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Alain Manjarrés Flórez

Una perspectiva interna

Alain Manjarrés Flórez
POR:
Alain Manjarrés Flórez
julio 31 de 2013
2013-07-31 12:31 a.m.
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Ocho meses después de proferirse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas el 19 de noviembre 2012, respecto al diferendo que Colombia y Nicaragua sostuvieron por sus límites geográficos, el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sigue sumido en un escenario de incertidumbre.

Quienes habitan el archipiélago continúan esperando que se supere la fantasía de territorio ideal, que siempre queda plasmada en los procesos de planificación local o nacional; que se produzcan resultados concretos frente a las necesidades, y que las soluciones demandadas no queden como promesas sin cumplir, se resuelvan con paliativos o mediante la implementación de elementos de distorsión que poco contribuyen a elevar los niveles de competitividad del departamento.

Y es que previo a esta sentencia que mutiló una importante porción marítima del territorio, las islas sucumbían en medio de un prolongado estancamiento productivo que hasta ahora sigue imposibilitando su desarrollo.

Hoy, el desmejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes es un hecho evidente y, como si fuera poco, la belleza natural a la que está ligado un vasto potencial de la economía de la región se encuentra amenazada. Sin embargo, el carácter mediático que adquirió la situación del archipiélago antepuso otros asuntos a la realidad que aquí se vive.

Al margen de las consecuencias del fallo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina coexisten con las mismas necesidades de décadas. Tras el pronunciamiento en La Haya, la primera reacción directa del Gobierno Nacional con el territorio consistió en volcar toda su institucionalidad para estructurar un diagnóstico y plan de acción que mostrara el camino de lo que serían las intervenciones posteriores. Localmente, esta actuación fue recibida con gran expectativa en relación con los logros que pudiese alcanzar la región de un acompañamiento que, sin duda, debe ser más determinante del Estado, para concretar hechos que históricamente se han abordado en un diálogo infructuoso.

Para los isleños, el significado de este ejercicio radicaba en trascender de los anuncios planteados por la Nación.

Era preciso esbozar nuestra realidad más allá de las estadísticas y contextualizarla para entender las dinámicas propias de la región, que le agregan características especiales a la gestión del desarrollo –localización geográfica, preservación de una cultura nativa y sostenibilidad de la reserva de la biosfera–.

Los desafíos que el territorio aún tiene por superar involucran desde la provisión de servicios básicos de calidad a los ciudadanos, el débil liderazgo político y gobernabilidad, hasta una ineficiente capacidad de articulación institucional local y con el Gobierno Central.

Mientras estos asuntos estructurales no sean resueltos, la dinámica productiva seguirá siendo lenta y el mejoramiento del entorno de negocios postergado.

El de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un caso para que el Estado reflexione acerca de cómo reconoce a cada región que conforma la geografía nacional, de cómo procura su desarrollo a partir de políticas efectivas que consideren la particularidad territorial, de cómo se reducen las brechas de desigualdad entre una y otra comunidad, y en el que la intervención gubernamental exista para el empoderamiento local y menos asistencialismo.

Los 75.000 kilómetros de mar perdidos –conforme a los títulos de adhesión del archipiélago al país– estaban bajo su soberanía y eran tan suyos como de los habitantes del territorio insular, que hoy siguen consternados por este despojo en un acto en el que no tuvieron cabida para vincularse a su defensa, así como continúa siendo difuso el camino para mejorar su futuro.

Alain Manjarrés Flórez

Presidente de la Cámara de Comercio de San Andrés

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