Negocios

‘Los trámites oficiales afectan el negocio’

Carlos Urueta, de Faro Energy Colombia, advierte que el proceso de certificación ante la Upme y Anla paraliza los proyectos de autogeneración.

Carlos Urueta Mazzilli

Negocios Por: Javier Acosta

El trámite ante la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para que expidan los respectivos certificados de operación y ambiental para el montaje de proyectos de autogeneración eléctrica con paneles solares está afectando a las empresas que desarrollan el negocio.

La afirmación es de Carlos Urueta Mazzilli, cofundador y director ejecutivo Región Andina de Faro Energy Colombia, quien insistió en señalar que el éxito comercial tiene mucha relación con la celeridad y la eficiencia con el que la Upme y la Anla adelantan los respectivos permisos.

Explicó que este proceso normativo se puede tardar un año, espacio que en muchas ocasiones congela las inversiones de las compañías que se dedican a este negocio, lo que lleva a que renuncien a los beneficios tributarios que brinda la Ley 1715 para cumplir con los clientes.

“Se busca con los beneficios de la citada ley un ahorro de más del 20% en la tarifa del Kw hora en los proyectos. Pero esta demora en el trámite ha llevado a que varios proyectos se entreguen sin haber gozado del incentivo, lo que hace que la inversión sea menos rentable”, asegura el industrial.

¿Cuál es el panorama del negocio en Colombia?

El negocio en Colombia tiene dos caras, una es el modelo a gran escala con proyectos superiores a los 20 megavatios (Mw), y la otra es el segmento de la generación distribuida, más conocida como las iniciativas de autogeneración en sitio (en cubierta o lote aledaño).

En un proyecto de gran escala, el costo instalado es de US$0,85 por vatio. Este valor al ser comparado con el sector de generación distribuida es menor, si se tiene en cuenta que puede llegar a los US$1,05, dependiendo de la complejidad de la instalación, si es en cubierta los costos son más económicos, que en suelo por temas de ingeniería. Estas variables tienen impacto en la rentabilidad del proyecto.

¿Con la normatividad actual, se pueden presentar ganancias comerciales de los proyectos?

El éxito comercial tiene mucha relación con la celeridad con el que la Upme y la Anla expidan los certificados. En proyectos de generación distribuida con una capacidad instalada de 700 kilovatios (Kw) y que están ya firmados, la demora en la instalación está en los tiempos, que pueden llegar a ser de un año.

El trámite debería ser de manera simultánea, y no primero la Upme, y luego la Anla, o viceversa. El estudio entre una y otra dependencia puede ser mayor a los ocho meses. A esto se suma que el paso de una entidad a otra puede durar dos meses.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias?

Esto lleva a una ineficiencia en la aprobación por el represamiento en el trámite de otros proyectos. El número de proyectos de autogeneración renovable en Colombia ha aumentado en los últimos cinco años. Así mismo, la demanda ha aumentado. Debe replantearse la manera de hacerse el trámite para estos proyectos.

Hasta el 31 de marzo habían registrados en la Upme 173 proyectos con estas características y con capacidades instaladas superiores a los 100 Kw. Del total, cerca de 80 tienen una capacidad de generación de 40 Mw. Sin embargo, el trámite entre uno y otros proyectos, por las características y magnitud debería ser por separado.

¿El meter en un mismo registro todos los proyectos de generación eléctrica, ha traído consecuencias para el negocio?

Esto demora la celeridad en la ejecución de las iniciativas. Las consideraciones ambientales para un proyecto de cubierta solar no tienen relación con las consideraciones ambientales para una granja solar o una planta hidroeléctrica. Esto ha contraído en cierta medida el crecimiento del negocio en el sector.

Las empresas que desarrollan este negocio están sometidas al cumplimiento de una regulación unificada, pero que le está generando consecuencias económicas. En el caso de la Anla, el certificado que expide es por sustentar que un proyectos de techo solar no genera un impacto ambiental. La regulación es más afín con lo que puede ser un permiso de construcción.

¿Cuál es su propuesta?

Para la segmentación del mercado dentro de los organismos regulatorios, debería considerar que la generación distribuida en sitio no tiene los mismos riesgos ambientales y por ende, tener procesos más simplificados tanto en ambiente como en interconexión.

Es una tarea que se debe trabajar desde el gremio.

El Ministerio de Minas y Energía y la Upme creen que la prioridad fue considerar como quedaron las normas del decreto y no agilizar el seguimiento de las normas, que ya están reglamentadas pero que en su aplicación todavía son muy prematuras.

¿El no tener los procesos simplificados cómo puede afectar el negocio?

El proyecto de techo solar que entrará en operación en el centro comercial Premium Plaza en Medellín estuvo un año en certificación de la Upme y de la Anla. Estuvimos considerando seriamente prescindir de los incentivos que ofrece la Ley 1715, como del IVA y la Renta, porque el proyecto estaba suscrito desde el año pasado. Todo para cumplirle al cliente con la entrega de la estructura.

Se buscaba un ahorro de más del 20% en la tarifa del Kw hora, el cual estaba presupuestado para el ejercicio 2018. Esta demora ha llevado a que varios proyectos se entreguen sin haber gozado del incentivo, lo que hace que la inversión sea menos rentable.

¿Hay proyectos congelados por la demora en la expedición de los dos certificados?

Este espacio de tiempo muerto suspende obligatoriamente la ejecución de los proyectos. Se presentan percances financieros y comerciales para el negocio.