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Andrés Espinosa Fenwarth
columnista

Nuevas tendencias y desafíos agropecuarios

En criterio del Banco Mundial, la política agrícola y la ruralidad actual deben tener en cuenta un entorno más globalizado.

Andrés Espinosa Fenwarth
POR:
Andrés Espinosa Fenwarth
enero 30 de 2018
2018-01-30 08:32 p.m.
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El modelo institucional de gobernanza agrícola y rural que prevalece en América Latina no ha logrado comprender ni resolver los principales desafíos relacionados con la heterogeneidad territorial y el papel de agricultura moderna en la reducción de las desigualdades y el crecimiento económico incluyente y sostenible.

A partir de esta premisa, Ángela Penagos y Claudia Ospina, del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, hacen un lúcido diagnóstico de la gobernanza y de las políticas públicas para el desarrollo rural y la agricultura, que nos sirve de hilo conductor para la definición de políticas de Estado que le otorguen importancia y prevalencia al agro nacional.

Este documento se presentó en la primera reunión de trabajo del Grupo de Expertos para la Gobernanza del Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe de la FAO, realizado con el apoyo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.

Penagos y Ospina consideran, con razón, que los ministerios de agricultura de la región, incluida la centenaria institución colombiana, han perdido liderazgo y no han tenido éxito en la requerida articulación de sus propias estructuras internas ni de las entidades externas –adscritas y vinculadas– por la politización, falta de liderazgo y pobre capacidad gerencial. En la mayoría de los países de Latinoamérica, la asignación del gasto agrícola varía de manera considerable en respuesta a las cambiantes prioridades políticas y veleidades nacionales. El gasto agrícola total por habitante de Colombia es de 61 dólares, contra 548 dólares en Uruguay, 208 dólares en Chile, 189 dólares de México y 112 dólares de Brasil. Estamos al mismo nivel de Jamaica, Honduras y República Dominicana, naciones que no tienen tradición agropecuaria de importancia.

En el caso colombiano, el problema de gobernanza es grave. En efecto, el 81 por ciento de los recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es ejecutado por contratistas externos. Dado que el costo promedio que cobran estos operadores es del 5 por ciento, el Dane confirma la existencia de innecesarios sobrecostos cercanos al 20 por ciento, en promedio, de los recursos de funcionamiento ejecutados anualmente. En materia de inversión, la ejecución presupuestal de los últimos años no supera el 62 por ciento, elemento que refleja una pobre gestión gerencial en el manejo de los sagrados recursos públicos del agro.

En criterio del Banco Mundial, la política agrícola y la ruralidad actual deben tener en cuenta un entorno más globalizado, que conecte los centros de producción con los consumidores; el aporte de las ciudades intermedias en materia de crecimiento y el cierre de brechas entre lo urbano y lo rural; los crecientes conflictos territoriales y ambientales; y el preocupante auge de las economías ilegales a nivel regional.

Los principales desafíos adicionales tienen que ver con la integración de las cadenas agroalimenticias, la promoción de la diversificación de las actividades económicas rurales y de exportación y la reducción eficaz de la pobreza y la desigualdad rural.

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