En un reciente estudio de Anif, se advierte que la actual situación del petróleo lleva a proyectar escenarios futuros de declinación de la su producción, que son inquietantes dados sus impactos negativos en el crecimiento económico potencial del país. Las tasas de 10% anual de crecimiento sectorial del 2008 al 2012, llegarían a ser reemplazadas en los próximos años por lánguidas tasas del 2% anual. Desde el 2013, señala acertadamente el análisis, se advierte un estancamiento de la locomotora minero-energética.
Estoy de acuerdo con señalar que se trataría de un ‘fin anticipado’, puesto que este estancamiento del sector petrolero no se genera por causas irreversibles e inmanejables, como lo serían eventuales precios bajos en el mercado internacional o por mala prospectividad geológica en el país.
¿Qué está pasando? No podemos cansarnos de repetirlo: las empresas quieren invertir en Colombia, pero no lo logran por demoras y obstáculos que no les permiten operar. Y este es un problema que ya no es solo del sector, sino que afecta las finanzas públicas, volviéndose un inconveniente de los demás ramos empresariales, porque ellos serían llamados a llenar el hueco fiscal que dejaría el crudo de no corregirse la actual situación.
Son tres los retos para viabilizar las inversiones: reducir las incertidumbres en el licenciamiento ambiental, mejorar las condiciones de seguridad en ciertas regiones petroleras y prevenir la ocurrencia de bloqueos y consultas populares.
En materia ambiental, el diagnóstico está hecho y las propuestas de solución claramente identificadas. El problema ha sido de implementación de las soluciones, de gerenciamiento, como bien lo planteó el presidente Santos al anunciar el nombramiento del nuevo Ministro de Ambiente. En mala hora surge la expresión ‘licencia exprés’: mal mensaje, cuando se pretende eliminar demoras totalmente injustificadas.
En cuanto al terrorismo, la situación es muy crítica en regiones como Arauca, Catatumbo y Putumayo. Pero hay que ser optimistas: la historia reciente muestra que nuestras FF. MM. son exitosas en recobrar territorios para el Estado de Derecho y estas regiones no serán la excepción.
En materia de conflictos sociales no hay una estrategia coordinada al interior del Gobierno, sino una serie de iniciativas sueltas, aunque bien intencionadas, impulsadas por diferentes entidades. Es fundamental, tal como lo señaló Carlos Holmes Trujillo en ‘El mundo del petroleo’, en Cablenoticias, que se genere un diálogo efectivo entre el Gobierno y las comunidades en las regiones petroleras, que se vea la presencia del Estado asumiendo sus responsabilidades. Estos conflictos no dan espera: ojo con eso.
Pero le surge una nueva pata al problema: ya se oyen propuestas para aumentar los gravámenes al sector petrolero con el fin de financiar, en parte, los $12,5 billones que faltan para el presupuesto del 2015. Mala cosa: gravar más al ramo sería -literalmente- frenarlo en seco. El problema de no conocer la historia, es que se repiten los errores cometidos.
En los 90, el país casi se ve abocado a importar hidrocarburos por esa miopía fiscalista. Con ello habría indefectiblemente el ‘fin anticipado’ del auge petrolero.
Se debe pensar en el inmediato futuro de millones de compatriotas que tienen en el sector petrolero su mejor (¿única?) oportunidad para mejorar sus condiciones de vida por la vía de mayor inversión pública en educación, salud, vivienda, infraestructura para la generación de empleos. Gravar a un sector en declinación es disminuir los ingresos estatales en el inmediato futuro. De eso no puede caber duda.
Alejandro Martínez V.
Exviceministro de Minas y Energía
@amartinez_v