Han sido frecuentes en las redes sociales las críticas vehementes a los créditos del Icetex, considerados gravosos por muchos de sus usuarios. En reconocimiento de dicho problema, la Ley 1819 de 2016 obliga al Gobierno Nacional estructurar estrategias de financiación sostenibles, ampliando la cobertura, y ordenó crear el Fondo del Servicio Integral de Educación Superior (FoSies) para asegura que el nivel de pagos esté en concordancia con el ingreso de los beneficiarios y que el pago de los créditos apoye solidariamente a futuros usuarios.
Este modelo no capitaliza los intereses, no causa intereses de mora, no afecta el historial crediticio y no requiere codeudor, de modo que si el beneficiario pierde su empleo y no percibe ingresos, las contribuciones serán suspendidas por el tiempo que se mantenga cesante y no será reportado a las centrales de riesgo, ni pagará intereses de mora. Su sostenibilidad dependerá de los pagos de los beneficiarios.
El recaudo se hará se hará a través de los sistemas de seguridad social y serán descontados por medio de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), lo cual reduce los costos administrativos de manejo de la deuda, seguimiento de deudores y control y reporte de deudores.
Se supone que este sistema mejorará la retención de estudiantes en programas de educación superior, pues está demostrado que cuando hay una fuente de recursos confiable que aporte financiamiento a los estudiantes, los índices de deserción disminuyen, aproximadamente en 35 por ciento.
El sistema incluye una contribución de las Instituciones de Educación Superior (IES) mediante una tarifa progresiva, fijada en función de los índices de deserción de los estudiantes beneficiados, según el promedio de deserción determinado por el Icetex; y es contingente al ingreso porque solo se aplica en los casos en los que las IES reciban recursos del sistema por las matrículas de los beneficiados. Además, las IES públicas podrán dar aportes en especie a través de programas de permanencia.
El programa aspira beneficiar a 10.000 estudiantes por año, con una inversión anual de 100.000 millones de pesos derivados de fondos propios del Icetex. Sin embargo, se establece la posibilidad de recibir recursos del Presupuesto General de la Nación, de entidades públicas nacionales, de compañías decentralizadas, empresas industriales y comerciales del Estado y aportes de departamentos, distritos y municipios.
Por lo anterior, este sistema mejoraría un poco las condiciones de los préstamos del Icetex, pues el modelo existente tiene el carácter de un banco convencional y ha sido objeto de numerosas críticas.
Voceros estudiantiles, en Colombia, Chile y otros países sostienen que el Estado debería asegurar el financiamiento a los estudiantes universitarios solo condicionado al buen desempeño académico y a la vinculación profesional dentro del país.