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Andrés Oppenheimer
análisis

Nicaragua y Bolivia: ¿dictaduras institucionales?

Si bien el régimen venezolano merece atención internacional y hace falta presión colectiva para restaurar el orden democrático allí, también se debería prestar atención a lo que está pasando en estos otros dos países. Ya han dejado de ser democracias híbridas, y están más cerca de ser dictaduras institucionales.

Andrés Oppenheimer
POR:
Andrés Oppenheimer
diciembre 10 de 2017
2017-12-10 07:33 p.m.
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Mientras todos observamos cómo Venezuela se ha convertido en una dictadura, se ha prestado poca atención a la desaparición en cámara lenta de la democracia en otros dos países: Nicaragua y Bolivia. Si siguen así, bien podrían estas dos naciones pasar a ser llamadas ‘dictaduras emergentes’ de América Latina.

La gradual erosión de las libertades en Nicaragua y Bolivia me vino a la mente cuando entrevistaba hace pocos días a Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense y exvicepresidente sandinista que muy merecidamente acaba de ganar el codiciado premio Cervantes de Literatura, considerado por muchos como un premio nobel del mundo de habla hispana.

Ramírez, a quien conozco desde sus días en el gobierno sandinista en la década de 1980, rompió filas con el exlíder sandinista y actual presidente Daniel Ortega a principios de los años noventa. En 1996, Ramírez se postuló para presidente como líder de un partido de izquierda democrático que fundó, y luego de perder esa elección, abandonó la vida política para dedicarse de lleno a la escritura y el periodismo.

Tras convertirse en el primer escritor centroamericano en ganar el premio Cervantes, Ramírez recibió llamadas de felicitación de todo el mundo, y la noticia fue celebrada por muchos en Nicaragua. Pero no hubo un llamado de felicitación de Ortega, ni reconocimiento alguno de su gobierno.

Cuando le pregunté a Ramírez cómo describiría políticamente a Nicaragua, respondió que “no es una democracia”. También criticó duramente al régimen de Venezuela, señalando que su presidente, Nicolás Maduro, está tratando de “despoblar el país de todos los líderes de la oposición” para quedarse con poderes absolutos.

Pero Ramírez me dijo que, desafortunadamente, “casi nadie se ocupa de lo que ocurre en Nicaragua”. Nicaragua ha celebrado recientemente elecciones municipales, en las que el régimen de Ortega ganó fraudulentamente a todos, menos 15 de los 155 municipios en juego, y no hubo protestas internacionales al respecto, dijo.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) respaldó estas elecciones municipales, a pesar de que fueron supervisadas por “un tribunal electoral sin ninguna legitimidad”, me dijo Ramírez.

Añadió que “por eso veo a la OEA como un tanto esquizofrénica: mientras tiene una crítica muy fuerte para la situación en Venezuela, en Nicaragua lo que hace es venir a dar una bendición”.

Preguntado al respecto, un alto funcionario de la OEA me señaló que “mientras las recientes elecciones municipales en Nicaragua pudieron tener deficiencias, no fueron fraudulentas”.

De cualquier manera, hay pocas dudas de que Ortega –que gobernó entre 1985 y 1990 y fue reelecto en el 2007– ha ido erosionando gradualmente la democracia en Nicaragua. Siguiendo los pasos de Venezuela, ha cooptado prácticamente todas las instituciones estatales, incluido el Tribunal Electoral, la Corte Suprema y el Congreso.

Además, el régimen izquierdista de Ortega, en una alianza tácita con el partido derechista del expresidente Arnoldo Alemán, ha inhabilitado a varios partidos de oposición.

Y gran parte de la clase empresarial de Nicaragua ha permanecido vergonzosamente callada, bajo un acuerdo no escrito por el cual Ortega permite que los empresarios hagan prácticamente lo que quieran, con tal de que no lo critiquen.

Ortega ganó una muy dudosa reelección presidencial en el 2011, en la cual tenía prohibido constitucionalmente volver a postularse. Ahora, hay una “concentración del poder en una sola mano”, me dijo Ramírez.

En Bolivia, mientras tanto, la situación es parecida. El presidente Evo Morales ocupa el cargo desde el 2006, y se está postulando para un cuarto mandato consecutivo en el 2019, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe, y de que perdió un referendo el año pasado que él mismo convocó para cambiar la Constitución y volver a postularse.

Muchos políticos de la oposición boliviana han sido expulsados o forzados al exilio, y según un decreto del 2013, Morales tiene amplios poderes para intervenir grupos independientes de la sociedad civil. Sin embargo, como en Nicaragua, pocos fuera del país están prestando atención.

Si bien la dictadura venezolana merece atención internacional y hace falta presión colectiva para restaurar el orden democrático allí, también se debería prestar atención a lo que está pasando en Nicaragua y Bolivia. Ya han dejado de ser democracias híbridas, y están más cerca de ser dictaduras institucionales.

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