Uno de los programas bandera del gobierno nacional saliente fue la construcción de vivienda de interés social para suplir las necesidades que sufren miles de familias colombianas. La meta planteada por el Gobierno de Santos incluía la construcción de 1,5 millones de viviendas de interés social, cifra que se cumplió seis meses antes de finalizar esta administración.
Los proyectos finalizados y entregados de este tipo de vivienda están ubicados en todo el país, así: Bogotá es la ciudad con mayor número de beneficiados con 86.816 unidades; le sigue Cundinamarca (excluida Bogotá), con 69.043; Antioquia con 48.946; Valle del Cauca con 48.053; Atlántico con 25.337 y Santander, 16.332.
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Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la construcción de vivienda de interés social durante los ocho años del Gobierno Santos, logró reducir el déficit habitacional de 12,5 % que se tenía en el año 2010 a 5,6 % en 2018.
EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN 2018
Durante el primer trimestre de 2018 se comercializaron 42.052 viviendas de interés social nuevas, porcentaje menor al del primer trimestre de 2017 en el cual se vendieron 50.043 unidades. Sin embargo, en comparación con el último trimestre del año pasado, las ventas aumentaron un 11 %.
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En el marco del Congreso Colombiano de la Construcción, organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), se afirmó que factores como los programas del Gobierno para facilitar la compra en segmentos de ingresos medio y bajo, los subsidios, las tasas de interés más bajas y el acceso a créditos hipotecarios incrementarán la venta de viviendas de interés social.
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Sin embargo, la presidente Ejecutiva de Camacol, Sandra Forero, también resaltó que la inseguridad jurídica del sector puede afectar la confianza y las expectativas de recuperación. Para la directiva gremial, la ausencia de respuestas claras en los diferentes niveles de gobierno, instituciones competentes y organismos de control, no permiten garantizar la continuidad de las obras.
Ante este panorama, el sector demanda al nuevo gobierno, planes de ordenamiento territorial que puedan proveer información de calidad, visión de largo plazo y el cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes proyectos de vivienda nueva en curso. Por su parte, los expertos y técnicos del sector inmobiliario demandan instrumentos para la gestión del suelo que permitan eliminar la subjetividad y la discrecionalidad en los proyectos. En este paquete de solicitudes también se pide respeto por las licencias de construcción, ya que hoy muchos constructores no tienen garantía de los derechos adquiridos y necesitan dar a los compradores, certidumbre sobre los terrenos, proyectos, materiales y demás factores que acrediten la seriedad y trasparencia de las obras.
Según cifras de Camacol, gracias al compromiso de los empresarios que han asumido los riesgos inherentes al desarrollo de proyectos habitacionales, desde el año 2010, se han lanzado en el país 4.000 proyectos de vivienda de interés social con más de 750.000 unidades.
LA PROBLEMÁTICA EN CARTAGENA
De acuerdo con el gremio, entre 2007 y 2017, el sector de la construcción en Cartagena ha desarrollado 47.116 unidades de vivienda para todos los estratos, cifra que habla del crecimiento vertiginoso de la ciudad y la confianza de grandes firmas constructoras para invertir en una capital fortalecida por el turismo y una posición geográfica favorable.
Según un informe de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en Bolívar, en enero de 2010, el 6 % correspondían a Vivienda de Interés Social (VIS). Para enero de este año, 16 de cada 100 proyectos tenía oferta VIS. Desde 2010, el mercado de Cartagena ha tenido un crecimiento real del 197 %, llegando a inversiones de $1,8 billones. Esa dinámica es tres veces superior al promedio nacional. En 2010, la inversión en vivienda de interés social era de $13.000 millones, mientras que en 2017 alcanzó $348.000 millones. Unas cifras admirables y necesarias, si se tiene en cuenta el déficit de vivienda para las clases menos favorecidas que de tiempo atrás registra la heroica.
Entre mayo de 2016 y abril 2017, frente a mayo de 2017 y abril de 2018, los lanzamientos del mercado en el sector de VIS registraron un crecimiento de 61%, al pasar de 4.112 soluciones de vivienda a 6.622 durante el último año. Para el mismo periodo, los iniciadores por segmentos del mercado de VIS, registraron una baja de 72,1 %, al pasar de 6.312 a 1.759.
“La construcción de vivienda nueva en Cartagena es uno de los frentes que mayor expansión han tenido en los últimos años y de los que más impactan positivamente la economía local. No obstante, debido a problemas en el desarrollo de los proyectos, en la actualidad hay 3.000 personas desempleadas buscando trabajo en el sector de la construcción en Bolívar. Lograr su ubicación laboral puede contribuir con la reducción de la tasa de desempleo de 7,4 % a 6,8 %, puntualizó Angélica Salas, Gerente de Camacol Bolívar.
Actualmente, en esta capital existen 42 proyectos de VIS activos. Sin embargo, el 66 % de éstos, que equivale a 28 proyectos, afronta problemas de inestabilidad jurídica. Estos proyectos, que representan más de 8.996 unidades formales de vivienda, se han visto envueltos en procesos judiciales por demandas, incluso por parte del Estado, que les ha instaurado procesos legales luego de haberlos licenciado. Las obras en cuestión generan cerca de 2.800 empleos directos. Asimismo, los constructores han invertido más de $22.400.000 millones en estudios y diseños para la estructuración de los 28 proyectos.
De acuerdo con el informe de Camacol Bolívar, entre el 2005 y el 2016, el déficit cuantitativo de vivienda en el departamento se redujo más de la mitad. Los hogares que ocupaban viviendas con deficiencias en estructura y en condición de cohabitación disminuyeron en 78 % y 79 %, respectivamente.
Sin embargo, todavía existe una demanda estructural por vivienda: Un total de 20.485 hogares presentan déficit cuantitativo. La situación aqueja a 1.783 hogares que habitan una vivienda inadecuada, 7.682 hogares que cohabitan y 11.020 que viven en hacinamiento crítico. En 2016, el 85,3 % de los hogares de la ciudad tenían ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. De ellos, el 28 % viven en arriendo (95.603).