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Negocios

Cruzada por el lenguaje claro

Mediante proyecto de ley estatutaria se busca consolidar una política de acceso de la información entregada por las entidades públicas al ciudadano.

Discurso

En un proceso jurídico es clave que el ciudadano y el operador jurídico se entiendan plenamente.

123rf

POR:
Portafolio
agosto 16 de 2018 - 12:01 a.m.
2018-08-16

Parece utópico siquiera imaginar que en Colombia - un “país de abogados” sitiado por una agobiante inflación normativa y una cultura legalista en la que el último en entender las decisiones públicas usualmente es el ciudadano- prospere una política pública que levante la bandera del buen uso del idioma y sobre todo, del lenguaje claro. Pero así es.

Desde febrero de este año, cuando el Departamento Nacional de Planeación (DNP) lanzó el Curso Virtual de Lenguaje Claro, cuyo fin es mejorar la comunicación verbal, escrita y corporal de los servidores públicos, se han inscrito 25.300 funcionarios de 606 entidades públicas. El 55% de ellos lo culminó satisfactoriamente y otros 2.788 servidores recibieron capacitaciones bajo la modalidad presencial.

El DNP también tradujo a lenguaje ciudadano 150 documentos de 57 entidades estatales (formatos de respuestas tipo, circulares, decretos, guías, preguntas frecuentes, etcétera) mediante la metodología de laboratorios de simplicidad, que permitió realizar mesas de trabajo y entrevistas a 350 ciudadanos potencialmente usuarios de esas comunicaciones, y a los técnicos que las emitieron, con el objeto de identificar su grado de complejidad y de hacer los ajustes del caso en cuanto a estructura, contenido y diseño.

ALCANCES DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta lo anterior, cobra especial importancia el proyecto de ley estatutaria No. 063, que modificaría la Ley 1712 de 2014 (conocida como Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional) con el fin de garantizar el derecho que tiene todo ciudadano colombiano, “a comprender la información pública y promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro, comprensible y accesible en los textos legales y formales”.

Para Nubia López Morales, representante liberal y autora de la iniciativa que fue radicada hace dos semanas en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes bajo el número 063 de 2018, “Los colombianos necesitan conocer la ley para ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes. Para que toda democracia funcione es necesario que los ciudadanos entiendan lo que las entidades les responden cuando plantean peticiones. Garantizando un derecho a comprender la información pública es posible que los ciudadanos confíen en sus instituciones y atiendan los requerimientos que se les hacen y puedan cumplirlos. Además, con un lenguaje claro y preciso en la información pública se reducen los costes de intermediación para el ciudadano y la administración gana en eficiencia. El gobierno se vuelve más transparente haciendo sus comunicaciones con los ciudadanos más comprensibles”.

Según Germán Arenas, representante de Clarity en Colombia, una Ong que reúne a más de 650 miembros de 50 países en torno a la promoción del lenguaje claro en los textos legales y formales, “tanto Clarity como otras Ong similares trabajan sobre la base de que existe un derecho a comprender que está directamente relacionado con el derecho fundamental de acceso a la información pública. En la Ley 1712, que desarrolla ese derecho, había solamente una referencia a la comprensión de la información pública y se dirigía a personas con cierto grado de discapacidad. Por esta razón, creemos que el lenguaje claro no solo aplica para ellos sino también al ciudadano en general. Esta sería la primera vez que con un mandato de rango legal, se estaría implementado una estrategia para que las comunicaciones públicas, que incluyen las leyes y algunas decisiones judiciales, empiecen a tener este enfoque de lenguaje claro. Es la primera vez que lo haríamos pensando en un derecho de todos los ciudadanos, no solo de acceder a la información, sino a comprenderla”.

Otro aspecto importante del proyecto de ley, es que adiciona un principio relacionado con la eficiencia institucional. “La filosofía del lenguaje claro es que cuando un ciudadano no entiende una comunicación de alguna entidad del Estado, debe incurrir en costos adicionales e invierte tiempo en trámites que muchas veces requieren la asistencia de un abogado para satisfacer una necesidad o hacer valer un derecho. De manera que con este principio de eficiencia institucional, buscamos que el lenguaje claro contribuya a que las entidades, desde el comienzo, desde el minuto cero en que se empiezan la elaboración de un documento que va dirigido al ciudadano, encuentren la manera de quitarle cargas tanto a él como a la misma institución”, dice Arenas. Entre los objetivos del lenguaje claro incluidos en el proyecto de ley, se destacan los siguientes: reducir errores y aclaraciones innecesarias, costos y cargas para el ciudadano, costos administrativos y de operación para las entidades públicas, aumentar la eficiencia en la gestión de las solicitudes de los ciudadanos, reducir el uso de intermediarios, fomentar un ejercicio efectivo de rendición de cuentas por parte del Estado, promover la transparencia y el acceso a la información pública y facilitar el control ciudadano a la gestión pública y la participación ciudadana.

Muy importante es mencionar que dentro del ámbito de aplicación de la ley se incluye a todas las entidades públicas del orden nacional y territorial, e incluso a los organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control, así como a las empresas públicas y de economía mixta, y a los partidos o movimientos políticos.

“La intención no es de ninguna manera disminuir el nivel del lenguaje jurídico sino lograr un equilibrio entre el rigor técnico que debe tener el lenguaje del derecho, y la claridad. Todo esto, para que el ciudadano y el operador jurídico puedan encontrarse y entenderse plenamente”, concluye Arenas.

OTRAS INICIATIVAS

Hoy será presentado el Manual de escritura jurídica, un proyecto liderado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por la editorial Legis bajo la dirección de Diego López, profesor de la Universidad de los Andes.

En esa misma institución, la profesora Betsy Perafán viene impulsando la creación y desarrollo de una Red de Lenguaje Claro en Colombia para facilitar el acceso a la justicia y fortalecer la democracia bajo el lema “El derecho a comprender”.

El proyecto se está revisando con otras dos universidades y con cuatro entidades públicas, con el propósito de firmar un acuerdo de colaboración que oficialice la creación de la red.

Juan Martín Fierro
Especial para Portafolio

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