsidio en el precio de la póliza que deben adquirir anualmente. La realidad financiera del esquema en el corto plazo anticipa que los vehículos subsidiados superarán en cantidad a los que pagan tal beneficio, los particulares.

(Lea: El 57% de los municipios del país no tienen autoridades de Tránsito que controlen la seguridad vial

Según cifras oficiales, entre el 2011 y el 2016, más de 15.000 personas resultaron incapacitadas permanentemente como consecuencia de un siniestro vial o accidente de tránsito. La afectación económica de la fuerza de trabajo productiva de la población lesionada entre los 18 y 30 años de edad generó a la economía nacional un profundo hueco que, en conjunto con las pérdidas generadas en las víctimas fatales en el mismo periodo, ha significado un costo cercano a 1,5 puntos del PIB. Las víctimas de los casi 200.000 siniestros viales le costaron al país algo así como $25 billones, según informes recientes del Banco Mundial.

En el 2016 Colombia generó una tasa de 14,68 muertes y 92,78 heridos graves por cada 100.000 habitantes, indicador que debe abrir un debate socioeconómico de primer orden respecto de la gestión estratégica de la seguridad vial en el Estado, bajo la óptica de la sostenibilidad financiera. Colombia desperdicia el uso de los recursos tecnológicos asociados a la data disponible en los sistemas de información del sector transporte para la prevención de la accidentalidad, que de ser aprovechada permitiría a la economía nacional dejar de asumir costos agregados, con ahorros suficientes para financiar proyectos de impacto nacional. El problema hasta ahora es que la información útil para salvar vidas se encuentra dispersa en un mar de islas dentro del archipiélago interinstitucional de sistemas de información y bases de datos locales; por citar un ejemplo, el organismo de tránsito de Bogotá opera bajo un sistema de información que no interactúa directamente con el Runt.

En una nación que tiene registros para casi toda actividad vigilada dentro del sector transporte, es incomprensible que las de políticas públicas de seguridad vial se adopten casi exclusivamente como resultado de la información estadística provista por el inventario de siniestros viales, dejando de lado importantes volúmenes de información disponible para el diseño de instrumentos técnicos de prevención prospectiva, como aquellos relativos al comportamiento de los conductores, estudiado en función de la imposición y pago de las multas por infracciones de tránsito.

Más de 32.000 víctimas fatales han entregado nuestras vías en los últimos cinco años, haciendo de las carreteras el nuevo teatro de operaciones del conflicto colombiano, el cual resulta más letal que el librado en otros días en las montañas.

Colombia libra hoy en día un conflicto vial. El reto del Gobierno habrá de girar en torno a cómo lograr sostenibilidad en los resultados que el Estado alcanza en materia de seguridad vial, producto de la ejecución de los recursos que se irrigan desde el Gobierno central.

El remedio para la problemática de seguridad vial en más del 60% del territorio colombiano, carente de organismos de tránsito para ejecutar los recursos que desde el Soat se inyectan al Gobierno central, no puede administrarse a cuentagotas, pensando exclusivamente en contraticos de señalización o la realización de campañas repletas de efímera teatralidad y poca efectividad. Los territorios hoy desocupados por los actores antes irregulares deben impactarse de manera contundente y certera, visibilizando la seguridad vial de manera vivencial en la población que, justo en esos municipios, migrará rápidamente a la motocicleta, incrementando sin duda los indicadores de accidentalidad y fatalidad.

El reto para el nuevo Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es una gran oportunidad: construir una nueva Colombia donde no muera en la vía un compatriota cada 75 minutos. Esperemos todos estar entonces en las mejores manos.

Enrique López Pinilla
Experto en Seguridad Vial

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