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Empresas

Confirman sanción contra el cartel de la seguridad privada

La SIC ratificó este martes las sanciones a siete empresas del sector, que serían controladas por el ‘zar’ Jorge Arturo Moreno Ojeda.

Jorge Arturo Moreno Ojeda

Jorge Arturo Moreno Ojeda.

Archivo particular

POR:
Portafolio
enero 30 de 2018 - 03:04 p.m.
2018-01-30

Por violar la libre competencia económica en múltiples procesos de contratación pública, la Superindustria ratificó este martes las sanciones impuestas a siete empresas del sector de la vigilancia y seguridad privada, que, al parecer, eran controladas ocultamente por Jorge Arturo Moreno Ojeda, conocido como el Zar de la seguridad privada.

Las sanciones impuestas ascienden a una suma global superior a 14 mil millones de pesos y recaen sobre las empresas Guardianes, Starcoop, Cobasec, Expertos, Centinel, Insevig Ltda y Security Management Group, y 14 personas naturales vinculadas con las mismas, entre ellas, Jorge Arturo Moreno Ojeda. 

La Superindustria encontró que las siete empresas sancionadas, conformaron “de facto” o de hecho un Grupo empresarial denominado “Grupo SMG”, por medio del cual habrían manipulado, a través de prácticas anticompetitivas, numerosos procesos de contratación estatal.

La práctica sancionada por la SIC consistió en que las empresas de vigilancia sancionadas simulaban ser competidoras independientes en las licitaciones públicas, pero en realidad actuaban de forma coordinada, concertada y bajo la dirección de su controlante oculto Jorge Moreno, engañando a las distintas entidades públicas contratantes.

Entre las entidades públicas afectadas por la violación de la libre competencia económica se encuentran la Fiscalía General de la Nación, el ICA, el Icbf, Coldeportes, la Fuerza Aérea Colombiana, el Sena, Emcali, así como el Distrito de Bogotá y varios municipios del país.

El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, ratifica su compromiso de sancionar todas aquellas conductas anticompetitivas adelantadas por los empresarios en el marco de las contrataciones públicas, para garantizar la transparencia y la eliminación de la corrupción privada en dichas compras.

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