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Economía

Una ‘app’ ayuda a poner freno a la corrupción

Con una aplicación de la Auditoría General se podrá saber cuánto presupuesto han ejecutado los entes territoriales, entre otros datos. 

Carlos Felipe Córdoba, auditor General.

Felipe Córdoba, auditor General de la República.

Mauricio Moreno

POR:
Portafolio
mayo 22 de 2017 - 10:06 p.m.
2017-05-22

“Solo en la medida en que el ciudadano del común se preocupe por saber qué hacen con el presupuesto de su municipio, se podrá tener un control total sobre los recursos públicos”, indica el Auditor General, Carlos Felipe Córdoba.

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El funcionario señala que para lograr esto la entidad a su cargo creó una app que se puede descargar a cualquier celular y muestra para cada municipio y cada departamento, cuánto presupuesto tiene, cuánto ha ejecutado, en qué obras y cuál es el sistema que usa para contratar (directa, por licitación o por menor cuantía).

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De esta manera, una persona en su municipio puede ver los carteles que se colocan donde se van a realizar las obras públicas y revisar si la obra existe, si está en el presupuesto y cuánto dinero le asignaron, entre otras variables.

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“A futuro queremos que el segundo nivel de la app, sea la georeferenciación de manera que si una persona envía la foto de una obra, se le pueda hacer control desde todas las entidades del Estado y así supervisar que los recursos de todos los colombianos, en efecto, se inviertan bien”, anota Córdoba.

Las aplicaciones ayudan a complementar el avance de la Auditoría al realizar balances mensuales con todas las contralorías regionales del país. Hoy en día, los entes de vigilancia y control reportan a la Auditoría en línea cómo avanza la ejecución presupuestal en cada uno de los municipios y departamentos, esto implica tener una versión muy cercana al tiempo real, y que los colombianos dispongan de la información financiera de 8.300 entidades.

Así con darle a la app el nombre de la entidad que se quiere conocer, aparecen automáticamente todos los datos sobre lo que tiene relación con el manejo de los recursos públicos y su nivel de ejecución; de esta forma las veedurías ciudadanas, y las personas interesadas en hacer un control de esos recursos, no tienen que recurrir a engorrosos procesos para pedir la información, sino que la tienen a un clic en su teléfono.

“Con este mecanismo hemos detectado casos como el de la Universidad de Antioquia, que figura como que hace contratos de lavado y barrido de calles, y un sinnúmero de historias que ahora están bajo la lupa de las autoridades respectivas, pues la gente al tener las herramientas comienza a contactarnos y a denunciar”, anota el Auditor.

“Hay temas a los que debemos poner más cuidado, mire, en el 2015, el 54 por ciento de los recursos del presupuesto de las regiones se ejecutó por contratación directa y en el 2016, ese porcentaje llegó al 86 por ciento y en lo corrido del año ya va en 81 por ciento; esa alarma está encendida, ahora hay que revisar a quiénes van esos recursos y por concepto de qué obras. Porque también hay que decirlo el solo hecho de que sean contrataciones directas no significa que sean delitos, pero sí alerta sobre cómo es que una entidad no puede planear y ejecutar por licitación sus recursos sino que todo debe ser a esa modalidad contractual”, afirma Felipe Córdoba.

“El ánimo que debemos tener todas las entidades es de llegar al control preventivo, a que el 100 por ciento de los recursos públicos se usen bien y al entregar herramientas que faciliten esa labor; en poder de los ciudadanos se logran resultados como los que nosotros podemos exhibir, y son muchos casos judicializados en diferentes municipios porque la gente nos advirtió y logramos que las autoridades intervinieran para evitar el desfalco”, argumenta el titular de la Auditoría.

La importancia de la tecnología aplicada al control esta en que permite ver de manera integral el mapa de los recursos; antes era fraccionado y parcial.

“El máximo riesgo que genera la contratación directa se ve a diario reflejado con las denominadas organizaciones sin ánimo de lucro que coincidencialmente nacen a la vida jurídica cuando llega el alcalde o el gobernador y mueren cuando se les acaba el periodo”, afirma Córdoba.

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