La Superintendencia de Sociedades estrenó con una sanción por 155,2 millones de pesos las facultades que le otorgó la Ley 1778 del 2016 para luchar contra el soborno transnacional.
Aunque no se trató precisamente de un castigo por haber confirmado el pago de coimas por empresas colombianas a funcionarios públicos en el exterior, la Súper impuso la sanción a Vram Holding S.A.S. (productos agropecuarios) por obstruir una investigación en ese sentido.
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En la resolución expedida el 9 de marzo pasado, la Superintendencia recordó que la información comercial de carácter reservada de las compañías no puede ser negada a la entidad cuando esta la requiera haciendo uso de sus funciones de vigilancia y auditoría.
Esto implica que Vram Holding no podía negarse a entregar la información de los computadores de sus funcionarios con el argumento de que la información comercial es de carácter privilegiado.
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La indagación preliminar que dio lugar a esta sanción tiene que ver con la suscripción, el 28 de junio del 2016, de un contrato por 6 millones de dólares entre Vram Holding S.A. de Panamá (de la que la empresa colombiana era mandataria) y la gobernación del estado de Vargas en Venezuela para la compra, transporte y entrega de bienes que se usarían en la construcción de un estadio de béisbol.
De acuerdo con la Súper, el contrato de mandato entre Vram Holding S.A. (Panamá) y Vram Holding S.A.S. (Colombia) incluyó una remuneración del 3 % del valor de las compras realizadas y entregadas.
Además, se encontró un desembolso de la empresa venezolana por 1,5 millones de dólares a la empresa colombiana.
La Súper puso la lupa en ese negocio no solo porque los países involucrados, sobre todo Venezuela, tengan altos índices de percepción de corrupción, sino por no hallarse evidencias de que los recursos se hayan utilizado según los fines declarados, aunque el dinero para ejecutar el contrato se haya desembolsado.
De hecho, aparentemente, la plata se fue en préstamos a accionistas y terceras personas. Además, se conoció que en la contabilidad de la empresa aparecen registrados préstamos a favor de compañías en Panamá y Hong Kong, sin que esté claro el origen de los recursos.
Si bien el único nombre que se conoce de la lista de empresas que están siendo investigadas por la Supersociedades es el de Vram, en los próximos meses puede haber decisiones en varios procesos, pues son 12 las empresas a las que les sigue la pista la entidad.
Entre las sanciones establecidas en la ley hay multas hasta por 200.000 salarios mínimos ($ 156.000 millones) y una inhabilidad para contratar con el Estado de hasta por 20 años. Asimismo, se ordena la publicación de la sanción en página web y en medios de comunicación hasta por un año y la promoción de programas de ética empresarial.
La entidad puso en marcha toda una estrategia para hacer uso de las herramientas que le dio la Ley Antisoborno (1778 del 2016), que incluye la implementación de un sofisticado laboratorio forense. Esa ley busca además que el país se ponga en consonancia con criterios exigidos por la Ocde.
De acuerdo con la Súper, de las 25.000 compañías que vigila, 380 están en un grupo especial por las condiciones en las cuales llevan a cabo sus negocios.
Entre 1999 y 2014 fueron sancionados 164 casos de soborno transnacional por la Ocde, en los cuales 80 personas terminaron encarceladas y procesadas por el delito de cohecho internacional. 19 % de empresas sancionadas era del sector extractivo; 15 %, de construcción; 15 %, de transporte y el 10 %, de información y comunicación.
Valentina Obando Jaramillo
En Twitter: @ValentinaOJ