1 / 7
Contenidos vistos este mes
Disfrute de contenido ilimitado sin costo
¿Ya tiene una cuenta? Ingrese
Ya completó los artículos del mes.
Sabemos que le gusta estar informado Disfrute de acceso ilimitado al contenido, boletines noticiosos y más beneficios sin costo.
¿Ya tiene una cuenta? Ingrese Volver a la portada
Andrés Isaza

El secreto para hacer amigos

Pareciera que nuevamente la confidencialidad es necesaria desde los primeros acercamientos entre el inversionista y el Estado.

Andrés Isaza
POR:
Andrés Isaza
febrero 23 de 2012
2012-02-23 01:38 a.m.
http://m.portafolio.co/files/opinion_author_image/uploads/2016/02/18/56c5ef72a2fc7.png

Es difícil no acordarse del escritor inglés Samuel Butler después de leer la Ley de Asociaciones Público Privadas, en particular de su frase según la cual “todo progreso está basado en el deseo universal e innato por parte de cada organismo de vivir por encima de sus posibilidades”.

Y es que el Leviatán colombiano, no obstante tener el propósito de desarrollar la infraestructura del país, parece que se había olvidado que para esto requería del concurso del sector privado.

Es por eso motivo de celebración, que se haya expedido la mencionada ley, en virtud de la cual se incentiva la vinculación de capital privado para la provisión de infraestructura al Estado, poniéndose a tono con las legislaciones de países desarrollados, incluyendo algunos europeos en donde, según el Departamento Nacional de Planeación, se estima que se cerraron entre 1994 y el 2005, Asociaciones Público Privadas por 100.000 millones de euros.

Sin embargo, esta celebración debe ser cautelosa, toda vez que la ley está todavía en proceso de reglamentación y existen algunos aspectos de la misma que los potenciales inversionistas privados podrían considerar como disuasivos para su participación. Uno de ellos la confidencialidad de los proyectos que presenten los agentes privados al Estado. Aunque la ley establece que estos presentarán los proyectos a las entidades estatales “(…) de forma confidencial y bajo reserva (…)”, esa privacidad parece estar otorgada sólo a partir del momento en el cual el agente presenta el proyecto en etapa de prefactibilidad, mas no desde cuando aquel inicia un acercamiento con la entidad estatal para conocer su interés preliminar en el mismo. ¿Existirá algún inversionista privado que comience unos estudios de prefactibilidad de un proyecto sin siquiera conocer si la entidad estatal considera que el mismo está acorde con el desarrollo de sus políticas sectoriales? ¿Y le contará su ‘idea’ sin tener de por medio un acuerdo de confidencialidad, como es costumbre en el mundo mercantil? Existen sus dudas.

Aunado a lo anterior, prohíbe la ley que se presenten iniciativas privadas en los casos “(…) para los cuales se haya adelantado su estructuración por parte de cualquier entidad estatal”, situación que será de posible conocimiento en el futuro, cuando se implemente el Registro Único de Asociación Público Privada, pero muy difícil en los primeros meses de ejecución de la ley. ¿Cómo preguntarle a una entidad estatal si ya estructuró un determinado proceso sin que esta conozca la ‘idea’ del inversionista? ¿Hay alguna entidad estatal que le garantice al inversionista que ningún otro ente público lo ha estructurado? ¿Qué sucede si la estructuración del inversionista es diferente a la de la entidad estatal, no obstante tratarse del mismo proyecto? Pareciera que nuevamente la confidencialidad es necesaria desde los primeros acercamientos entre el inversionista y el Estado.

Esperemos que este particular aspecto sea resuelto con la reglamentación de la ley, siempre siguiendo el designio del cardenal Richelieu, según el cual “el secreto es el primer paso esencial en los asuntos de Estado”, particularmente si es para hacer amigos en el sector privado.

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado