“Combate a la corrupción y bienestar para el pueblo”. Así ha sintetizado el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el contenido de dos paquetes de iniciativas de ley que presentará al Congreso y que, aseguró, “van a distinguir al nuevo Gobierno”.
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El primero de ellos es un conjunto de medidas “con el propósito de que haya austeridad republicana y no se permita en el Gobierno la corrupción”. Este incluirá modificaciones a la ley de la administración pública para reducir el gasto corriente; es decir, “bajar el sueldo de altos funcionarios” en beneficio de los de trabajadores de otras profesiones como enfermeros, médicos, maestros, policías, soldados y marinos.
Los sueldos de los servidores públicos intermedios no se reducirán, “y los que ganan menos tendrán un aumento progresivo”.
El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) resaltó que su gobierno enviará una iniciativa de ley reglamentaria del artículo 127 constitucional, porque “no se cumple”. Dicho artículo establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente del país.
Asimismo, la corrupción pasará a ser “delito grave”, lo que implica que los infractores no tendrán derecho a fianza, así como el robo de hidrocarburos. Lo mismo pasará con la compra de voto, la utilización ilegal de recursos para fines electorales, la falsificación de actas y, en definitiva, todas las irregularidades que se dan “cuando las elecciones no son limpias y libres”.
López Obrador reiteró su intención de reformar el artículo 108 de la carta magna para que el Presidente en funciones pueda ser juzgado por corrupción.
EFE