La reglamentación de la Ley de Vivienda Segura y las pólizas que se plantean ante eventuales siniestros generaron un rifirrafe entre el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Jorge Humberto Botero, y el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez.
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El primero señaló que no le encuentra explicación a que el Gobierno –a través del Ministerio de Vivienda– haya llevado al Congreso esta iniciativa para proteger a los compradores de oferta residencial, y que tras la aceptación del legislativo y la expedición de la norma, en agosto del 2016, siga pendiente de reglamentación.
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Botero fue más allá y se preguntó: “¿A quién está protegiendo el Ministerio, porque ciertamente no es a los inversionistas...”. Según Botero, “hoy, los registradores de instrumentos públicos no pueden exigir la garantía para transferir los bienes de quienes venden a quienes compran. O sea, el Ministerio es el responsable de la falta de protección de los usuarios y compromete la responsabilidad del Estado por la falta de acción en la reglamentación y ejecución de las leyes”.
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Estas declaraciones se dieron ayer, un día después de que en Cartagena se ordenó el desalojo de 16 proyectos declarados de calamidad pública, debido a su alto riesgo de colapso; en consecuencia, el tema de los seguros volvió a estar sobre la mesa.
habla minvivienda
Al respecto, el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, señaló que “los que quieren que pongamos más seguros solo están buscando ganar con un negocio particular que va a beneficiar a las aseguradoras y perjudicará a los compradores (...) Lo cierto es que si se cumple la normatividad vigente, un Space no va a volver a suceder (esto, al referirse al desplome de ese edificio en Medellín en octubre del 2013 que, precisamente, motivó la expedición de la norma).
El Ministro agregó que “no se puede confundir el control urbano que deben realizar los entes territoriales con la reglamentación” e insistió en que hay decretos reglamentados de la ley (ver recuadro).
“Lo que se necesita es que los alcaldes, las oficinas de planeación y los curadores urbanos las hagan cumplir y ejerzan su función. No puede ser que después de varios meses de haber iniciado las construcciones estos entes se den cuenta de que edificios que ya están hechos eran ilegales”, agregó.
Sobre el caso específico de las pólizas, el Presidente de Fasecolda le dijo a Sánchez que la industria no presiona por seguros inútiles.
“Tenemos una función social que cumple como lo hacen sus homólogas en el mundo. No estamos demandando un sobrecosto superfluo para los usuarios, sino mecanismos de protección”, enfatizó.
Incluso, aclaró que si los usuarios tuvieran que pagar esa prima, “no sería más de $2.500 mensuales en los casos de vivienda de interés social (VIS), pero no necesariamente debería asumir esos costos”. Botero reiteró que no hay razón para pensar que podrían existir fallas para la reglamentación.
“No debería haber mayores inconvenientes, es algo sencillo. Desde hace un año vimos el proyecto de decreto que nos mostró Minvivienda y les dijimos, desde el punto de vista técnico, que no había observaciones sustanciales; sin embargo, insisto, por influencia de no sé quién, salió de la preocupación del Ministerio y así se mantiene. Ante esto, hemos pedido al Procurador para que intervenga en el corto plazo”, concluyó el Presidente del gremio asegurador.
En Twitter: @GabrielFlorezG